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La médico que le negó la eutanasia a Emilia no se siente "culpable": la paciente se suicidó

Emilia se arrojó desde la ventana de su casa el pasado sábado. Su médico presentó objeción de conciencia y los trámites se eternizaron. 

10 noviembre, 2021 13:33

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La médica de Atención Primaria que atendió a Emilia M. M., la mujer que se suicidó el pasado sábado en Zaragoza, ha admitido que su paciente había amenazado con quitarse la vida en varias ocasiones. Así fue. El pasado sábado, Emilia se arrojó al vacío desde su vivienda en el barrio de Las Fuentes. Tenía 83 años y llevaba solicitando una muerte digna desde que se aprobó por ley.

“No me siento culpable pero estoy muy mal”, ha afirmado la doctora a El Periódico de Aragón. También ha asegurado que, aunque en un principio no cogió la solicitud de Emilia, en la segunda ocasión que lo solicitó sí que lo tramitó.

La consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés, ha reconocido que ha habido un “fallo” por el “retraso del inicio de los trámites” y asegura, en nombre del Gobierno aragonés, que han “depurado responsabilidades” ante “los responsables que no han realizado las acciones que por su cargo tenía que haber realizado”.

Emilia sufría una luxación de cadera congénita que, tras muchos años, se había deteriorado tanto que le obligaba a estar postrada en su cama con fuertes e incesantes dolores. De hecho, la mujer era asociada a Derecho a Morir Dignamente y cuando se aprobó la ley de eutanasia dio el paso y comenzó a tramitar su petición, según el procedimiento establecido por la nueva normativa.

La médica del centro de salud del barrio de Las Fuentes ha asegurado que “no era candidata a lo que ella solicitaba porque hay otras vías”. La primera solicitud llegó en julio de este año. En ese momento la doctora presentó objeción de conciencia, pero, tras una segunda solicitud, sí que empezó a tramitar. Emilia solicitó la eutanasia al día siguiente de aprobarse la ley, algo que pilló de sorpresa al personal médico. “Por eso no la cogí hasta saber a qué me comprometía con ello”. Después, “la tramitación ha seguido sus cauces”, afirma la médica.

Respecto al retraso en obtener un segundo médico que se hiciera cargo del caso de Emilia, la doctora asegura que “no es fácil” y más “para un caso como este”. La médica también se ha defendido argumentando que todos estos procedimientos son nuevos, puesto que la ley se aprobó en junio. Además, ha asegurado que ella, por sus ideas, no estaba de acuerdo en aplicar la eutanasia en este caso concreto. “Si fuera terminal a lo mejor me hubiera implicado de otra manera”.

Aunque Emilia sufría fuertes dolores, cree que “se podían probar otras cosas, porque aún le quedaban muchos años de vida”. Emilia, en cambio, no aceptaba una vía que no fuera la muerte, según relata su médico.

La tardanza del proceso

El coordinador del centro de salud de Torre Ramona, Luis Otegui, ha declarado que el suicidio de Emilia les ha “disgustado” y “pillado por sorpresa” ya que la tramitación de su solicitud se “hizo en tiempo y forma”. Después de que su médico presentara la objeción de conciencia, “se mandó la documentación a la dirección de Sanidad”, para que un segundo facultativo se hiciera cargo del caso.

Ahí es donde el Gobierno de Aragón reconoce un fallo, puesto que la ley es muy garantista tanto para sanitarios como pacientes. El área de Sanidad de la comunidad reconoce un “retraso en la adjudicación” ya que estaba en proceso. Y por eso, la consejera ha afirmado que seguirán “vigilantes para que los procedimientos sigan en tiempo y forma”.

Sira Repollés también ha declarado “que el sistema sanitario está formado por muchas personas, con mucha variabilidad individual, pero nosotros nos preocupamos de que todos los profesionales tuviesen información sobre los procedimientos de iniciación de trámites para el derecho de esta prestación, así como información de cómo podían inscribirse en el registro de objetores porque es un derecho que tienen los profesionales”.

Actualmente, el 6% de los profesionales sanitarios aragoneses, que incluye a médicos, enfermeros y farmacéuticos, se han inscrito en el registro de objetores, un porcentaje que calificó como “bajo”.