El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
España marca las normas: a partir de 2027 obligará a las empresas a emitir y recibir facturas electrónicas
La Ley Crea y Crece busca acabar con la morosidad en los comercios y proteger el control fiscal contra el fraude en España.
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La factura en papel tiene fecha de caducidad en España.
El Gobierno ha puesto en marcha una transformación que cambiará por completo la forma en la que empresas y autónomos gestionan sus cobros y pagos.
A partir de 2027, millones de negocios tendrán que adaptarse obligatoriamente a un nuevo sistema de facturación electrónica que permitirá a Hacienda controlar en tiempo real cuándo se emite, aceptan y pagan las facturas.
La medida, impulsada a través de la Ley Crea y Crece y desarrollada mediante el Real Decreto 238/2026, supone una de las mayores reformas administrativas de las últimas décadas.
El objetivo es doble: combatir la morosidad empresarial y reforzar el control fiscal frente al fraude.
La nueva normativa afectará a todas las operaciones comerciales entre empresas y autónomos con sede en España. Es decir, cualquier factura emitida entre profesionales deberá realizarse en formato electrónico estructurado.
Sin embargo, las facturas dirigidas a consumidores particulares seguirán funcionando como hasta ahora y tampoco entrarán en esta obligación las operaciones con empresas extranjeras.
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El calendario será progresivo. Las grandes compañías con una facturación superior a los ocho millones de euros estarán obligadas a operar con este sistema desde el 1 de octubre de 2027.
En el caso de las pequeñas empresas y los autónomos, la fecha se retrasa hasta el 1 de octubre de 2028.
No obstante, existe un matiz importante que muchos pequeños negocios pasan por alto. Aunque un autónomo no tenga obligación de emitir facturas electrónicas hasta 2028, sí deberá estar preparado para recibirlas un año antes.
Si trabaja con grandes proveedores tendrá que contar con un sistema capaz de procesar esos documentos desde octubre de 2027.
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La gran revolución no está únicamente en el formato digital, sino en la desaparición definitiva del PDF como factura válida entre empresas.
El nuevo modelo exigirá documentos estructurados en formatos informáticos como XML, preparados para ser leídos automáticamente por programas de gestión y no por personas.
Para ello existirán dos canales principales. Por un lado, la plataforma pública gratuita gestionada por la Agencia Tributaria, donde las facturas quedarán registradas automáticamente.
Por otro, los programas privados de contabilidad y facturación, que deberán enviar una copia exacta de cada documento a Hacienda de manera simultánea.
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El cambio más sensible llegará con el control de pagos. La normativa obligará tanto al emisor como al receptor de la factura a informar en un máximo de cuatro días naturales sobre su aceptación, rechazo o pago efectivo, incluso si este es parcial.
Con este sistema, el Ejecutivo pretende vigilar el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que obliga a pagar a proveedores en un plazo máximo de 60 días.
Las empresas que incumplan estos plazos podrán perder ayudas públicas y subvenciones.
Por ello, expertos y asesores recomiendan a autónomos y pymes comenzar cuanto antes la digitalización de sus negocios y actualizar sus programas de gestión para adaptarse a un sistema que marcará un antes y un después en la economía española.
