Las incógnitas de la muerte del discapacitado Valentín estando en custodia policial: ¿"Cadena de negligencias" o sobredosis?

"Es un caso de lo más inusual. Ya no es que muera una persona en un calabozo, es que muera un chaval con discapacidad psíquica del 66% y de una parada cardiorrespiratoria". Valentín Palermo sólo tenía 29 años.

Aparentemente, "era un joven inofensivo, muy tranquilo, jamás violento ni agresivo y, además, muy conocido en la zona tanto por las autoridades como por todos los servicios de sanidad que se le puedan ocurrir", narra a EL ESPAÑOL su padrastro, Daniel Ropero.

Sin embargo, sus últimas horas de vida transcurrieron, como si de un delincuente se tratase, en un calabozo de la Guardia Civil del municipio de Jávea (Alicante).

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Eran las diez y cuarto de la noche del 25 de septiembre, día en el que sucedieron los hechos, y Valentín se dirigió hacia el hotel Villa Naranjos con la intención de "entregar un paquete". Ni siquiera sabía a quién se lo tenía que entregar. Simplemente, sabía que tenía que hacerlo.

"Era algo habitual. Los grupos de aquí de la zona, que son bastante mafiosos con el tema de las drogas, le usaban como una especie de correveidile para entregar sus paquetes. Abusaban de él en todos los sentidos. A veces hasta le daban para que consumiera y él, con un grado de dependencia 1, tampoco podía controlarse y ya tenía incluso una adicción", relata Ropero.

Tanto él como su pareja, Ana Campo, madre de la víctima, no entendieron nunca eso de "ir a hacer una entrega" pero, a pesar de sus intentos, Valentín siempre las acababa haciendo. Pero en esta ocasión, la reacción asustadiza por parte de la recepcionista del hotel truncó sus planes. Y aquí comienza lo que ambos definen como "una cadena de negligencias".

Daniel Ropero junto a Valentín. Cedida

"Al parecer, a la llamada de la mujer que se encontraba en el mostrador, acudió la policía local. A su llegada, comienzan a registrar a Valentín, al que le encuentran tres bolsitas de nailon con un polvo blanco dentro. Se las intentan requisar y, en ese momento, cuentan en el atestado que hay un forcejeo. Por tanto, deciden llevarlo ante la Guardia Civil" explica el hombre, que lleva en la vida de Valentín desde que este tenía apenas cinco años y al cual consideraba su hijo.

El traslado se vuelve algo convulso por el estado nervioso y agitado que presentaba Valentín, por lo que deciden pasar primero por el ambulatorio para que le inyecten "un tranquilizante, diazepam o algo similar, estamos a la espera de saber exactamente qué fue", apunta Ropero.

Por supuesto, todo ello "sin tener en cuenta el historial médico de Valentín, que ya tomaba una medicación". Ese cóctel fue, aparentemente, mortal, ya que, apenas cuatro horas después, Valentín fallecía entre los barrotes de su celda, en la comandancia de la Guardia Civil de Jávea.

"Imagínese, a las dos y cuarto de la mañana se lo llevan engrilletado y lo tienen cuatro horas en un calabozo hasta que acaba muriendo a las seis de la mañana. Nuestro hijo fallece pidiendo auxilio y demandando agua sin que nadie hiciera nada", sentencia el hombre.

Ahora, ambos progenitores encabezan una denuncia contra la Policía Local, la Sanidad Pública, la Guardia Civil y la Generalitat Valenciana, por lo que consideran "fallos importantísimos en la cadena de custodia".

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL apuntan a que el joven se encontraría presuntamente "bajo los efectos de alguna sustancia" que podría haber sido la causante del fallecimiento.

Por lo pronto, el caso está judicializado, y el Juzgado N.º 2 de Denia señala que "en estos momentos y con los datos que obran en la causa (...) no se aprecia la comisión de ninguna infracción penal en la muerte del joven".

Un caso "insólito"

Para llevar la defensa, la familia ha optado por Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de Criminología de Madrid. En una conversación telefónica con este medio, la letrada señala que, a fecha de 20 de octubre, ha presentado un "inscrito pidiendo diligencias en el juzgado por cosas que no vienen o no están aportadas".

Se refiere, en parte, a unas grabaciones extraídas de la propia comandancia de la Guardia Civil de las que "faltan minutos". Sin embargo, asegura que hay "una serie de diligencias" que no están, "pero que no voy a adelantar a la prensa".

Ahora mismo, se encuentra entonces "a la espera de obtener el puzle al completo" y asegura que "sería precipitado y nada ético" apuntar hacia una "mala actuación".

Valentín tenía 29 años y una discapacidad psíquica del 66%. Cedida

"El interés que nos mueve es saber qué fue exactamente lo que provocó la muerte de Valentín, porque se dice que fue un fallo cardiorrespiratorio, pero ¿provocado por qué? Porque, con 29 años, no tiene mucho sentido", apunta Balfagón.

Sin embargo, sí resalta el caso como un "insólito", ya que "no es nada habitual que una persona muera en un calabozo". Pero, además, "llama la atención que no se tuviera en cuenta la situación de discapacidad de Valentín".

"Hay muchísimos protocolos sobre cómo atender a una persona con discapacidad. Hace poco se aprobó una norma para que las personas con discapacidad intelectual tuvieran un mediador a la hora de tener una actuación judicial porque muchas veces no entienden lo que se les está explicando. ¿Por qué no se avisó a sus padres? No se les llama hasta que Valentín fallece", afirma.

Mientras tanto, la familia también cuestiona que no recibieran el cadáver "hasta cinco días después". "Y, cuando lo vemos, está completamente amoratado, con toda la cabeza golpeada, producto de, según la policía, las convulsiones que sufrió. Valentín se daba contra los barrotes y el suelo porque no le ayudaban", señala el padre.

Además, asegura que "cuando Valentín empieza a gritar, la policía llama a los médicos, pero estos acuden en un coche particular, porque no había ambulancia, sin ningún elemento para asistirlo, y entonces lo único que pueden hacer es constatar su muerte".

Valentín debía estar ingresado

Pero antes de llegar a esto, un juez ya había avisado. "Valentín debía estar ingresado en un centro psiquiátrico o de contención, y tenemos autos de jueces ordenando que lo ingresaran por su propia seguridad y la de los demás", asegura Ropero. "Pero se nos negó de manera sistemática".

"Llevamos doce años intentando que esto suceda, pero nos decían que no había sitio. La única manera era costear un centro privado donde nos pedían 5.500 euros al mes, cosa que nosotros no nos podíamos permitir porque somos una familia de currantes de clase media", se lamenta.

Y, para más inri, "Valentín tenía derecho a una prestación de unos 400 euros, pero nunca le dieron ni un euro. Aquí todos lo conocían, hasta la Policía Local, y estos le preguntaban '¿cómo vas, necesitas algo?', y él siempre les pedía trabajo a los agentes".

Por ello, la familia quiere cuestionar todas a todas las partes implicadas, y se enfrentan hasta a cuatro entidades oficiales: "No es una cuestión de dinero, sino de justicia. Valentín quería curarse, pero nunca le han dejado".