Beatriz Corredor y Pedro Sánchez, en una foto de archivo.
Beatriz Corredor, la registradora a la que Pedro Sánchez colocó en REE por 546.000€ al año sin experiencia en el sector
Llegó a Redeia sustituyendo a otro exministro socialista, Jordi Sevilla, para dar a la entidad un perfil más institucional y blindar al equipo de sobresaltos.
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El lunes 28 de abril a las 12:30 del mediodía España se quedó sin luz. No del todo ni para siempre, pero lo suficiente como para encender todas las alarmas. Un encendido metafórico, porque en Alcázar de San Juan la electricidad no volvió hasta las seis y media de la mañana y la escena se repitió, con variaciones, en buena parte del país. Un día después ninguna fuente oficial había asumido responsabilidades ni señalado a terceros; pero todas las miradas ya apuntaban hacia Red Eléctrica.
Beatriz Corredor (Madrid, 1968) no apareció en los medios. Ninguna declaración, ninguna cámara. Apenas una nota institucional, sin firma, en la que se descartaban ciberataques externos y se atribuía el apagón a un brusco descenso de la energía. Las fuentes hablaban de la "desaparición" de 15 gigavatios en cinco segundos, que obligó a desconectar la red ibérica para evitar daños mayores. Durante horas los periodistas llamaron a Red Eléctrica y Red Eléctrica contestó colgando comunicados. Mientras tanto, Corredor callaba.
En cierto modo, ese gesto resume su estilo. Presidenta de Redeia (el grupo matriz de Red Eléctrica) desde febrero de 2020, Corredor no se distingue por el ruido. Jurista, registradora de la propiedad desde hace más de tres décadas, exministra de Vivienda durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero y exdiputada socialista, asumió el cargo tras la renuncia de Jordi Sevilla, quien dimitió tras enfrentarse a Teresa Ribera y a la CNMC por el control de las inversiones y la planificación energética.
Sevilla no se fue con discreción. En su carta de dimisión denunció que Red Eléctrica había perdido autonomía, que el Gobierno "interfería" en decisiones técnicas y que no se le permitía reforzar el sistema como creía necesario. Su salida, en enero de 2020, marcó un punto de inflexión. En su lugar, el Gobierno eligió a Beatriz Corredor, también del entorno socialista, pero con un perfil más institucional, menos dado al enfrentamiento.
Desde entonces, Corredor ha liderado la compañía con una especie de firmeza tranquila. Bajo su mandato, Redeia ha elevado su inversión hasta cifras récord (1.104 millones de euros en 2024), en buena parte para reforzar las redes de transporte y facilitar la transición energética. También ha consolidado su posición como voz autorizada en foros internacionales, y ha blindado su equipo de cualquier sobresalto político. Su sueldo, publicado en el informe anual de remuneraciones, alcanzó los 546.000 euros brutos el año pasado, el más alto del Estado.
Técnicamente, como dice Pedro Sánchez, Redeia no es pública. El 20% de su capital depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), y el 80% restante es privado. Bajo este argumento se podría decir que el 80% del sueldo de Corredor también lo es, pero su elección como presidenta del organismo sí fue 100% pública. De la Moncloa, concretamente.
La estabilidad al frente de una empresa así tiene un precio. En estos años, España ha volcado su esfuerzo energético en las renovables, acelerando la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas. Un modelo de transición rápida, ambicioso, que ha disparado la generación verde pero también las tensiones. Porque el sistema —heredado de otra época— apenas ha sido adaptado para soportar esa nueva carga. En términos eléctricos, más no siempre significa mejor.
El apagón del 28 de abril fue una excepción, pero no un accidente aislado. Ha sido un síntoma. Un aviso de que el modelo necesita no sólo inversión, sino decisiones estratégicas. Los expertos lo repiten: sin almacenamiento suficiente, sin refuerzo de las interconexiones, sin respaldo firme para los días sin viento ni sol, el sistema es vulnerable. Las llamadas "energías firmes", como los ciclos combinados, la hidráulica de bombeo o incluso la nuclear, vuelven al centro del debate, aunque pocos lo digan en voz alta.
Corredor lo sabe. No sólo porque dirige la empresa que gestiona el sistema eléctrico peninsular, sino porque su formación le obliga a leer entre líneas. Ha hecho carrera en la administración, no en la técnica, pero entiende el poder del marco jurídico, de las decisiones que no se ven, de las estructuras que sostienen la superficie.
Y ahora esa superficie cruje.
En su entorno nadie espera grandes golpes de timón. Corredor no es Jordi Sevilla. No plantea batallas públicas ni busca hacer pedagogía energética en los medios. Si acaso, la única salida de tono que se le ha hecho recientemente fue a raíz de su nombramiento en 2021, cuando descartó de plano la posibilidad de un apagón eléctrico en España. Desde entonces, silencio.
El sistema eléctrico español, como su presidenta, ha evitado las explosiones. Pero el apagón del lunes dejó algo más que un país a oscuras: dejó expuesta la tensión latente entre la ambición verde y la realidad física. Y en medio, como siempre, alguien tiene que sostener el cable.
