El exdiputado y exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, a su salida del Juzgado tras su declaración en enero de 2025.
El abismo entre la realidad y el ideal en la Justicia española
Arremeter contra el ideal de un Estado de derecho garantista es una de las prácticas más nocivas que cabe imaginar. Ponerse una venda en los ojos ante las disfuncionalidades en la práctica del sistema tampoco le va a la zaga.
Durante meses, las tertulias de televisión (ese género baratísimo donde pululan pontificadores profesionales con todo tipo de sesgos y, frecuentemente, nula idea sobre casi nada) han versado sobre los casos de corrupción del Gobierno.
No resulta extraño en estos tiempos aciagos en los que sólo un marciano o un hooligan de las siglas de un partido político podrían sostener que todo va bien.
Más allá de los lugares comunes habituales, si algo me escama en la dinámica cotidiana es el mayúsculo desconocimiento del que hacen gala nuestros opinadores de guardia sobre cómo funciona la Administración de Justicia en España.
La sensación que tengo es que no existe un afán honesto de conocer las patologías reales de nuestra justicia, sino que el verdadero objetivo es encajar los prejuicios de cada uno en el célebre relato. Caiga quien caiga.
Se puede y debe defender el Estado de Derecho de sus vituperios más zafios y peligrosos, sin construir un relato hagiográfico de la Justicia ordinaria, repleta de patologías que, al parecer, no interesa analizar ni revertir.
Buena parte de nuestra izquierda más desquiciada ha construido un discurso, entre infantil e idiota, consistente en creer que la Justicia viene gobernada por una mano negra facciosa que amordaza la democracia y encarcela a probos hombres de progreso.
Según esta construcción doctrinal, a la altura del feminismo de Ábalos, habría que denunciar el lawfare y desjudicializar la política. De esa manera, la democracia se liberaría de las amarras e injerencias judiciales que, al parecer, emponzoñan y limitan su dimensión popular.
Un juzgado de Toledo.
Lamentablemente, decir semejantes simplezas implica menoscabar la Justicia como garantía frente a la arbitrariedad de los más fuertes. Esos poderosos que no necesitan el favor de ningún juez, sino algo mucho más útil: la eliminación de cualquier fiscalización para que la única norma de aplicación sea su dominio desnudo y despótico.
El Estado de derecho no es un engorro formal, sino una garantía de civilización. Cuestión diferente es su aplicación práctica, las inequívocas carencias del sistema, los vacíos regulatorios, la mala praxis y los diseños legales e institucionales deficientes que permiten actuaciones muy poco edificantes.
Ninguna persona con una mínima experiencia con la Administración de Justicia es ajena a lo que les cuento.
Tomemos el ejemplo de un ciudadano que decidió poner en manos de un abogado su préstamo hipotecario para interponer la correspondiente demanda de nulidad frente a cualquiera de las cláusulas abusivas que habitualmente inunda(ba)n los contratos de adhesión firmados entre consumidor y entidad bancaria.
Desde hace muchos años, ese ciudadano se encuentra ante Juzgados (según la antigua nomenclatura) únicos y especializados (sic) en la materia, que se han convertido en verdaderos pozos donde la tutela judicial efectiva ha sido definitivamente arrojada por el sumidero. Hasta el punto de tener que esperar 5 ó 6 años desde la interposición de la demanda hasta su admisión a trámite.
Gracias al ínclito ministro del ramo (empecinado por ser acreedor del disputado galardón al peor de la democracia, carrera más que concurrida) deambular por un Juzgado "rebautizado" es algo así como adentrarse en el mundo de Las doce pruebas de Astérix. Un laberinto caótico y desesperante donde localizar un procedimiento y ser capaz de articular una respuesta plausible a los interrogantes del justiciable se ha convertido en todo un desafío.
Del "Vuelva usted mañana" de Larra a La Escopeta Nacional de Berlanga, el retrato costumbrista de nuestro país cada vez se parece más a una caricatura cruel.
Los mismos que se arrogan el monopolio de las esencias progresistas han ideado un sistema de mediaciones obligatorias (los célebres MASC) para burocratizar, encarecer y retrasar el acceso a la Justicia.
"La aplicación práctica del Estado de derecho dista mucho de su ideal: carencias del sistema, vacíos regulatorios, malas praxis y diseños institucionales deficientes que permiten actuaciones poco edificantes"
Donde antaño se encontraba un austero burofax entre profesionales, hoy se dota de parafernalia administrativa a una zancadilla procesal que, para colmo de lo impresentable, sirve para que zascandiles que jamás han pisado un juzgado (si me permiten el anacronismo) se pongan medallas porque se han reducido el número de pleitos.
Celebran la privatización encubierta de la Justicia mientras dan lecciones sobre lo público, con patente de corso para el desmán. Como si uno bloqueara el acceso a los hospitales públicos para vanagloriarse después de que así se reduce el número de enfermos en los mismos.
En nuestro país, si un ciudadano interpone una reclamación de cantidad en la jurisdicción civil por una cuantía no superior a los 3.000 €, las sentencias que dictan los Tribunales de Instancia no son recurribles en apelación.
Según el artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias de instancia dictadas en este tipo de procedimientos son automáticamente firmes. Otro ejercicio de respeto mayúsculo al artículo 24 de la Constitución Española, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la segunda instancia.
Así es la Justicia en España, sin exageraciones ni manipulaciones. Pero como esta realidad no responde a los cánones de la mendaz disputa partidista, no existe incentivo alguno para denunciarla.
A cuenta del dantesco espectáculo de las declaraciones practicadas en instrucción a Errejón y Mouliaá (filtradas a la prensa, como viene siendo habitual en una práctica detestable que confunde el juicio oral (audiencia pública) con la fase de investigación (no lo es), y el deber de información con el sensacionalismo escabroso y nulamente garantista, señalaba con precisión Alejandro Molina en su artículo Justicia Ordinaria:
"Me parece a mí que lo que ocurre es que España se creía que los juzgados eran ese televisado baile versallesco que excepcionalmente representaron (para nada, a fin de cuentas) Marchena y su Sala II del Tribunal Supremo con los golpistas enchulados del procés y sus engolados letrados.
Pero no, las maneras exhibidas estos días en los casos citados son moneda bastante común, no sólo con las mujeres denunciantes (o con un investigado) por agresión sexual, sino con cualquiera que tiene la desgracia de no tener más remedio que acudir allí (sea profesional o justiciable) a pedir cualquier cosa a la que tenga derecho y de la que se le haya privado injustamente."
"En la habitual praxis forense, los modos deleznables y chulescos están naturalizados y convivimos a diario con comportamientos impropios de la dignidad que se le supone a la Administración de Justicia"
Sin aspirar a la reproducción del baile versallesco, uno sigue pensando que unas formas mínimamente civilizadas no son una cuestión adjetiva, prescindible ni ajena al fondo de la resolución de los conflictos.
En la habitual praxis forense, los modos deleznables y chulescos están naturalizados y convivimos a diario con comportamientos impropios de la dignidad que se le supone a la Administración de Justicia.
Se han normalizado salidas de tono, improcedencias, impertinencias y afanes de protagonismo patológico de quienes son incapaces de diferenciar y salvaguardar la auctoritas de su cargo de las veleidades narcisistas que acechan, especialmente cuando hay una cámara cerca.
No son pocos los personajes de todos los gremios incapaces de percatarse de que esa misma auctoritas se disuelve como azucarillo en vaso de agua precisamente cuando uno ubica su teatrillo egocéntrico por encima de las instituciones que representa, socavando así su dignidad y proyectando una imagen pública degradante de un poder esencial de nuestro sistema democrático.
Arremeter contra el ideal de un Estado de derecho garantista y de un sistema de gobierno basado en el imperio de la ley (no en la arbitrariedad de los que aspiran a actuar sin fiscalización alguna) es una de las prácticas más nocivas y despóticas que uno pueda imaginar.
Ponerse una venda en los ojos ante las disfuncionalidades del sistema tampoco le va a la zaga.
Porque esto socava el ideal de una Justicia independiente e imparcial y lo sustituye por la realidad de un maltrecho edificio repleto de goteras: dilaciones vulneradoras de la tutela judicial efectiva, diseños legislativos e institucionales dantescos y formas visualmente engoladas, pero sustantiva y habitualmente ahuyentadoras de cualquier hijo de vecino que tenga la mala fortuna de conocerlas.
*** Guillermo del Valle Alcalá es abogado y director El Jacobino.
