Los Pérez alquilaron su chalé para costear el tratamiento de su hija y unos 'inquiokupas' no les pagan: "La ley debe cambiar"

Los Pérez Verdejo se mudaron a Ibi (Alicante) y alquilaron su chalé en Solsona (Lérida) en agosto a un matrimonio, ambos con nómina, con sus dos hijos pequeños.

Un mes después de entregar las llaves su hija Marta se fue al gimnasio, se tomó un batido de proteínas y muy pronto se dio cuenta de que tenía trazas de pistacho, al que era alérgica. Le dio un shock anafiláctico y dejó de respirar.

Las secuelas de aquella hipoxia continúan 3 años después y conllevan un tratamiento muy costoso que desde hace un año y cuatro meses lo están pagando a base de privaciones: aquel matrimonio, aseguran, no les paga el alquiler desde hace 1 año y tres meses.

Su chalé lo alquilaron por 550 euros mensuales, una cifra que saben que es baja y en la que va incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles y los suministros "como el alcantarillado, la basura, el seguro y la comunidad", explica María Verdejo, la madre de Marta.

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"Nos contactaron ellos cuando nos mudamos a Alicante, donde nos fuimos por trabajo y para hacer un cambio de vida. Aquí estamos de alquiler y pagamos mucho más. Nos lo pidieron por favor, eran del pueblo, y nos acreditaron su solvencia económica para alquilarla", abunda.

La familia calcula que les deben ya "unos 10.000 euros". El problema es "que no pagan desde el 6 de agosto de 2024 porque no quieren".

El matrimonio tiene otros dos hijos: uno menor, que estudia, y uno mayor, que está opositando. Los únicos ingresos que entran en casa son los de Juan, su marido. Porque María, tras aquel fatídico día de septiembre, acabó dejando de trabajar para cuidar de Marta.

El tratamiento de su hija es costoso. La han llevado a México en dos ocasiones y cada vez que la llevan a Barcelona son 6.000 euros.

Cada hora de terapia en Alicante capital son 70 euros, y para poder llevarla, tuvieron que adquirir un coche "porque los desplazamientos eran de 200 euros semanales". Su hija, al estar en silla de ruedas, necesitaba de un coche amplio.

Pregunta.- ¿Cómo se encuentra Marta?

Respuesta.- Va avanzando. De morirse pasó a estar en coma, luego a un estado de vigilia y ahora tiene una mínima conciencia. Está batallando mucho, y por eso tenemos que aprovechar al máximo las terapias.

Juan, el padre, con su hija Marta, en una de las sesiones de rehabilitación. Cedida

En su anterior vecindario, además, están indignados con la situación y se lo trasmiten a los Pérez. "El padre trabaja de conductor de autobuses y además cobra una paga. Ella trabaja como operaria en una fábrica".

El tren de vida

En este tiempo "se han comprado un coche, se han comprado un piso que han alquilado y alardean de viajes en sus redes sociales. Que han privatizado en estos días, por cierto. Las han puesto privadas para que nadie vea lo que hacen", ilustra María.

Desde el despacho de abogados Preico Jurídicos, que lleva el caso de la familia Pérez Verdejo, indican a EL ESPAÑOL que se trata de "un caso sangrante" y que el matrimonio de inquilinos "no pagan por falta de solvencia, sino porque no quieren".

Y además, "actúan con mala fe procesal, porque en este lunes han consignado en el juzgado el pago de unos cinco mil euros para frenar el procedimiento judicial del desahucio. Están asesorados". La demanda contra ellos se interpuso hace más de un año.

Al primer mes de impago, los López Verdejo les requirieron por mensaje "y lo que le contestó por escrito era que no pagaba. Lo tenemos todo guardado".

P.- Pero, ¿por qué?

R.- Nos abrieron una carta que publicó en sus redes sociales, algo que también tengo denunciado, donde nos notificaban un retraso en el pago de la hipoteca. Y se agarraron a eso.

"Nos abrieron la correspondencia. Dicen que lo que subieron es una nota del registro de la propiedad. Yo lo que digo es que lo enseñe".

La casa "no está embargada ni nada. Y aunque lo estuviera, que no es el caso, no tiene nada que ver para que no paguen el alquiler. Cada uno debe cumplir con su contrato", explica indignado el matrimonio a EL ESPAÑOL.

El chalé de Solsona, en una imagen cedida por los Pérez Verdejo.

Los dos certifican que están pasando apuros económicos con la rehabilitación de Marta y por el impago del alquiler del que han sido víctimas, indican.

Por su parte, el matrimonio de inquilinos ha declarado en el programa En Boca de Todos que no pagan por este motivo y añaden que tampoco lo hacen porque les requirieron a los Pérez Verdejo que les arreglaran un atasco y no lo hicieron.

Roser, la mujer, no acredita que se lo dijera por escrito. Primero dijo que el requerimiento fue hace tres años y que los mensajes fueron borrados. Luego reconoció que "es mi palabra contra la de ellos". Los padres de Marta lo niegan todo tajantemente.

De ahí viene la explicación que la cantidad que han depositado en el juzgado para parar el proceso de desahucio sean solo 5.200 euros, pues han decidido no abonar ni el alcantarillado, ni la basura, ni la comunidad ni el IBI, pese a estar en el contrato.

Juan, el padre, comenta que "si esta familia estuviera en una situación mala, pues lo entenderíamos. Está feo que lo digamos, pero nosotros siempre hemos ayudado a los demás".

Uno de sus oficios "es el de albañil", indica, "y si me ha venido una señora mayor, con una pensión baja, diciéndome que necesita arreglar el baño, le digo que compre los materiales y que se lo hago sin cobrarle".

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Por ello, indica, "si ellos estuvieran en esa situación, lo entenderíamos perfectamente. Pero es no es el caso, y encima de que no pagan, reiteran que no se van a ir hasta que no se les acabe el contrato, hasta 2027".

María ultima que "dentro de todo este circo, no entiendo cómo hay quienes niegan que la inquiokupación no existe. Nosotros la estamos sufriendo".

El procedimiento de desahucio por impago, que según la ley debería resolverse en tres meses, lleva más de quince. "Hay que mandarles un mensaje a los políticos: la ley debe cambiar".