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"A Sánchez le da igual, no paga él": inversores israelís amenazan con irse y con demandas de millones por los contratos rotos

La anulación de Defensa de contratos, el boicot a la Vuelta Ciclista o las condenas a universidades por romper sus acuerdos de investigación con otras israelíes hacen que el clima de tensión provoque que inversores y fondos de este país ya se replanteen sus negocios en España.

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Luego de un mes de septiembre con Pedro Sánchez y una agenda política marcadamente internacional donde sus declaraciones públicas han versado sobre el conflicto palestino-israelí, esta semana se ha aprobado en el Consejo de Ministros el veto a material bélico procedente de Israel.

¿Ha sido la última medida de Sánchez? En absoluto. Ha sido ordenar que el Buque de Acción Marítima Furor acompañe a la Global Summud hasta Gaza para romper el bloqueo impuesto por Netanyahu y entregar ayuda humanitaria.

Y en paralelo, el Ministerio de Defensa ha procedido a anular una decena de contratos en vigor con empresas israelíes por un valor de más de 1.200 millones de euros.

El denominado Real Decreto Ley de Medidas Urgentes contra el Genocidio en Gaza y de Apoyo a la Población Palestina deberá ser refrendado en el Congreso en unas semanas.

De aprobarse, no sólo consolida el embargo total de armas a Israel. También prohíbe las exportaciones con destino a ese país y las importaciones en origen, tanto del material de defensa como de los productos y la tecnología de doble uso, esto es, de uso tanto militar como civil.

Fuentes consultadas de toda solvencia, con fuertes vínculos con inversores y empresas israelíes en España, advierten a EL ESPAÑOL que la situación está provocando ya que "fondos y empresas de capital judío o israelí se están replanteando sus inversiones en España. Hay otros países donde se puede invertir con más seguridad jurídica".

Con la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon fuera de España desde hace más de un año, la mismas fuentes precisan que Sánchez "se ha convertido en el adalid de una causa que le es lejana", y en la que se ha metido "por motivos obvios: porque tiene que hablar de otras cosas por sus turbulencias personales y políticas".

Pese a que el real decreto que podría dar cobijo legal al boicot no tiene aún el respaldo del Congreso para validarlo, el Ministerio de Defensa ha anulado desde mayo varios contratos. La semana pasada, incluso antes de la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros, ha procedido a anular decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes.

Las empresas afectadas

Enmarcadas en el plan de desconexión de Defensa de la tecnología israelí, se trata de contratos en su mayoría firmados en los dos últimos años. Afectan a empresas como Rafael Advanced Systems, adjudicataria el año pasado del contrato para suministrar el designador láser POD para sistemas de combate aéreo (207.414.102 euros).

También se ha anulado la compra de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R. para el Ejército de Tierra. Ambos contratos ascienden a casi 1.000 millones de euros.

Con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas, y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores.

También se ha anulado el contrato para la compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por importe de 2,2 millones de euros. Varios contratos con Elbit Systems, para el mantenimiento y repuesto de los sistemas de radioenlaces, por una suma de 4,5 millones, también han caído.

Otros contratos anulados son para el sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designado láser Rattler de las unidades de Infantería de Marina. Las comercializa la española Blanch International, pero cuentan con tecnología israelí, al igual que un designador láser JTAC Rattler XR por 1 millón de euros.

Con Pap Tecnos, otra empresa israelí, se han roto contratos para el mantenimiento de estaciones de armas Rwcs Minisamson utilizadas en el vehículo RG-31 por 350.000 euros.

La catarata de anulaciones también ha afectado a contratos de menor cuantía, según ha abundado EFE con datos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Así, España también ha roto el adjudicado para la adquisición de material para combatir los incendios destinado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unas mochilas ignífugas, que fueron adjudicadas a Guardian Homeland Security por 59.616 euros.

La medida no tiene nada que ver con la de la Comisión Europea, que ha propuesto este septiembre un paquete de sanciones a Israel, equiparando sus aranceles a las de terceros países. 

Para ser efectiva, deberá ser aprobada por unanimidad de sus 47 países miembros. "La Unión Europea lo que ha dicho es que este es el marco, y ya que cada país decida. Y países como Alemania no lo van a secundar", precisan las mismas fuentes.

Demandas millonarias

Las cancelaciones de contratos por parte del Ministerio de Defensa "no solo tienen un impacto financiero, sino también contractual y legal. Abren la vía a posibles indemnizaciones y reclamaciones por incumplimiento, además de la necesidad de reemplazar los productos y servicios contratados".

Las demandas de las empresas para ser indemnizadas con cifras millonarias por daños y perjuicios "se van a interponer. España va a perderlas, y a Sánchez no le importa porque no lo paga él". Y luego, lo que va a ocurrir "es que esas empresas venderán a otros países todos esos equipos, que tienen una demanda brutal".

El primer ministro belga, Alexander de Croo, junto a su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Pedro Sánchez, en 2023.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, junto a su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Pedro Sánchez, en 2023. EFE

En cuanto a grandes contratos privados entre empresas españolas, destaca el de la construcción del Tranvía de Jerusalén en sus líneas roja y verde, conformado por TransJerusalem JNet Ltd, un consorcio al 50% entre la empresa vasca Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) con la israelí Shapir.

Adjudicado en 2019 por 1.800 millones de euros, los trabajos comenzaron en 2021 y está previsto que culminen en 2027. El contrato incluye la construcción, las operaciones por un periodo de entre 15 y 25 años y el mantenimiento por 25.

La compañía vasca ya ha recibido presiones de Amnistía Internacional y de la Relatora Especial de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, quien ha señalado en un informe que CAF "favorece la ocupación" de territorios palestinos.

También las recibió del lehendakari, Imanol Pradales, quien llamó a que la empresa guipuzcoana hiciese "una reflexión ética" a primeros de septiembre, aseverando que respetaría su decisión de "cortar o continuar" con el contrato.

La compañía ya ha respondido que tiene intención de continuar con el proyecto porque "se ajusta a la legalidad internacional", mientras que Pradales, ayer en la cámara vasca, cambió su discurso y defendió que CAF "no contribuye al genocidio en Gaza".

Luego, acusó a Sumar de no defender en Madrid lo que propugna en el País Vasco. "Ya está bien de señalar a empresas y hacer demagogia y ya está bien de instrumentalizar el dolor", ultimó.

La balanza comercial

Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Israelí, explica a EL ESPAÑOL que el comercio bilateral entre España e Israel de exportaciones e importaciones ha fluctuado desde que comenzó la guerra.

"Tuvo un pico muy alto en 2022, por valor de 3.200 millones de euros". Pero en 2023, y ya con el conflicto, "descendió. También lo hizo en 2024. En lo que llevamos de 2025, y con datos hasta el mes de junio, se ha comenzado a remontar, comparado con el mismo mes del año anterior, y más en el área de importaciones que de exportaciones".

Una de las razones de este descenso se encuentra "en que la guerra ha provocado una caída del consumo privado en Israel. Por ejemplo, España exporta mucha automoción, y en Israel no han comprado coches".

Así, lo que más vende España a Israel es automoción, seguido de pavimentos y materiales de construcción. "También exporta moda, perfumería e industria farmaquímica".

Por el contrario, España adquiere principalmente de Israel tecnología, fertilizantes y productos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos.

"Hasta 2022, todo iba muy bien", enfatiza Gidron. Con los datos actuales, subraya, "el saldo es favorable a España. En 2024 se exportaron bienes por un valor de 1.722 millones de euros, e Israel vendió a España un valor de 906 millones de euros.

Así que, en conjunto, "lo que han bajado son las exportaciones españolas a Israel". Entre enero y junio de 2025, las exportaciones ascendían a 866 millones de euros, y las importaciones, a 465 millones, "un poco superiores a las de junio de 2024".

Subraya el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Israelí que la economía de Israel "se basa en la tecnología, que supone el 54% de sus exportaciones, el 21% de su PIB y genera el 10% del empleo del país".

En estas cifras no suman "todo lo que recala en España a través de terceros, por ejemplo, las patentes de los componentes. Así que la cifra global es mucho mayor."

La economía israelí "va bien, la moneda de ha fortalecido, aunque ha subido mucho el gasto público en Defensa. De un déficit público del 60% nos hemos ido al 70%, pero sigue teniendo superávit. Se han resentido sectores como el turismo y el tráfico aereo", incide Gil Gidron.

Pregunta.- ¿Cuales son sus sensaciones con todo lo que está ocurriendo?

Respuesta.- Tras hablar con socios de la Cámara de Comercio, que pertenecen al mundo de los negocios, el comercio, la tecnología y las inversiones, me comentan que, aparte de los contratos con Defensa, confían que en el ámbito civil no se cancelen contratos.

Porque ellos "tienen su logística y su cadena de suministros con empresas españolas, incluso con Defensa, cuyos contratos, de cancelarse, podrían acarrear penalizaciones o la no renovación de licencias. Los contratos hay que cumplirlos y no hacerlo supone indemnizaciones muy altas y se tienen que ajustar a la legalidad".

Así, y con con independencia del conflicto," tanto Israel como España son países democráticos de libre mercado. Otra cosa son los asuntos políticos. Y si tu tienes un producto que usa tecnología israelí, y has invertido 5 años, no lo puedes desechar. Lo que preocupan son las compras del sector público, no del privado, según me trasladan agregados de las dos embajadas".

Las universidades

Pero, de hecho, en el sector civil ya está ocurriendo, y no viene de ahora. "De un tiempo para acá hemos notado dificultades para trabajar con ayuntamientos y algunas comunidades autónomas. Y también están las universidades, sobre todo, las públicas", precisa otra fuente consultada del ámbito empresarial español vinculado a Israel.

Son varias las instituciones universitarias que habían roto ya en 2024 cualquier vínculo académico o de desarrollo de proyectos de investigación con universidades israelíes dentro del convenio Horizon Europe.

Las pioneras fueron la de Granada, la Autónoma de Barcelona, la de Jaén y la Pablo de Olavide de Sevilla, a las que se le unieron luego la Universitat de València. la de Burgos y la Universidad de Sevilla.

Dos de ellas. la de Granada y la de Valencia, han sido condenadas este mes de septiembre por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia por discriminar, con sus resoluciones, a los judíos. Las dos sentencias estiman los recursos interpuestos por la asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio.

La última en sumarse ha sido la Universidad del País Vasco. Su rector, Joxerramón Bengoetxea, anunció hace unos días que "no hemos firmado ningún acuerdo bilateral con Israel desde noviembre de 2023" y que la universidad renunció a participar en proyectos de investigación que ascendían a 247 millones de euros en áreas como la biomedicina o ciencias computacionales.

Todo ello teniendo en cuenta que Israel es un potencia mundial en materia tecnológica, aplicada a la medicina, defensa, la agroindustria o la ciberseguridad. "Que esto lo hagan las universidades públicas, en lugar de fomentar el intercambio de conocimiento y el talento...", valoran las fuentes consultadas en España con vínculos con Israel.

Teniendo en cuenta esto, "la economía israelí ha demostrado que es muy flexible, porque está muy enfocada al área tecnológica. Por lo que en los últimos seis meses se ha adaptado. La pregunta es de dónde va a sacar España la tecnología. La realidad es que hay cuatro países en el mundo que son competitivos".

La sensación general es "que España no es antisemita, pero su gobierno sí. Ahí tenemos a la ministra Sira Rego, que al día siguiente del ataque de Hamás a Israel dijo en el Congreso que se trataba de una acción de resistencia normal y lógica. O las de Yolanda Díaz, diciendo que Palestina será libre desde el río hasta el mar".

Según el último informe del Observatorio de Antisemitismo de España, promovido por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia, tanto los incidentes como el discurso de odio antisemita crecieron en 2024 un 321% con relación a los datos registrados el año anterior.

Los datos son parejos a los delitos de odio por antisemitismo del Ministerio de Interior. En 2024 se incrementaron en un 60,8% con respecto a 2023.

"Y el PSOE, que no era antisemita, pues ahora sí lo es. Porque criminalizan a todo un pueblo, a sus empresas y no a sus gobernantes. ¿Por qué no boicotean a China o a Turquía? Así que, si el capital es flexible, ¿por qué vas a invertir aquí?"