Miembros de una comisión de votación cuentan las papeletas del referéndum para anexionar las regiones ucranianas del 2022, en un colegio electoral de Sebastopol (Crimea).
Rusia celebra "elecciones" para legitimar la ocupación de Ucrania
Ninguna democracia reconoce la anexión de los territorios ocupados, por lo que las elecciones no tienen ni puede tener ningún efecto jurídico.
En marzo de 2024, el analista español Fernando Moragón, presidente del autodenominado Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, describió la reelección de Vladímir Putin como un proceso "perfectamente organizado", con "gente que vota tranquila" en un ambiente "de calma y transparencia".
Un año antes había dicho algo parecido sobre el Donetsk ocupado, y en 2022 sobre el referéndum de anexión de Zaporiyia.
A pocos cientos de kilómetros, otro español, Israel Arconada Gómez – más conocido como Katu Arkonada –, aseguraba a la agencia estatal rusa TASS no haber detectado "presión" ni "compra de votos" en Lugansk, y calificaba aquellos comicios de conformes a los "estándares aceptados" en materia de autodeterminación.
Ninguno de los dos actuaba en representación de ningún gobierno ni de ningún organismo internacional reconocido: ambos figuran en Fake Observers ("falsos observadores"), la base de datos que mantiene la Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE).
Esta plataforma catalogó en 2024 a 178 de los cerca de 1.115 "observadores internacionales" invitados por el Kremlin como figuras sin mandato real, mientras los verdaderos observadores de la OSCE quedaban fuera.
Ese contraste –entre la puesta en escena y la ausencia de supervisión independiente– anticipa bastante bien lo que va a ocurrir entre los próximos 18 y 20 de septiembre, cuando Rusia vuelva a llamar a las urnas.
Esta vez, sin embargo, el escenario cambia de escala.
Vladimir Putin votando en las elecciones de 2019. Reuters
Por primera vez desde que comenzó la invasión a gran escala, el Kremlin extiende la elección de su propia Duma Estatal –la cámara baja del Parlamento ruso– a las zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
Nunca antes una potencia ocupante había incorporado territorio ajeno a la composición de su propio Parlamento nacional con esta amplitud.
El dato no es menor, pero conviene no perder de vista lo esencial.
Y es que, al margen de cómo se presente ante la opinión pública, lo que va a celebrarse en esas cuatro regiones no son unas elecciones en el sentido en que las entendería cualquier ciudadano europeo, sino un procedimiento que nace jurídicamente muerto.
La razón no admite matices. El derecho de la ocupación bélica –codificado en el Convenio de Ginebra IV de 1949 y en el Reglamento de La Haya de 1907– parte de una premisa muy simple: quien ocupa un territorio por la fuerza no se convierte en su soberano, sino, a lo sumo, en administrador provisional, obligado a mantener el statu quo mientras dure el conflicto.
El artículo 47 del Convenio de Ginebra impide que ese administrador altere el estatuto de la población protegida mediante ningún cambio institucional. Tampoco mediante una anexión.
El artículo 49 prohíbe trasladar o instalar población propia en el territorio ocupado. El artículo 54 blinda a los funcionarios locales frente a la injerencia del ocupante.
El Reglamento de La Haya añade una prohibición todavía más directa: nadie puede ser obligado a jurar fidelidad a la potencia que lo ocupa, principio que se aplica sin dificultad a la imposición de pasaportes rusos –y, con ellos, del derecho a voto– a una población que no lo ha pedido.
"Lo que va a celebrarse en las 4 regiones no son unas elecciones en el sentido europeo, sino un proceso que nace jurídicamente muerto"
Rusia, por supuesto, tiene su propio relato: sostiene que estas cuatro regiones son territorio ruso desde los pseudorreferendos de septiembre de 2022. Pero ese argumento tampoco resiste el mínimo escrutinio jurídico.
La Asamblea General de Naciones Unidas anuló aquella votación mediante la Resolución ES-11/4, aprobada el 12 de octubre de 2022 por una mayoría aplastante –143 votos a favor por solo 5 en contra –bajo el título "Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Ningún Estado democrático reconoce hoy esa anexión. Si la base jurídica que Moscú invoca es nula, también lo es todo lo que se construya sobre ella, incluidas unas elecciones parlamentarias.
Y falta lo más importante: el procedimiento en sí mismo sería inservible como expresión de voluntad popular.
Buena parte de los habitantes originarios de estas cuatro regiones ya no vive allí.
La guerra y la ocupación han desplazado a una parte muy significativa de la población dentro de Ucrania o la han convertido en refugiada en el extranjero, por lo que queda automáticamente excluida de cualquier censo electoral ruso.
Quienes permanecen votan bajo ley marcial y administración militar, en un territorio donde los partidos políticos ucranianos están proscritos –según documenta el informe Freedom in the World 2025, de Freedom House– y sólo compiten candidatos afines a la ocupación.
El mismo informe recoge que, en los comicios de 2023, fue personal militar quien acompañó puerta por puerta el llamado "voto a domicilio". Algo que ya había denunciado el gobernador ucraniano de Lugansk durante el referéndum de 2022, cuando las comisiones electorales se desplazaban escoltadas por hombres armados y anotaban la identidad de quienes se negaban a votar por la anexión.
A la coacción física se suma la administrativa.
Amenazas de despido a empleados públicos que no acuden a votar, o la condición, no infrecuente, de aceptar el pasaporte ruso para seguir cobrando una pensión o recibir ayuda humanitaria.
"Las zonas ocupadas votan bajo ley marcial y administración militar, en un territorio donde los partidos políticos ucranianos están proscritos"
La propia OSCE lo dejó por escrito en su declaración conjunta del 6 de agosto de 2026: los resultados de la votación en los territorios ocupados de Ucrania "no tendrán validez alguna conforme al derecho internacional".
Conviene no confundir este problema, específico de la ocupación, con otro distinto y más general: el sistema electoral ruso, tomado en su conjunto, tampoco cumple los estándares mínimos de una democracia competitiva.
La oposición real queda descartada ya en el registro de candidaturas, los medios de comunicación permanecen bajo control estatal y la propia OSCE lleva dos convocatorias consecutivas sin ser invitada a observar elecciones rusas (ni la Duma de 2021 ni la presidencial de 2024 contaron con su presencia).
Lo que ocurre en los territorios ocupados no es, por tanto, una anomalía dentro del sistema ruso, sino la versión agravada de un patrón ya conocido, a la que ahora se suma la ilegalidad específica de la ocupación militar.
Conviene volver, para terminar, al punto de partida.
![Un soldado ucraniano dispara un obús hacia las tropas rusas en una línea del frente en la región de Donetsk..](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11041922.jpg?p=w:320\/h:240&h=3qrWztLn"])
La ausencia de observación independiente no deja un vacío: alguien lo llena. Ese es exactamente el papel de figuras como Moragón o Arkonada, cuyas declaraciones –sin mandato oficial ni respaldo institucional alguno– son después amplificadas por los medios estatales rusos como si constituyeran un aval internacional.
No es un fenómeno anecdótico ni ajeno a España.
Mientras la Unión Europea mantiene sanciones ligadas al reconocimiento de la integridad territorial ucraniana, ciudadanos españoles siguen prestando su imagen y su nacionalidad a la legitimación pública de una ocupación que el propio derecho internacional humanitario declara ilegal.
Nada de esto depende de la participación que anuncie Moscú el 21 de septiembre, ni de cuántos "observadores" repitan ante las cámaras que todo ha sido "transparente".
La votación del 18 al 20 de septiembre en los territorios ocupados de Ucrania no tiene, ni puede tener, ningún efecto jurídico.
Tratarla como un proceso electoral más, sin las garantías que exige el derecho internacional, no es neutralidad periodística: es una forma de legitimar, aunque sea por omisión, la ocupación misma.
*** Oleksandr Slyvchuk es el coordinador del Programa de Cooperación con España y América Latina en el Transatlantic Dialogue Center de Kiev.
