La secretaria general del PPdeG, Paula Prado; la responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo; el portavoz popular en A Coruña, Miguel Lorenzo y el alcalde de Vedra, Carlos Martínez este jueves en A Coruña.
El PP critica en A Coruña las políticas implementadas por la Ley de Vivienda
Considera medidas como la declaración de la zona tensionada en la ciudad un "fracaso"
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El PP ha criticado este jueves las medidas impuestas en materia de vivienda por parte del Gobierno central y llevadas a cabo por ciudades como A Coruña, como es el caso de la declaración de zona tensionada, considerando estas políticas como "un fracaso" al no traducirse en una contención de los precios y una Ley de Vivienda que "genera más problemas que soluciones".
Coincidiendo con la celebración del III Foro Urbano de España, dentro del cual tuvo lugar el V Foro Local, el PP ha reunido a la secretaria general en Galicia, Paula Prado; la responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo; y el portavoz municipal Miguel Lorenzo, además del alcalde de Vedra, Carlos Martínez.
Todos ellos han mostrado preocupación por "la vivienda, que es el gran problema que tenemos en este país" y que "desde que gobierna el Partido Socialista se ha convertido en el primer problema que tenemos los españoles".
En este sentido, Miguel Lorenzo ha criticado que "desde la declaración de la zona tensionada, los alquileres en el mes de agosto y en el mes de septiembre han subido un 8%". Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, dependiente de la Xunta, la variación en el precio medio del alquiler en la ciudad fue mínima, pasando de 731,4 euros en julio a 732,6 en septiembre.
El popular también aludió a la temporalidad de los contratos o las operaciones de compra. "Pido a la alcaldesa que, por esa política seria que ella reivindica, haga una reflexión de lo que está pasando", declaró.
Ante las críticas a la Xunta expresadas este miércoles por la alcaldesa Inés Rey —que denunció falta de colaboración institucional—, la secretaria general defendió que datos como el número de personas vulnerables son competencia municipal y, preguntada por las cifras de personas con múltiple propiedades, afirmó que "a Xunta non ten a culpa de todo e a señora Inés Rey terá que asumir a súa responsabilidade. Está buscando excusas para non dicir que a zona tensionada non é a solución ao problema da vivenda e ela ten que ter o rexistro. Quen ten os datos das vivendas baleiras é o propio Concello". Por su parte, García-Pelayo añadió que el dato de grandes propietarios se refleja en el IBI.
Prado también quiso reivindicar el trabajo de la Xunta de Galicia, citando los Orzamentos del 2026 aprobados esta misma semana. La secretaria general criticó en contraposición que el Gobierno central mantenga presupuestos del 2022. La popular también hizo referencia al objetivo de duplicar la construcción de vivienda pública llegando a unas 4.000 durante la presente legislatura, de las cuales 200 están tramitadas en la ciudad.
Con críticas a la Ley de Vivienda estatal, Prado argumentó que esta norma fomenta la "okupación, a inseguridade xurídica e desalentar que haxa vivendas no mercado" además de mencionar "turismofobia" en relación con la regulación de los pisos turísticos.
María José García-Pelayo, como presidenta de la FEMP, pidió además al Gobierno central que cuente con los ayuntamientos para la elaboración del Plan Estatal de Vivienda, defendiendo que hay "otras alternativas" para atajar el problema de la vivienda diferentes al mercado tensionado, que ella no ha solicitado para la localidad en la que gobierna, Jerez.
