Los vendedores de Lotería en Villamanín podrían ser condenados a pagar los 4 millones que faltan del Gordo

Villamanín, un pequeño pueblo de la provincia de León, ha pasado en apenas unos días de la euforia absoluta a una crisis social y legal.

La conmoción comenzó el 22 de diciembre, cuando se descubrió que el número 79.432 había resultado agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Lo que al principio fue motivo de celebración y esperanza para sus menos de 1.000 habitantes se ha ido transformando, con el paso de los días, en un conflicto que amenaza con acabar en los tribunales.

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El origen del problema se remonta a un error de gestión de la Comisión de Fiestas local, compuesta por unos quince jóvenes de entre 18 y 25 años, que cada año vende participaciones del sorteo para financiar las fiestas del pueblo.

En esta ocasión, la comisión comercializó un total de 450 participaciones de 5 euros correspondientes al número ganador, aunque no todas contaban con el aval oficial.

Concretamente, 50 de estas participaciones carecían del respaldo de los décimos adquiridos en la administración de lotería de La Pola de Gordón, lo que generó un desfase en la gestión de los premios.

Este error ha provocado un agujero de aproximadamente 4 millones de euros en premios que, legalmente, no pueden ser cobrados, ya que no existe ningún décimo válido detrás de esas participaciones extras.

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En condiciones normales, cada participación correspondería a cerca de 80.000 euros de premio, por lo que la existencia de las 50 papeletas sin cobertura desató de inmediato la incertidumbre entre los supuestos ganadores.

Esta situación llevó a la celebración de una tensa reunión en el Hogar del Pensionista de Villamanín, a la que asistieron más de 200 personas entre premiados y vecinos, todos en busca de respuestas y soluciones.

Tras horas de debate, la comisión propuso un acuerdo: renunciar a sus propios premios y detraer alrededor de un 10% de cada participación agraciada, de manera que la masa total de dinero disponible permitiera satisfacer a todos los compradores y reducir el déficit.

Sin embargo, el pacto no ha sido bien recibido por todos: muchos consideran que el recorte es injusto, que hubo falta de transparencia y que la comisión debería asumir plenamente la responsabilidad por el error.

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Algunos vecinos ya han anunciado, de manera anónima en varios medios de comunicación, su intención de acudir a los tribunales para reclamar el pago íntegro de sus premios o incluso responsabilizar civilmente a los organizadores por la emisión de participaciones no válidas.

Según varios juristas, aunque solo uno de los ganadores decidiera denunciar, el juez podría obligar a los integrantes de la comisión a abonar los 4 millones de euros pendientes, lo que supondría una carga económica directa para los jóvenes organizadores.

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La fecha límite para cobrar los premios del sorteo es el 22 de marzo de 2026, un plazo que añade presión tanto al debate comunitario como al posible desenlace judicial.

En definitiva, lo que comenzó como una noticia feliz se ha convertido en un conflicto que divide a todo un pueblo y pone en cuestión las responsabilidades legales de quienes gestionan sorteos colectivos en pequeñas comunidades.