Infografía de cómo será el nuevo barrio de Mallou en Santiago.
Vecinos de Mallou, en Santiago, se unen contra las expropiaciones: "Defienden sus intereses"
Los residentes en el barrio se reúnen esta tarde con el objetivo de crear la plataforma. Los dueños de parcelas rústicas "que se van a convertir en solares" pueden participar en el proceso de desarrollo del ámbito si no quieren ser expropiados, según ha informado la Xunta
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El proyecto de la Xunta para construir vivienda en Mallou, en Santiago de Compostela, ha generado las críticas de los vecinos, sobre todo aquellos afectados por las expropiaciones. El Gobierno gallego prevé levantar 3.609 pisos, el 80% de ellos protegidos, en los que vivirán unas 8.000 personas. Los residentes, sin embargo, quieren alegar.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, desgranaron el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para la ciudad el pasado 13 de abril. En una comparecencia ante los medios, señalaron que el objetivo es que, desde 2028, se puedan simultanear las obras de urbanización y de edificación.
Más de 130.000 metros cuadrados de zonas verdes con 3.500 árboles, equipamientos de 45.290 metros cuadrados ubicados en su mayor parte en la periferia de Mallou para favorecer el acceso a la población del entorno, una plaza en el entorno de la fuente-lavadero o más de 3.500 puestos para aparcar son algunas de las características de esta nueva zona urbanizada.
Una propuesta que no satisface a los vecinos del barrio, que lamentan que varios de ellos perderán sus viviendas, una de ellas residencia habitual. Así, se reunirán este miércoles a las 20:30 horas para crear una Plataforma para "defender os seus intereses", según explica el presidente de la Asociación de Vecinos Casa Agraria de Cruceiro da Coruña, Juan Manuel Granja Fernández.
Los afectados son aquellos que tienen vivienda en la zona, así como parcelas urbanizables "que van a quedar sin espacio para urbanizar". La asociación vecinal los está apoyando con asesoramiento e información sobre los plazos y el procedimiento, de cara a que puedan alegar si así lo consideran.
Precisamente, el Concello de Santiago alegó el proyecto durante el periodo de exposición pública. Fuentes de la Consellería de Vivenda confirman que actualmente hay tres alegaciones registradas: dos de particulares y una de una empresa. Los afectados por las expropiaciones disponen de un período para presentar sus alegaciones, que previsiblemente harán con la Plataforma.
Algunos ya han recibido a través de sede electrónica las comunicaciones de expropiación en base a las referencias catastrales, por lo que disponen de 15 días para contestar. Esto no significa que las expropiaciones vayan a producirse de forma inmediata, ya que no tendrán más información al respecto hasta principios del próximo año.
Participar para no ser expropiados
La conselleira de Vivenda y el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) explicaron este miércoles que los dueños de las parcelas afectadas en ámbitos como Mallou, en los que se ha iniciado la urbanización del suelo para crear vivienda protegida, tendrán la opción de participar en el proceso si no quieren ser expropiados.
La Xunta tiene actualmente aprobados de manera inicial los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) de Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo y Arteixo, y prevé darles el visto bueno definitivo a finales de 2026. Será en ese momento en el que se inicie la fase de expropiación: entre todos los ámbitos hay 1.500 parcelas afectadas, según datos del Gobierno gallego.
Martínez Allegue aseguró ser consciente de que los propietarios de viviendas son "los máximos perjudicados" por esta medida: "Son pocos, pero existen". Tanto ella como García Porto han apuntado a la vivienda de reemplazo como "solución" para los afectados, que en Mallou son los propietarios de cuatro casas.
De estas cuatro casas, solo una es residencia habitual y "no está afectada en su totalidad", según Heriberto García. Los dueños de viviendas también pueden recibir el justiprecio si así lo prefieren, y tendrán la alternativa de adquisición directa preferente, al igual que los que no residan de forma habitual en las casas afectadas.
Propietarios del suelo
"La mayor parte" de las expropiaciones del suelo se realiza con un precio "conforme a la normativa estatal", que es "obligatoria" y "no depende del alcalde, ni de la conselleira, ni del presidente del Gobierno", según Martínez Allegue.
La norma atribuye la situación "básica de rural" a las fincas a los efectos de valoración para la expropiación y ha puesto el ejemplo de entre 5 y 11 euros por metro cuadrado que se estima para el abono de la expropiación de suelo en Lugo que se va a urbanizar.
Precisamente, para los propietarios de este suelo afectado por la urbanización la Xunta abrirá un plazo "amplio" de entre dos y tres meses para presentar solicitudes, en caso de que quieran participar en el desarrollo "si no quieren ser expropiados".
Los que podrán optar a esta alternativa son particulares con parcelas rústicas "que se van a convertir en solares" a lo largo del proceso, que "no será inmediato" e implica "incertidumbre".
"Haremos todo con total transparencia", ha garantizado la titular de Vivenda, antes de insistir en que se está "en el inicio" del proceso. Martínez Allegue señaló que la Xunta recibirá desde hoy o mañana a "todos los propietarios" que así lo deseen para explicarles esta opción y las demás alternativas, pero estos "deberán decidir un interlocutor" que los representen.
¿Cuál es el proceso?
Las personas que quieran participar en el desarrollo de los ámbitos deben ser titulares de las parcelas antes de la fecha de aprobación de la delimitación del PIA (verano de 2025). Las fincas, además, deben estar íntegramente dentro del ámbito y libres de cargas, gravámenes y derechos reales.
El proceso otorga la posibilidad de agrupar parcelas de dueños diferentes, de cara a la edificabilidad, que se asignará preferentemente para vivienda libre, de modo que la tutela de la protegida quede en la Xunta. En caso de decantarse por participar en el desarrollo, los propietarios deberán afrontar el pago de los gastos de urbanización en proporción a la superficie de las parcelas de origen.
Si se excede en un 20% del importe estimado, podrán renunciar, con la devolución de lo abonado y los intereses, mientras que las parcelas podrán ser adquiridas por mutuo acuerdo al precio de la expropiación o expropiadas, según recoge Europa Press.
Otras obligaciones de los dueños serán, además de pagar los gastos de urbanización que les correspondan, destinar la edificabilidad a la construcción de vivienda, solicitar licencia urbanística e iniciar las obras en el plazo máximo que fije la resolución.
Los participantes, una vez entregadas las parcelas de resultado (solar) podrán transmitirlas, previa autorización del IGVS, de modo que no tendrán que promover ellos mismos las viviendas. Las entidades adquirientes se subrogarían en las obligaciones".
La titular de Vivenda ha recordado que estos PIA forman parte de la estrategia de desarrollo de suelo de la Xunta para hacer frente a la problemática de acceso a la vivienda en Galicia. "Siempre se partió de lo recogido en cada planeamiento municipal", añadió Martínez Allegue.
Así, una vez elegidos los ámbitos según el estudio de demanda de vivienda, se recabó la "conformidad del ayuntamiento en todos". "No es suelo urbano, no es suelo rústico. Es suelo urbanizable, para que la ciudad crezca. No puede quedar bloqueado indefinidamente", concluyó la conselleira de Vivenda.
