Cola en el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir los papeles para la regularización.

Cola en el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir los papeles para la regularización. E. E.

Tribunas

Sobre la "prioridad nacional"

La ecuación de la inmigración no puede ser más difícil de resolver. La única forma de abordar este asunto es desde la prudencia y el principio de realidad.

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Si algún asunto ha devenido ineludible en la palestra política, ese es el de la inmigración.

No importa tanto la dimensión real de la cuestión, sus derivadas problemáticas cotidianas o el uso político espurio que se hace de la misma por los diferentes actores políticos. La percepción de las cosas, como tantas veces, supera en importancia política a la realidad misma.

Cualquier discurso político que se precie de estar anclado a la realidad debe atreverse con el asunto migratorio.

Cuestión distinta es la manera de abordarlo, puesto que el enfoque racional suele ser mucho menos provechoso en términos electorales que aquel que apela sin disimulos a las bajas pasiones.

Si algo complejiza el abordaje de la inmigración es el populismo retórico habitual. Da la sensación de que cualquier planteamiento que escape del sensacionalismo identitario constituye una imperdonable equidistancia o tibieza, sobre la que recaen toda clase de vituperios y denigraciones.

Uno de los representantes patrios de la extrema derecha, Vox, el único que algunos sedicentes progresistas identifican como tal (la brújula averiada de la izquierda oficial impide ubicar ahí a Junts, aunque ahora parezca que Yolanda Díaz empieza a descubrir el Mediterráneo después de tanto tiempo habitando en Babia), ha puesto en circulación un criterio nada novedoso y que, sin embargo, tiene la capacidad de hacer el suficiente ruido mediático para recuperar cierta iniciativa política ahora que las encuestas muestran un estancamiento de la formación de Abascal: la prioridad nacional en las ayudas sociales.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Como digo, nada nuevo en la política comunitaria ni en los homólogos de la derecha radical.

Tampoco en muchos que, a fuerza de declives electorales, apuntan en la misma dirección en diversos puntos cardinales del mapa, tanto geográfico como político.

He ahí la socialdemocracia nórdica, antaño paradigma de inclusión y bienestar social, precisamente en contextos nacionales plenamente homogéneos desde el punto de vista étnico, hoy enseñando la patita de constreñir esas ayudas a criterios nativistas frente a la presión de los flujos migratorios, inéditos en otros tiempos.

Vox sabe que la baza migratoria le permite distinguirse del PP y ubicarlo frente al espejo de sus propias contradicciones. Si Ayuso ha hecho gala de una suerte de neoliberalismo globalista, subrayando que Madrid es la tierra de todos los acentos, al tiempo que ayudaba a situarla en el mapa de las ciudades apetitosas para el capital global, Vox se presentaría como el verdadero defensor de la soberanía nacional y de las fronteras frente a los flujos migratorios.

Esta es la carta de presentación aparente porque, como suele ocurrir siempre, la realidad es bastante más poliédrica, compleja y contradictoria que una instantánea, siempre presta a manipulaciones.

Así, ambos partidos mantienen acuerdos y alianzas de gobierno, y son plenamente conscientes de que están obligados a entenderse si no quieren la repetición de un nuevo Frankenstein.

La derecha cierra filas, a pesar de que, si las diferencias ideológicas profundas estuvieran delante de la conveniencia electoral y el ansia de poder, deberían reconocer la dificultad de conciliar dos tendencias política muy distantes.

Por un lado, un planteamiento ciertamente anacrónico en los tiempos que corren, que no deja de ser la reivindicación del paradigma neoliberal "al modo Thatcher-Reagan" que ni siquiera los Estados Unidos defienden ya de manera inequívoca, ante las invectivas proteccionistas de Trump y la impugnación del dogma del libre comercio.

El paradigma neoliberal siempre prescribió la dilución de la soberanía nacional en un magma global regido por el arbitrio de los mercados y las fuerzas económicas, donde las fronteras se disolvieran en favor del imperio de la triple libre circulación: capitales, mercancías y personas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. Kiko Huesca EFE

Por otro, el antagónico paradigma del cierre de fronteras y el repliegue nacionalista, de corte tendencialmente autocrático, frente a la globalización y sus dinámicas.

Conciliar globalismo y nacionalismo resulta harto complicado, aunque en buena parte del mundo se trata de hacer en nombre del eje izquierda-derecha. El interrogante sobre la sostenibilidad en el tiempo de esa alianza es más que pertinente.

Tampoco desde la óptica clásica de la izquierda resulta sencillo resolver la ecuación migratoria y articular un posicionamiento adulto, que escape de la habitual técnica del avestruz (agachar y esconder la cabeza) o de la igualmente pueril tendencia de adscribirse u oponerse tribalmente a aquello de lo que se habla, sin espacio a reflexión racional alguna, como si de una nueva muesca en la batalla cultural se tratase.

La gran contradicción histórica de la izquierda viene dada porque todos sus proyectos de emancipación y autonomía han sido siempre universalistas. Lo fue la izquierda desde el surgimiento histórico del concepto, en su origen ilustrado, y lo fueron también el marxismo y su práctica revolucionaria, a través del internacionalismo obrero.

La aspiración a una sociedad donde la libertad de todos estuviera garantizada, donde los hombres pudieran emanciparse y liberarse de las ataduras del origen, encontraba sin embargo una elemental limitación práctica: el terreno de juego no era universal, aunque los principios sí lo fueran.

He ahí la contradicción más sustantiva de todas: el Estado-nación, por definición limitado y limitativo, ha sido, en su vertiente social, democrática y de Derecho, el espacio de mayor realización de aquel proyecto de emancipación universal. Eso sí, sólo para los que tenían la fortuna de nacer "en el lado bueno de la frontera".

Para los que caían al otro lado, la tiranía de origen se presentaba con toda su crudeza como un lastre para el desarrollo, bienestar y dignidad.

La ecuación no puede ser más difícil de resolver. Es por ello que cuando se trata de ofrecer una solución sencilla, con proclamas efectistas y demagógicas, es más que probable que lo que haya detrás sea un burdo intento de manipulación política. La única forma de abordar este asunto es desde la prudencia y el principio de realidad.

Por más loables que sean las intenciones, un Estado-nación no tiene capacidad de absorción ilimitada de los flujos migratorios globales. Parece razonable que la izquierda no asuma las tesis del Instituto Juan de Mariana o de la Mont Pelerin Society cuando, en su fervor neoliberal, abogan por disolver las fronteras nacionales y permitir un flujo de mano de obra barata, al servicio de los intereses del capital, para bajar salarios y terminar de disolver las garantías del Estado social, allí donde aún se conserve una estructura de ese tipo.

De la misma manera, una izquierda racionalista y que no pierda ese horizonte de emancipación universal no puede bascular hacia una demencial competencia nacionalista con formaciones nativistas e identitaristas que, a duras penas, esconden su pulsión xenófoba bajo criterios de cribado de la ciudadanía a través de parámetros culturales o etnolingüísticos, la forma "presentable" de asentar la nación en retóricas de pureza que nada tiene que ver con la ciudadanía democrática, garantizada por leyes comunes que preserven iguales derechos y deberes para todos.

Nos encontramos ante un desafío que una vez más interpela a la razón, asediada desde todos los flancos políticos.

Frente a la descomposición de las naciones políticas en subcomunidades y guetos identitarios que se rigen por leyes privadas, religiosas o culturales, sin capacidad de convivencia real entre ciudadanos.

Frente al inquietante movimiento pendular hacia el filtro étnico-identitario de la comunidad política, sigue siendo necesario aspirar a que la comunidad democrática (de momento nacional y, si la Unión Europea algún día termina por priorizar la democracia y la justicia social sobre la ortodoxia económica, tal vez mañana supranacional) se abra paso sobre la base de la ciudadanía común e indivisible, el respeto a leyes justas e iguales para todos y, a partir de las mismas, la diversidad cultural entendida como una opción y no como un imperativo identitario de disgregación política.

*** Guillermo del Valle Alcalá es abogado y secretario general de Izquierda Española.