Si vas a alquilar un piso, ten en cuenta esto: cambian las condiciones con la inmobiliaria

La entrada del 2024 trae consigo una serie de novedades legislativas que afectan a la mayoría de españoles que están de alquiler o que están ofreciendo dicho servicio. Los honorarios o tarifas que cobran las inmobiliarias por la gestión de los alquileres ya no las tendrán que pagar los inquilinos, sino los propietarios. Este es uno de los cambios que ha arrojado la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cambios propiciados con el fin de regular un sector que se ha disparado en los últimos años, provocando problemas de acceso y asequibilidad para muchos ciudadanos.

Alquilar una vivienda se ha convertido en algunas ciudades de España en algo imposible. Los precios llevan tiempo disparados y ante una situación que no parece cambiar, esta ley entra en vigor este mes de enero de 2024 con el objetivo, entre otros, de regular de una vez los precios del alquiler.

En primer lugar, y uno de los cambios más esperados por la mayoría de arrendatarios es que, los propietarios tendrán que pagar los gastos de gestión de la inmobiliaria, en caso de que exista este intermediario, así como los honorarios correspondientes a la formalización del contrato. De esta forma, se pretende reducir la carga económica que supone el acceso a una vivienda en alquiler.

Dos jóvenes miran anuncios en una inmobiliaria.

Hasta ahora, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no definía quién debía asumir la comisión de agencia y la mayoría de propietarios cargaban con este gasto a los inquilinos. Sin embargo, la Ley de Vivienda acaba con esta libertad de elección y determina que es el propietario quien debe correr con este gasto. En concreto, el texto dice lo siguiente: "Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador". Con esta nueva medida se pone fin a los elevados gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a la juventud, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone.

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Asimismo, los propietarios tendrán que hacerse cargo de las obras de conservación del inmueble, salvo que se pacte lo contrario en el contrato. También tendrán que realizar las obras de mejora que sean necesarias para garantizar la habitabilidad y la eficiencia energética de la vivienda, siempre que no supongan un incremento superior al 10% del alquiler.

Dicha ley además tiene unos objetivos como aumentar la oferta de vivienda social, incentivando la cesión de inmuebles vacíos a entidades públicas o sociales. También, pretende proteger a los inquilinos vulnerables, mejorando la comunicación entre los órganos judiciales y los servicios sociales, ampliando los plazos de suspensión de los desahucios y exigiendo un procedimiento de conciliación o intermediación a los grandes tenedores de vivienda.

Precios del alquiler

En lo que respecta al precio del alquiler también hay novedades. A partir de este 2024, el propietario ya no va a poder subir el coste del inmueble en función del IPC como hasta hace poco. Ahora deberá hacerlo a partir del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Este es un indicador que mide la evolución de los precios en la zona euro y que suele ser inferior al IPC. Esto significa que las subidas anuales del alquiler serán menores que las que se aplicaban hasta ahora. Actualmente está limitada a un máximo del 2% como una medida extraordinaria.

Por otro lado, el precio del alquiler deberá constar en el registro de contratos de arrendamiento que se creará a nivel estatal, con el fin de garantizar la transparencia y el control del mercado. El incumplimiento de esta obligación podrá acarrear sanciones administrativas.

En este sentido, los inquilinos son los principales beneficiarios de la nueva Ley de Vivienda, que les ofrece una mayor protección y seguridad en el mercado del alquiler. De hecho, entre otras modificaciones, estos podrán disfrutar de una estabilidad ya que podrán acceder a una mayor oferta de vivienda social.