La familia de Sara denuncia a la Consejería de Salud por permitir la 'lipo' mortal en el Virgen de la Caridad sin licencia

La familia de Sara Gómez no descansará hasta hacer pagar ante la Justicia a todos aquellos que consideran culpables de la muerte de esta agente inmobiliaria, de 39 años, y madre de dos hijos. Tanto es así que han denunciado ante la Fiscalía a la cúpula de la Consejería de Salud.

“Hemos presentado una denuncia por unos hechos continuados que consideramos gravísimos y que afectan a altos cargos sanitarios, como son el consejero de Salud [Juan José Pedreño] y el secretario general de Salud [Andrés Torrente]”, tal y como ha detallado Rubén, hermano de la fallecida y agente de la Guardia Civil de profesión.

En concreto, con la denuncia registrada este jueves ante la Fiscalía de Murcia, Rubén subraya que su familia pretende que se abra una investigación por delitos contra la salud pública; prevaricación administrativa; omisión del deber de perseguir delitos; así como cooperación necesaria de las autoridades administrativas en el propio homicidio de Sara Gómez.

"Después de denunciar al cirujano cardiovascular, al anestesista y al Hospital Médico Virgen de la Caridad de Cartagena, nos vemos obligados a denunciar a las máximas autoridades sanitarias de la Región de Murcia: ellos han consentido que ese hospital realice operaciones de estética durante años sin tener la autorización sanitaria pertinente", tal y como ha argumentado Rubén.

"Su omisión, su permisividad y su inacción prolongada durante años ha puesto en riesgo la vida y la salud de muchísimas personas. Mi hermana ha muerto por una operación de estética en un hospital que no tenía la autorización U-47 y lo mismo le pudo pasar a Yngrid, Olga...".

La denuncia de 53 páginas la firma Damián Gómez, guardia civil jubilado y padre de Sara, fallecida a raíz de las complicaciones que sufrió por una lipoescultura practicada en Virgen de la Caridad, a manos de un cirujano cardiovascular, sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, y de un anestesista del Servicio Murciano de Salud que aquel 2 de diciembre de 2021 no podía estar trabajando en un centro privado.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la Asamblea Regional.

De hecho, tanto el cirujano cardiovascular como el anestesista serán juzgados por un homicidio por imprudencia ocurrido en un quirófano alquilado en Virgen de la Caridad. Tales datos son claves en la denuncia presentada en la Fiscalía donde se cargan las tintas contra la Consejería de Salud, por su supervisión sobre los permisos de la citada clínica para realizar operaciones estéticas:

“El Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena carece de la licencia administrativa sanitaria U-47, exigida para la práctica de intervenciones de cirugía estética, tal como establece el marco regulador de autorizaciones sanitarias en España”. De modo que no puede realizar, “bajo ningún concepto”, intervenciones de cirugía con fines estéticos, como un aumento de pecho o una lipoescultura, justo la intervención a la que se sometió Sara Gómez en uno de sus quirófanos.

La licencia U-47 (cirugía estética) es una autorización sanitaria regulada por normativa estatal y autonómica. Por tanto, el departamento del consejero Juan José Pedreño debería velar por su cumplimiento y aparentemente no lo ha hecho. Todo ello, a pesar de que por decreto está establecido que el centro médico en cuestión presente una solicitud ante la Consejería de Salud, acompañada de la documentación requerida.

Una imagen difundida por Ciudadanos de la Clínica Virgen de la Caridad de Cartagena.

Tales requisitos obligatorios llevan a Damián a exponer lo siguiente a la Fiscalía: “Resulta curioso y sorprendente que en la Región de Murcia existan 34 centros, clínicas u hospitales que cuentan con dicha autorización administrativa sanitaria (U-47), entre los cuales, no se encuentra Virgen de la Caridad de Cartagena”.

“Pero lo que resulta más curioso es que no ha sido la propia Consejería de Salud ni ninguno de sus organismos de control quienes han detectado estas gravísimas irregularidades, sino la propia familia quien tras el fallecimiento de la paciente (mi hija, Sara Gómez), sacó a la luz y destapó hechos que debieron ser conocidos y corregidos de forma inmediata por la administración sanitaria, como también fue el caso de las continuas incompatibilidades del anestesista”.

“Tampoco la autojustificación de que el Hospital Virgen de la Caridad no oferta la cirugía estética, como oferta asistencial en su catálogo propio, sino que se limita a alquilar quirófanos de manera externa, carece de lógica, ya que no tiene la autorización sanitaria específica para tal actividad. Dicho de otro modo, no es válida la cesión o arrendamiento de quirófanos para una actividad que no está autorizada, en este caso la cirugía estética (U-47)”.

“A pesar de ello, el Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena, ha venido realizando durante años operaciones de cirugía estética de forma continuada, sin interrupciones y sin contar con la correspondiente habilitación legal, a la vista, tolerancia, permisividad y aprobación de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; aún incluso después del mediático y brutal caso del homicidio de mi hija Sara”.

“Esta actividad, manifiestamente ilegal, ha sido llevada a cabo ante la mirada pasiva, cómplice o negligente -según se interprete- de la Consejería de Sanidad y de sus servicios de inspección sanitaria, que no solo han omitido su deber legal de supervisión, sino que han permitido, de facto, la conversión de un centro no autorizado en una clínica de cirugía estética encubierta con el consiguiente riesgo para la integridad y la vida de los pacientes”.

Para demostrar tales afirmaciones en la denuncia se expone que tras la muerte de Sara Gómez, los quirófanos de Virgen de la Caridad han albergado otros escándalos sanitarios que están siendo objeto de una investigación judicial.

La doctora Kebeya, conocida como la 'Reina de la Cirugía', en una imagen del atestado de la Policía Nacional, junto a una foto de Yngrid Goitia mostrando las secuelas que sufrió de su cuádruple operación estética.

Prueba de ello es el caso de la ‘Reina de la Cirugía’: una doctora venezolana que supuestamente realizaba operaciones con fines estéticos, sin tener homologada su titulación en España y sin número de colegiada en suelo patrio y que ha sido demandada por Yngrid y Olga, por las secuelas físicas que sufrieron por operaciones estéticas.

“Esta clamorosa permisividad institucional constituye una gravísima omisión de funciones que exige una depuración inmediata de responsabilidades políticas, administrativas y penales”, tal y como expone la denuncia.

Incluso aportan las manifestaciones de una parlamentaria del PP, como prueba de que la Consejería de Salud sabía que Virgen de la Caridad carecía de la famosa autorización administrativa sanitaria (U-47).

“En sesión parlamentaria, celebrada en la Asamblea Regional de Murcia el día 27 de mayo de 2025, una diputada regional del Partido Popular, doña María del Carmen Ruiz Jódar, reconoció expresamente en sede parlamentaria que el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena no posee la licencia U-47 para practicar cirugía estética. Además, dijo lo siguiente: “Esa licencia, Señor Egío, a día de hoy no existe (...)”.

“El hecho de que el Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena lleva años realizando cirugías estéticas sin la correspondiente licencia administrativa sanitaria U-47, y que incluso una diputada regional del Partido Popular lo haya reconocido públicamente en sede parlamentaria, compromete directamente a la Administración sanitaria”.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional, María del Carmen Ruiz Jódar. PP

La denuncia ha sido presentada este jueves en la Ciudad de la Justicia por Damián, acompañado de su esposa Felisa, su hijo, Rubén, y su hija, Nora, para simbolizar la unión de una familia sin alma desde que murió Sara Gómez el 1 de enero de 2022, tras agonizar 29 días en una UCI.

De forma que Damián, el guardia civil que se jugó el pellejo en el País Vasco en los años más sangrientos de ETA, ahora es el que pide Justicia para su difunta hija: “Solicito a esta Fiscalía que se investigue el papel y las responsabilidades de los altos cargos de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, así como de los funcionarios responsables del área de inspección y autorizaciones sanitarias de la sanidad pública y privada”.