Miles de jóvenes marroquíes entrando en Ceuta el pasado 31 de julio. EFE
Sobre el informe del CENIF: las hipótesis no bastan para acusar a un Estado
La cooperación entre Marruecos y España continúa siendo el instrumento más eficaz para afrontar los desafíos migratorios comunes.
La entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 constituye un acontecimiento de enorme gravedad que exige una investigación completa, independiente y rigurosa.
Precisamente por la importancia de lo ocurrido y por sus posibles consecuencias para las relaciones entre España y Marruecos, las conclusiones deben apoyarse en pruebas objetivas, autenticadas y jurídicamente verificables.
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) aporta información útil sobre la magnitud de los acontecimientos, la difusión de mensajes en las redes sociales y la actuación de diferentes personas en las inmediaciones de la frontera.
Sin embargo, una lectura crítica de su metodología muestra una distancia considerable entre los indicios recopilados y algunas de las conclusiones sugeridas.
El documento no acredita la existencia de una decisión del Gobierno marroquí, una orden impartida a sus fuerzas de seguridad o una cadena de mando responsable de organizar la entrada masiva. Construye una hipótesis general de planificación a partir de indicios indirectos y, posteriormente, utiliza esa misma hipótesis para interpretar el conjunto de los hechos.
Este razonamiento puede servir como punto de partida para una investigación, pero no como prueba concluyente para imputar a un Estado la planificación o ejecución de una operación contra otro país.
Inmigrantes ilegales en la frontera de Ceuta.
1. Datos inciertos y conclusiones excesivamente precisas
Una de las principales debilidades del informe reside en la contradicción existente entre la incertidumbre de los datos disponibles y la precisión de algunas de sus conclusiones.
El propio documento reconoce que no existe una cifra oficial fiable sobre el número total de personas que entraron en Ceuta, las que regresaron a Marruecos, las que permanecieron en la ciudad o las que pudieron utilizar otros itinerarios. Las estimaciones oscilan entre 49.200 y 85.000 entradas, mientras que el número de personas que habrían permanecido en Ceuta se sitúa en una horquilla de entre 5.000 y 10.000.
Pese a esta considerable falta de precisión, el informe establece proporciones detalladas sobre la edad, la nacionalidad, la composición familiar y las intenciones de los participantes. También atribuye a cada grupo una función táctica determinada dentro de una supuesta operación planificada.
La metodología resulta discutible. Si no puede cuantificarse con fiabilidad el fenómeno analizado, difícilmente puede deducirse de él una secuencia perfectamente programada de perfiles humanos, cada uno con un objetivo operativo previamente asignado.
2. Una movilización masiva no implica necesariamente una dirección estatal
El informe parte de la idea de que una movilización de semejante magnitud no pudo producirse espontáneamente y que, por tanto, tuvo que existir una planificación centralizada.
Sin embargo, las redes sociales han demostrado sobradamente su capacidad para desencadenar movimientos colectivos de enorme magnitud sin necesidad de que exista un centro de mando único.
El mundo árabe vivió un ejemplo especialmente elocuente durante las movilizaciones de la Primavera Árabe de 2011, cuando mensajes, vídeos y llamamientos difundidos en plataformas digitales lograron movilizar a multitudes de forma rápida y descentralizada.
Por tanto, la magnitud y la simultaneidad de una movilización no constituyen, por sí solas, pruebas de que haya sido planificada o dirigida por un Estado.
La repetición de mensajes, el efecto de imitación, los rumores sobre una frontera abierta y la difusión de vídeos mostrando los primeros pasos pueden generar una dinámica que supere ampliamente las intenciones de quienes publicaron inicialmente los llamamientos.
El propio informe reconoce que la movilización se propagó a través de Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp; que los mensajes procedían de numerosos perfiles y números telefónicos; y que algunas personas participaron por curiosidad, imitación o por la sensación de estar asistiendo a un acontecimiento excepcional.
Todos estos elementos son compatibles con un fenómeno de contagio social y digital. No demuestran la existencia de una orden gubernamental ni de una estructura jerárquica única.
La aplicación del denominado modelo "SPREAD" puede resultar útil como herramienta teórica para analizar la viralización de los mensajes. Sin embargo, no permite identificar al supuesto autor de la campaña.
Para hacerlo sería necesario acreditar la existencia de una red coordinada de cuentas, mecanismos automatizados, financiación, infraestructura técnica y vínculos comprobables con un mandante institucional.
El informe no aporta una demostración de esta naturaleza.
3. Los prefijos telefónicos no prueban una responsabilidad institucional
El documento destaca que el 90,8% de los números examinados tenían un prefijo marroquí. Presentado de forma aislada, este porcentaje puede parecer significativo. Sin embargo, resulta previsible que la mayoría de las líneas fueran marroquíes, dado que las personas movilizadas se encontraban principalmente en Marruecos y eran, en su mayoría, ciudadanos marroquíes.
Un prefijo telefónico puede indicar el país en el que se registró una línea, pero no permite determinar la identidad de su usuario efectivo, su localización exacta, su pertenencia a una institución o la naturaleza de sus comunicaciones.
![Imagen del informe policial en la que se ve a un agente marroquí uniformado guiando a los invasores a Ceuta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11345896.jpg?p=c:601:451:nowe:0:0\/w:1706\/h:1280&h=Dj14fZpD"])
El informe reconoce, además, que no pudo identificar a los titulares de la mayoría de las líneas. En estas condiciones, la utilización de prefijos marroquíes no puede convertirse en un elemento de atribución estatal.
La presencia de números argelinos, europeos, subsaharianos y de Oriente Próximo apunta, más bien, hacia una circulación transnacional y descentralizada de los mensajes.
4. Las imágenes necesitan contexto
Otro de los elementos centrales del informe son las imágenes en las que supuestamente aparecen agentes marroquíes orientando los desplazamientos de determinadas personas.
Un ejemplo especialmente revelador de los riesgos de interpretar imágenes aisladas es el vídeo en el que aparece un gendarme haciendo bajar de un camión a varios jóvenes. Esta secuencia ha sido presentada como prueba de que el agente estaba guiándolos para facilitar su entrada en Ceuta.
Sin embargo, el contexto completo muestra una realidad muy diferente: se trataba de un camión cargado de jóvenes que se dirigían hacia Ceuta y que fue interceptado por la Gendarmería en la carretera entre Tánger y Tetuán, a más de cincuenta kilómetros de la frontera ceutí.
El gendarme les ordenó bajar del vehículo precisamente para impedir que continuaran su trayecto y alcanzaran Tetuán, situada todavía a unos cuarenta kilómetros de Ceuta. Por tanto, una actuación destinada a frenar el desplazamiento de potenciales candidatos a la inmigración irregular habría sido presentada, mediante una lectura parcial e invertida de las imágenes, como una prueba de colaboración con ellos.
Lejos de demostrar que las autoridades marroquíes guiaban a los jóvenes hacia Ceuta, la secuencia muestra la interceptación de un transporte antes de que pudiera aproximarse a la zona fronteriza.
Este caso ilustra por qué ninguna imagen puede analizarse al margen de su localización, su cronología y la secuencia completa de los hechos.
Una indicación impartida por un agente de seguridad en medio de una multitud, o la orden de descender de un vehículo, no permite determinar por sí sola la finalidad de su actuación. Atribuirle el sentido contrario al que revela su contexto puede conducir a conclusiones profundamente erróneas.
Durante los acontecimientos se concentraron decenas de miles de personas en una zona fronteriza limitada, con un elevado riesgo de ahogamientos, vías congestionadas, movimientos simultáneos de ida y regreso y una presencia importante de familias y menores.
![EuropaPress_7746545_ministro_interior_fernando_grande_marlaska_presidente_gobierno_pedro.jpg](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11346894.jpg?p=c:1727:970:nowe:40:49\/w:1706\/h:960&h=O-AlAaI9"])
En una situación semejante, las fuerzas de seguridad pueden verse obligadas a despejar carreteras, mantener corredores de emergencia, canalizar a la multitud o dirigir a las personas hacia los lugares que presenten menos peligro inmediato. Ninguno de estos comportamientos demuestra automáticamente la intención de facilitar la entrada irregular en territorio español.
Para alcanzar una conclusión de tal gravedad habría que determinar el lugar y la hora exactos de cada grabación, examinar las secuencias completas (incluido lo sucedido antes y después de cada fragmento difundido), identificar la naturaleza de las instrucciones impartidas y establecer si los agentes habían recibido órdenes de su jerarquía para facilitar los pasos.
También sería necesario realizar un peritaje audiovisual, lingüístico, geográfico y contextual independiente.
Las imágenes extraídas de las redes sociales, recortadas o grabadas desde ángulos limitados no permiten distinguir con certeza entre una operación deliberada de facilitación y una actuación destinada a interceptar desplazamientos, controlar una multitud o reducir los riesgos generados por una situación que había desbordado el dispositivo.
5. La identificación de supuestos agentes de paisano
La parte más frágil del informe puede ser la relativa a los denominados "agentes dinamizadores" no uniformados.
Estas personas son identificadas a partir de características como tener entre treinta y cincuenta años, poseer una constitución fuerte, llevar el pelo corto, vestir polos o ropa de colores neutros, utilizar zapatillas deportivas, portar una mochila o una bandolera y manejar frecuentemente un teléfono móvil.
Estos rasgos coinciden con la apariencia habitual de un número incalculable de personas. No constituyen un método fiable para identificar a integrantes de los servicios de seguridad.
Caminar en sentido contrario a la multitud, grabar los acontecimientos, usar un teléfono, ayudar a otra persona a superar un obstáculo o animar a un grupo a avanzar tampoco acredita la pertenencia a una institución estatal.
Si alguno de estos individuos dio efectivamente instrucciones a agentes uniformados, ese hecho debe verificarse examinando las grabaciones originales e íntegras. Hasta entonces, calificarlos como agentes marroquíes constituye una hipótesis que debe investigarse, no una constatación probada.
6. La sucesión de participantes admite otras explicaciones
El informe interpreta la llegada inicial de jóvenes preparados para nadar y la posterior incorporación de familias, mujeres y menores como dos fases de una estrategia: primero saturar el dispositivo español y después neutralizar su capacidad de respuesta.
Pero existe una explicación alternativa más sencilla.
Es lógico que las primeras personas en llegar fueran jóvenes que ya se encontraban cerca de la frontera, tenían la capacidad física para bordear el espigón a nado, disponían de equipos de flotación y estaban dispuestas a asumir riesgos importantes.
![Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11327129.jpg?p=w:1706\/h:960&h=mqRJ1eo7"])
Una vez difundidas las imágenes de los primeros pasos y extendida la idea de que la frontera estaba abierta, pudieron incorporarse personas menos preparadas, familias y habitantes de la región. Los primeros pasos generaron la impresión de que llegar a Ceuta era posible y que no tendría consecuencias inmediatas.
Esta es una dinámica habitual de imitación colectiva. Para demostrar que existió una planificación táctica sería necesario probar que cada grupo recibió instrucciones diferenciadas, que fue convocado a una hora determinada y que una estructura de mando organizó deliberadamente la sucesión. Esas pruebas directas no aparecen en el informe.
7. El regreso de la mayoría tampoco acredita una operación hostil
El rápido regreso a Marruecos de más del 90% de las personas es interpretado como una prueba de que la finalidad real no era migratoria, sino política.
Esta conclusión tampoco es inevitable.
El regreso puede explicarse por la falta de alojamiento, alimentos y medios de subsistencia en Ceuta; por la imposibilidad de llegar a la Península; por el temor a una expulsión; o por la constatación de que la información sobre un supuesto acceso automático al territorio europeo era falsa.
Muchas familias pudieron participar en el movimiento de manera oportunista, impulsadas por rumores y sin disponer de un verdadero proyecto migratorio. Una intención migratoria puede ser temporal, improvisada o estar basada en informaciones erróneas. Su abandono rápido no convierte automáticamente el desplazamiento en una operación política contra España.
Existe, además, una contradicción difícil de resolver: si la finalidad consistía en saturar Ceuta de manera prolongada, el retorno rápido de la inmensa mayoría de los participantes habría resultado contrario a ese objetivo.
Policías custodian un grupo de inmigrantes ilegales en Ceuta.
8. La comparación con el 15 de agosto
El informe compara la entrada de finales de julio con la tentativa frustrada del 15 de agosto y concluye que, si Marruecos pudo impedir esta última, también habría podido evitar la primera.
La comparación omite diferencias fundamentales. Antes del 15 de agosto, las autoridades ya conocían la fecha anunciada y los posibles itinerarios. Disponían de la experiencia de los acontecimientos anteriores, habían identificado las vulnerabilidades y podían movilizar efectivos adicionales, instalar controles en las carreteras e interceptar a los grupos lejos de la frontera.
La capacidad de impedir una segunda tentativa después de reforzar el dispositivo no demuestra que existiera la misma capacidad de reacción ante el primer movimiento, cuya magnitud fue excepcional.
La actuación del 15 de agosto, las detenciones realizadas y el mantenimiento de un dispositivo reforzado también pueden interpretarse como pruebas de la voluntad marroquí de impedir nuevas entradas.
9. La cooperación marroquí no puede quedar fuera del análisis
Una evaluación equilibrada debe tomar en consideración todas las actuaciones posteriores de Marruecos: el despliegue de fuerzas adicionales, los controles establecidos en las carreteras, la interceptación de candidatos a la inmigración irregular, las operaciones contra las redes de tráfico y la cooperación con España.
Especialmente relevante es la aceptación del regreso de varias decenas de miles de ciudadanos marroquíes en un espacio de tiempo muy reducido.
Esta cooperación resulta difícilmente compatible con una estrategia destinada a mantener una presión migratoria duradera sobre España. Si Marruecos hubiera pretendido prolongar la desestabilización, podría haber rechazado, dificultado o retrasado las readmisiones.
Sucedió lo contrario: la cooperación bilateral permitió reducir rápidamente la dimensión de la crisis.
Esto no impide investigar las actuaciones concretas de determinados agentes, ni descarta la posible existencia de fallos, episodios de pasividad o errores operativos. Significa, más bien, que la conducta del Estado marroquí debe valorarse en su conjunto y no únicamente a partir de una selección parcial de imágenes o testimonios.
En este sentido, Marruecos abrió una investigación para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en las que se produjeron y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
10. Descartar una hipótesis no demuestra otra
El informe considera que las organizaciones criminales conocidas carecían de capacidad para provocar una movilización de semejante magnitud.
Incluso aceptando esta conclusión, no puede deducirse automáticamente que la operación fuera organizada por un Estado. Entre una red criminal tradicional y una estructura gubernamental existen numerosas posibilidades: redes informales de traficantes, influencers, grupos militantes, actores extranjeros, campañas de desinformación, comunidades digitales descentralizadas o iniciativas individuales amplificadas por los algoritmos.
También puede haberse producido una convergencia de actores con motivaciones diferentes, sin que ninguno de ellos controlara por completo el resultado.
En investigación, excluir una hipótesis no demuestra la veracidad de otra.
11. El nivel de dirección sigue sin ser identificado
El informe propone una estructura de cinco niveles, pero reconoce que no ha podido identificar a las personas que habrían ocupado los niveles de planificación y dirección.
No se identifica a ningún mandante, responsable de la planificación, coordinador institucional o miembro de una cadena de mando marroquí. Tampoco se aporta una comunicación que contenga instrucciones destinadas a afectar a la integridad territorial española.
La existencia de una dirección es afirmada antes de que hayan podido acreditarse su identidad, estructura, comunicaciones o decisiones.
Para atribuir responsabilidad a un Estado sería necesario demostrar que las personas implicadas actuaron siguiendo instrucciones o bajo la dirección o el control efectivo de sus autoridades. Esa demostración no figura en el documento conocido.
12. La disputa territorial no es una prueba
Marruecos mantiene una posición histórica y política conocida sobre Ceuta y Melilla, mientras que España sostiene la posición contraria. La existencia de esta disputa no permite atribuir automáticamente a Marruecos cada incidente migratorio registrado en la zona.
Una reivindicación diplomática, incluso cuando se expresa públicamente, no prueba la organización de una operación sobre el terreno ni la existencia de órdenes impartidas a las fuerzas de seguridad.
Utilizar la disputa territorial como indicio de responsabilidad equivaldría a sustituir la demostración de los hechos por un razonamiento de carácter político.
13. Investigar sin convertir las hipótesis en acusaciones
El informe del CENIF debe ser examinado con seriedad. Sus imágenes, testimonios y análisis pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido y orientar nuevas diligencias. Pero sus conclusiones más graves descansan en estimaciones inciertas, fuentes abiertas, interpretaciones de comportamientos, identificaciones especulativas y una estructura de mando cuyos responsables no han sido identificados.
Por ello, no puede presentarse como una prueba concluyente de que el Reino de Marruecos, su Gobierno o sus instituciones de seguridad planificaron y dirigieron la entrada masiva.
El esclarecimiento de la verdad exige investigar el origen de los llamamientos digitales, autenticar las grabaciones, identificar a sus protagonistas, analizar las comunicaciones y determinar los fallos fronterizos y las decisiones adoptadas a ambos lados de la frontera.
También obliga a examinar las alertas recibidas por las autoridades españolas y la respuesta dada a ellas.
La cooperación entre Marruecos y España continúa siendo el instrumento más eficaz para afrontar los desafíos migratorios comunes. Esa cooperación solamente puede preservarse mediante la transparencia, el respeto mutuo y la verificación rigurosa de los hechos.
Investigar es necesario. Extraer responsabilidades acreditadas también lo será.
Pero transformar hipótesis policiales en acusaciones políticas contra un Estado, antes de disponer de pruebas concluyentes, no contribuye a conocer la verdad ni a proteger la seguridad compartida.
*** Lahcen Haddad es parlamentario, escritor y exministro marroquí.
