El esclavismo oculto en España

Es la esclavitud moderna que campa hoy, para nuestra vergüenza, por el territorio español.

¿Se reconocen y se persiguen tales conductas en España bajo el nombre propio "trabajo esclavo"? No. El Consejo de Europa ha constatado, en repetidas ocasiones, que, en comparación con países como Alemania, Francia, Italia o Portugal, las Administraciones públicas españolas no cuentan con herramientas suficientes ni apropiadas para identificar, detectar y perseguir el trabajo forzoso.

Ello por la sencilla razón de que no se castiga como tal en el Código Penal, pese a ser la figura base de la "esclavitud moderna", como afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Imágenes de la operación de la Guardia Civil en Nules. Ministerio del Interior

Ello explica también que, en estos contextos, la gran mayoría de las ONG no dispongan de recursos y capacitación suficientes para brindar atención especializada a estas víctimas, sobre todo cuando son hombres.

Porque España hasta hoy se ha centrado en perseguir la trata con fines de explotación sexual.

El relato de esa noticia trasciende la explotación laboral, es decir, la que tiene lugar en el marco de un trabajo voluntario: el derecho de las personas a no ser sometidas a trabajo forzoso como forma de esclavitud tiene sustantividad propia tanto como la prohibición de la tortura, el trato inhumano o degradante.

"La persecución y prevención de la explotación forzosa laboral no forma parte de la agenda política"

Hablamos del aprovechamiento de personas sometidas al control de otras que las reducen a la condición de objeto disponible y fungible. Eso señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando condenó a Francia por incumplir el deber de perseguir estas conductas con nombre propio en un supuesto de esclavitud doméstica de una menor.

España aún no ha respondido a los compromisos del Consejo de Europa, tampoco al Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la criminalización del trabajo forzoso (en vigor desde el 20 de septiembre de 2018), ni a la Directiva de la Unión Europea de 2024, que obliga a castigar como delito la explotación y el uso de servicios de una víctima de trata.

La persecución y prevención de la explotación forzosa laboral no forma parte de la agenda política.

Cierto es que, en 2021, el Gobierno español aprobó el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, pero no se ha implementado todavía.

Imágenes de la operación de la Guardia Civil en Nules. Ministerio del Interior

Mientras tanto, la voluntad de hacer cumplir el deber de diligencia del Estado español en la incriminación de toda práctica de esclavitud moderna se puso firmemente de relieve en el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, aprobado el 29 de noviembre de 2022 y posteriormente retomado el 8 de marzo de 2024.

Sin embargo, inquieta que esta propuesta legislativa, de enorme calado para los derechos humanos y que logró el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial, se encuentre guardada hoy en un cajón del Ministerio de Igualdad.

Nada se sabe de las razones de su abandono. Seguramente, el foco mediático dirigido a las propuestas abolicionistas del entorno de la prostitución voluntaria haya eclipsado de nuevo la adecuada atención a todas las víctimas de trabajo forzoso, hasta hoy olvidadas.

La conclusión parece clara. Mientras se va pensando en cómo abolir la prostitución, se va instalando el esclavismo en España sin reacción institucional alguna.

Estamos retrocediendo en el tiempo a pasos de gigante.

*** Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

*** Esther Pomares Cintas es catedrática de Derecho penal de la Universidad de Jaén.