Entró en vigor: la nueva normativa de ascensores obliga a reformas de hasta 40.000€ a las comunidades de vecinos

La nueva normativa que regula la seguridad de los ascensores busca modernizar el parque de elevadores y reducir accidentes, no obstante, llega acompañada de un importante impacto económico para las comunidades de vecinos.

El Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 'Ascensores'. A pesar de haber sido aprobado en 2024, ha sufrido varias actualizaciones desde entonces.

Dicha instrucción obliga a miles de comunidades de propietarios a acometer reformas de seguridad que, en los edificios con sistemas más antiguos, pueden llegar a los 40.000 euros.

¿En qué consiste esto?

La ley obliga a actualizar los ascensores que no cumplan con ciertos requisitos técnicos. Así, las reformas más comunes incluyen: nivelación de la cabina, protección contra el cierre de puertas, comunicación bidireccional, control de carga y sustitución de guías.

En otras palabras, las cabinas de los ascensores deben estar niveladas a ras de suelo, deben tener barreras fotoeléctricas en lugar de una única fotocélula para evitar golpes y un sistema de comunicación en la cabina que permita comunicarse con emergencias en caso de atrapamiento.

Además de esto, también deben contar con dispositivos que eviten que el ascensor se mueva en caso de superar el máximo de peso permitido y se deben haber reemplazado las guías de madera o cilíndricas por guías de acero modernas.

De esta manera, el precio de las reformas dependerá del estado y antigüedad del ascensor. En este sentido, las reformas más leves como la comunicación bidireccional o los sensores de puertas, tendrían unos precios que pueden oscilar entre los 800 euros y 1.000 euros.

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En el caso de reformas más complejas como cambiar las guías o el sistema de tracción, el coste puede subir hasta los 16.000 euros o incluso 40.000 euros en los casos más complejos.

Estos gastos deben ser enfrentados por todos los propietarios de la comunidad de vecinos, ya que se consideran obras necesarias para la habitabilidad y seguridad del inmueble, según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.

Los propietarios deben aportar a la derrama dependiendo de su cuota de participación, a menos que los estatutos de la comunidad digan explícitamente lo contrario.

Las comunidades de vecinos no tienen que hacer los cambios de inmediato, sino que se les exigirá después de la primera inspección periódica obligatoria.

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En el caso de que dicha inspección resulte desfavorable, la comunidad tendrá plazos que oscilan entre los tres años y los diez años, dependiendo de la gravedad y el tipo de mejora, para aplicar las mejoras.

De esta manera, los propietarios en edificios con ascensores de más de 20 o 30 años es posible que tengan que enfrentarse a estas reformas con el objetivo de mejorar la seguridad y adaptarse a la normativa.