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Los 266 casos de nepotismo en 25 años en los ayuntamientos y diputaciones: "El español medio tolera bien el enchufismo"
La mayoría de los casos de este tipo de corrupción ocurre en los municipios, incluye los amaños en oposiciones a policía local, es mejor tolerada por los españoles que la malversación o el soborno y salpica a todos los partidos políticos.
La palabra nepotismo deriva del latín nepos (sobrino) y se acuñó por la vieja costumbre de los papas de colocar como cardenales a sus hijos naturales, a los que llamaban 'sobrinos'.
Su interpretación es, actualmente, enchufar a familiares, afines o amigos en empleos, cargos o adjudicarles privilegios. En la práctica, hoy, la palabra nepotismo implica corrupción cuando se habla de las administraciones públicas.
Sobre corrupción, actualmente solo hay tres estudios exhaustivos en España. Uno, una amplísima tesis, con carácter cuantitativo, publicada en 2022 por José Abreu, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El otro es un trabajo de fin de grado, de 2025, sobre la percepción y tolerancia de la corrupción en España. Lo elaboró Ramón Soler, doble grado de ADE y Relaciones Laborales en la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria.
El documento advierte de que el nivel de tolerancia de los españoles ante la corrupción es mayor que el que había hace una década. El tercero es un estudio comparativo sobre corrupción entre España y Portugal.
El estudio de la Universidad de Las Palmas recoge todos los casos que salieron a la luz entre el año 2000 y el año 2020, con un pequeño apartado dedicado a los casos -judicializados- de enchufismo.
De ellos, entre el año 2000 y 2020 se produjeron 246 de enchufismo, de todos los partidos y con condena: el 6,6% de la totalidad de causas judiciales corruptas abiertas en toda España. De ellas, el 16% fueron amaños de concursos públicos para favorecer a familiares o afines de un partido político.
También recogió que el 85% de los casos de corrupción ocurren a un nivel municipal, incluyendo los casos de nepotismo. De los más recordados, el de la Diputación de Orense (PP), con condenas que datan del año 2014, o el de Arona (Tenerife), bajo el manto de Coalición Canaria.
El enchufismo, el nepotismo y el uso clientelar del poder público forman ya un mapa denso que atraviesa ayuntamientos, diputaciones, fundaciones regionales o cuerpos policiales. Al margen de los estudios antes citados, no existe una base de datos oficial, pero sí es posible trazar un mapa geográfico con los casos.
De 2020 a 2025, EL ESPAÑOL ha recopilado muchísimos más, algunos incluso más graves que el anterior por el número de 'enchufados'.
Sobre el caso orensano, los jueces describieron a esta administración supramunicipal, bajo el mandato de José Luis Baltar (PP) como una "fábrica de enchufes". Fue condenado por un delito continuado de prevaricación al probarse que en 2010 concedió 104 contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia.
A las condenas firmes por prevaricación y redes de “enchufes” se suman macrocausas abiertas por amaños de oposiciones, por ejemplo, para acceder a la Policía Local; casos recientes como el “caso Palacete” de Getxo, los enchufes del Ayuntamiento de Benidorm o el “caso Mascarillas” de la Diputación de Almería.
En todos ellos las relaciones familiares son una pieza central.
Reseñables son los casos acaecidos en la Sierra de Cádiz, donde se concentran algunos de los ejemplos más recientes y claros de enchufismo municipal con condena.
Entre ellos, destaca el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, conocido ya como 'el de los enchufes', al acumular dos casos con condenas y otro más en fase de instrucción.
En 2025 la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al exalcalde de PP–AiPro, José Luis Núñez, por un delito continuado de prevaricación al encadenar, entre 2011 y 2015, más de 150 contratos a 24 personas sin proceso selectivo.
Todos eran cuñados, hijos, tíos y compañeros de los dos partidos de coalición, que accedieron a puestos de trabajo seleccionados a dedo y sin control.
A ello se suma una pieza separada en la que se consideró probado que se contrató a la hija del interventor municipal a cambio de que mejorara los informes de control económico, lo que derivó en condenas por cohecho y prevaricación entre los años 2019 y 2022.
Lejos de aprender, en septiembre de 2025 el juzgado abrió un nuevo proceso penal, en esta ocasión contra la concejala María José González Peña (PSOE), partido que gobierna actualmente el municipio, por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.
Se la investiga por amañar, presuntamente, una plaza de funcionaria interina para una vecina a cambio del voto de toda su familia en las elecciones de 2019. Incluso salieron a la luz audios donde, supuestamente, se indicaba cómo manipular el proceso de selección y diseñar la plaza a medida.
También se investiga al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), y a la secretaria municipal, por presuntas irregularidades a la hora de adjudicar una plaza de funcionario en el Área de Deportes.
La plaza se asignó a la pareja de la secretaria del consistorio, con la presunta connivencia del regidor. El Ministerio Fiscal acusa al alcalde de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.
La cadena de casos continúa. En Alcalá del Valle (Cádiz), gobernada por IU, la Sección 8.ª de la Audiencia de Cádiz dictó sentencia el 2 de diciembre de 2020 condenando a la alcaldesa, Dolores Caballero, por prevaricación en 128 contratos temporales de 2015 realizados sin procedimiento competitivo.
En Puerto Serrano, también con Izquierda Unida, la misma Sección condenó el 31 de enero de 2022 al exalcalde, Pedro Ruiz, a siete años de inhabilitación por una cascada de contratos laborales eventuales “a dedo” entre 2007 y 2011.
En 2015 ya había sido condenado por prevaricación por adjudicar, entre 2007 y 2011, contratos para la compra de exornos florales y artículos de papelería a la tienda de su mujer.
Cambiando de provincia, pero no de partido, la Audiencia de Málaga condenó en agosto de 2022 a la exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), por una trama de 749 contratos a dedo durante su mandato, entre los años 2007 y 2013.
El caso de nepotismo, por el número de 'enchufados', pulverizó al de la Diputación de Orense.
La exalcaldesa de Manilva, en una imagen de archivo.
Los jueces, en su sentencia calificaron el modus operandi de Antonia Muñoz como un ejemplo "extremo" de clientelismo. El Tribunal Supremo rechazó en septiembre de 2025 su recurso, aunque rebajó de 9 años a 6 años y 4 meses la inhabilitación para empleo o cargo público.
El marco
Ramón Soler indica que, para su TFG, examinó los casos españoles "dentro de un espacio temporal, para ver su evolución", Concluyó con que en los últimos años, "la tolerancia hacia la corrupción en España ha aumentado. Somos conscientes de ella, pero no del peso que acarrea y de la lacra que produce al sistema de valores que tenemos como sociedad".
Juan Luis Jiménez González, profesor y doctor en Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue quien dirigió la tesis que es, hasta la fecha, el mayor trabajo documental realizado en España a este respecto, al abarcar 20 años, hasta el año 2020.
"Supuso mucho trabajo. En principio se planificó en seis meses para recuperar datos, porque no existía ninguna base al respecto. Al final fueron dos años solo para recopilar datos. Y sin financiación", detalla a EL ESPAÑOL.
Donde encontraron más casos fue en Andalucía: el 30% de las causas abiertas por corrupción. Le siguen Valencia y Galicia. El grueso de los casos -un 85%- se produce en ayuntamientos y diputaciones.
La Faffe y la confianza
Pero hay excepciones. A escala autonómica, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía en su etapa socialista concentra uno de los mayores entramados de enchufismo estructural.
Constituida en 2003 y disuelta en 2011, su legado penal se prolonga hasta 2025: el 29 de abril de ese año la Audiencia de Sevilla dictó la primera gran sentencia, condenando a los exdirectivos Fernando Villén y Antonio Torres por utilizar la entidad para contrataciones irregulares y desvíos de fondos.
![El exdirector de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres en el banquillo de los acusados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/09\/27\/sevilla\/889171919_249562173_320x180.jpg"])
Un auto de 3 de febrero de 2025 reactivó la macrocausa, imputando a 21 personas por 84 contrataciones sospechosas efectuadas entre 2006‑2011 y destapando un patrón de colocación de amigas, sobrinas, paisanas, cuñados y esposas de cargos socialistas y sindicalistas sin respetar mérito y capacidad.
En este contexto se sitúa el caso del exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres. Es el primer condenado por esta red de enchufismo. Entre 2003 y 2011 cobró unos 360.000 euros sin trabajar a través de la Faffe, utilizando un ente público como fuente de renta personal.
El exalcalde de Lebrija Antonio Torres y el exdirector de la Faffe, Fernando Villén durante el juicio.
La sentencia, difundida el 29 de abril de 2025 no sólo castiga su situación particular, sino que refuerza la idea de que la Faffe funcionó como una red clientelar que consolidó a decenas de afines dentro de la administración autonómica.
En el plano municipal, los casos oscilan entre la condena penal y el reproche ético. En Móstoles, gobernada por el PSOE, el escándalo estalló en otoño de 2019 cuando se supo que la alcaldesa, Noelia Posse había nombrado a su hermana para un puesto de confianza bien remunerado.
También le había otorgado un plus salarial a su tío, que era funcionario, y mejorado la situación laboral de su ex pareja, otorgándole 800 euros mensuales al mes adicionales a su sueldo.
Entre finales de 2019 y 2020, el PSOE la suspendió de militancia 9 meses y se revocaron algunos nombramientos.
El caso no generó responsabilidad penal, ilustrando la zona gris en la que el abuso de la discrecionalidad política para nombrar cargos de libre designación a familiares es reprochable éticamente. ¿Nepotismo? Sí. Pero no es delito.
Más ayuntamientos
Vigo aporta un ejemplo de enchufismo con condena firme: el llamado 'Caso cuñada'. La cuñada es la de Carmela Silva (PSOE), actual presidenta del PSOE gallego y senadora.
La Audiencia de Pontevedra condenó el 12 de febrero de 2019 a un alto funcionario del Concello de Vigo y al responsable de una concesionaria a 5 años y 3 meses de prisión y 9 de inhabilitación por pagar más de 100.000 euros a la cuñada de Silva por realizar trabajos ficticios entre 2010 y 2012. Los hechos se produjeron cuando ésta era presidenta de la Diputación.
Carmela Silva, como presidenta de la Diputación de Pontevedra, en 2021.
El Supremo confirmó la pena en 2021 y el ingreso en prisión se ordenó en julio de 2023. Aunque Silva no fue procesada, la sentencia acredita la existencia de un plan para “enchufar” a su familiar utilizando recursos públicos.
En la Comunidad Valenciana, en 29 de marzo de 2019 Antifraude denunció enchufismo y opacidad en la contratación de personal ligado al Consell y al entorno del alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís).
Entre 2020 y 2021 tumbó una plaza de funcionario municipal al considerarla que se había convocado y adjudicado “a medida” para una persona afín, obligando al ayuntamiento a rehacer el proceso.
También hay caso en el Ayuntamiento de Benidorm: en noviembre de 2025 tuvo lugar el juicio por el que se procesó a ocho acusados entre exconcejales socialistas, sindicalistas de UGT y CCOO y técnicos municipales. El caso está pendiente de sentencia.
Los 8 investigados están acusados de enchufar a 43 personas, además de pagarles plises salariales de manera irregular. La Fiscalía estimó que la cantidad defraudada ascendió 4,5 millones de euros.
Los beneficiarios eran familiares, afines al PSOE o a los sindicatos. Se les empleó en servicios municipales como Deportes o Playas.
Policías locales y oposiciones
En los últimos años, las oposiciones a policía local han emergido como uno de los terrenos más sensibles para el enchufismo.
Desde 2022 un juzgado investiga a la cúpula de la Policía Local de Valencia por presunta manipulación de procesos para plazas de comisario jefe y otros mandos, con diligencias abiertas desde octubre de 2024 por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias
En Granada, en 2025 una macrocausa iniciada por la UDEF investiga a 43 personas, incluidos mandos y agentes, por el presunto amaño de oposiciones de 2019 y 2022.
Un agente de la Policía Local de Granada, en una imagen de archivo.
Los autos judiciales e informes policiales hechos públicos el 5 y el 7 de noviembre de 2025 describen la trama como un “grupo criminal” que habría filtrado exámenes y manipulado psicotécnicos y entrevistas para garantizar plazas a hijos y allegados de policías locales, creando una lista de al menos 23 agentes presuntamente 'enchufados'.
El hermanísimo
El caso de David Sánchez Pérez‑Castejón, hermano del presidente de Gobierno, ha trasladado el debate sobre el enchufismo al primer plano de la política estatal.
También le ha costado la carrera política a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, secretario general del PSOE extremeño y hoy dimitido de todos sus cargos.
La historia arranca el 4 de noviembre de 2016, cuando el pleno de la Diputación de Badajoz aprobó crear un puesto de 'coordinador de los conservatorios' convocado el 19 de mayo de 2017 como plaza de alta dirección.
A la plaza concurre David Sánchez, con nombre artístico 'David Azagra'. La gana el 3 de julio de 2017, semanas después de que su hermano, Pedro Sánchez recuperara la secretaría general del PSOE, el 18 de junio.
Entre 2017 y 2024, con una baja por paternidad y un año de excedencia de por medio, el hermano de Pedro Sánchez cobró unos 273.000 euros brutos por este puesto.
La plaza fue reconvertida después en dirección de la Oficina de Artes Escénicas, mediante un cambio de nombre, que eliminó una cláusula de incompatibilidad.
A raíz de una denuncia de Manos Limpias, el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz abrió diligencias. En dos autos dictados a finales de 2024 y febrero de 2025, la jueza instructora, Beatriz Biedma sostuvo que “todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez”, y que el proceso selectivo fue puramente aparente.
Entre los indicios se tuvo en cuenta que los directores de los conservatorios negaron haber solicitado ese puesto de coordinador, no se nombró sustituto durante sus ausencias y sus funciones reales se habrían limitado a un único proyecto, el de la 'Ópera Joven'.
![Fragmento de un informe de la UCO sobre la contratación del hermano de Sánchez por la Diputación de Badajoz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/11\/27\/espana\/tribunales\/904420647_251245666_320x180.jpg"])
En febrero de 2025 David Sánchez renunció a su puesto, pero la instrucción siguió adelante. En enero de este año, además de la dimisión de todos los cargos de Miguel Ángel Gallardo, investigado, la Audiencia de Badajoz ha permitió que las acusaciones populares actuaran por separado, acercando el asunto al juicio oral. Está previsto para mayo de este año.
Parejas y familia
El abuso del poder local no se limita al empleo público. En Getxo (Bizkaia), gobernado por el PNV en coalición con el PSE‑EE en la legislatura 2023‑2027, el llamado 'caso Palacete' estalló tras el derribo, en agosto de 2024, del edificio protegido Irurak Bat en el barrio de Andra Mari.
El edificio se derribó para construir 12 viviendas de lujo. Pese a las denuncias vecinales y la protección urbanística del inmueble, el Ayuntamiento impuso una sanción de sólo 50.000 euros a la promotora.
La investigación judicial ha puesto ahora el foco en dos concejales del PNV, Ignacio y Edurne Uriarte, que son, a la sazón, pareja sentimental.
Los dos formaban parte de la junta de Gobierno Local donde se aprobó todo el expediente administrativo, incluyendo la licencia de obras de construcción. También eran parte de la cooperativa promotora de las viviendas de lujo a construir tras el derribo.
Los concejales de Getxo (PNV), Irantzu Uriarte e Ignacio Uriarte. Ayto de Getxo
El 13 de enero de 2026, la Ertzaintza registró el Ayuntamiento por orden del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Getxo para recabar documentación sobre el derribo y la tramitación de la promoción. La causa analiza posibles delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio y conflicto de intereses.
Aunque no es un caso de enchufismo laboral, el “caso Palacete” comparte con las tramas de empleo público la lógica de utilizar la institución municipal para favorecer negocios propios o de círculos próximos.
En Almería, el “caso Mascarillas” de la Diputación provincial, gobernada por el PP, es otro ejemplo de cómo los contratos de emergencia durante la pandemia pueden cruzarse con redes familiares.
El 8 de abril de 2020 la Diputación adjudicó de urgencia un contrato de unos 2,03 millones de euros a Azor Corporate Ibérica para mascarillas, guantes y EPIs. La investigación de la UCO ha revelado supuestas comisiones, grandes cantidades de efectivo y un entramado de obras y servicios públicos vinculados a empresas familiares.
En junio de 2021 la Guardia Civil halló casi 150.000 euros en efectivo en sobres en el domicilio del padre del exvicepresidente provincial, Óscar Liria y sorprendió al hijo del alcalde de Fines sacando 119.945 euros en metálico.
Eso les llevó a rastrear sociedades y otras comunidades de bienes, ligadas a parientes de cargos del PP, que habrían obtenido contratos de cementerios, parques y saneamientos municipales.
A finales de 2025, la causa quedó definitivamente en manos del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Almería, con al menos diez investigados, entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación, el hijo del alcalde de Fines y otros familiares de responsables provinciales.
En las sentencias ya firmes, los tribunales coinciden en subrayar que el enchufismo no es sólo una inmoralidad política, sino una desviación de poder que puede integrar delitos de prevaricación, cohecho o malversación cuando se demuestra que los criterios reales de contratación o nombramiento son la afinidad personal o el interés de partido.
Ramón Soler, autor del trabajo sobre la tolerancia de los españoles ante los casos de corrupción, indica que hay un dato muy significativo.
"A mayor nivel socioeconómico o educativo, podría pensarse que se van a categorizar como menos tolerantes hacia la corrupción. Es al contrario: a mayor nivel, se justifica más, porque la percepción depende mucho de la situación financiera de las personas"
Es decir, que a mayor nivel económico "menos prioridad, porque las cosas a nivel individual le funcionan".
Además, alude a un estudio comparativo sobre las percepciones de la corrupción entre España y Portugal, elaborado entre las Universidades de Murcia, Almería y Lisboa. En él, los españoles, en una escala de 6 a 10, sitúan el nepotismo, como corrupción, en un 8,5.
"Lo consideran menos grave que las puertas giratorias (8,85), la malversación (9,13), el abuso de poder (9,39) o el soborno (9,52)".
