La ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. Europa Press

Tribunas

Cada pulsera antimaltrato que falla es una vida en peligro

¿De qué sirve autoproclamarse feminista si en la práctica se juega con la vida de las mujeres o se mira para otro lado? Ana Redondo debería dimitir de inmediato.

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Hablar de las pulseras de control para maltratadores no es hablar de un aparato técnico sin más.

Es hablar de mujeres y de niños que dependen de que ese dispositivo funcione cada segundo del día.

Es hablar de vidas enteras que confían en la protección del Estado para poder salir a la calle, llevar a sus hijos al colegio o, simplemente, dormir tranquilas.

Por eso, cada fallo, cada error, cada excusa, no es un dato administrativo, es una mujer temblando en su casa, un hijo mirando con miedo a la puerta, un agresor que se siente libre para atacar. Y eso debería estremecernos a todos.

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad —desde Irene Montero hasta la actual ministra Redondo— y con Félix Bolaños al frente de la coordinación, ha preferido mirar hacia otro lado y repetir una y otra vez que todo eran "bulos".

Que no pasaba nada. Que no había fallos.

Pero los jueces, la Policía y las propias víctimas lo desmienten con crudeza.

Pulsera de localización para acusados y condenados por violencia de género

Pulsera de localización para acusados y condenados por violencia de género Europa Press Omicrono

Durante ocho meses la migración de datos de Telefónica a Vodafone se retrasó por pura ineptitud. Ocho meses sin control, ocho meses en los que los jueces tuvieron que archivar expedientes porque la información se había perdido.

¿Cómo se le explica a una mujer que denunció a su agresor que el sistema no podía garantizar su seguridad porque "la base de datos no se había migrado bien"?

No fue un error técnico, fue un abandono que equivalía a darle impunidad al maltratador, un cheque en blanco para hacer lo que quisiera mientras la víctima quedaba sola y desprotegida.

Y no fue sólo un retraso. ¿Qué seguridad hay en un sistema en el que el maltratador se puede quitar la pulsera y quedar libre para acosar, golpear o incluso matar?

Eso no fue un fallo de cobertura, fue una puerta abierta al horror.

La Policía denunció fallos continuos, falsos avisos que generaban miedo, problemas de cobertura que congelaban la localización y baterías que no duraban ni un día.

Lo confirmaron jueces y fiscales, lo advirtió el propio CGPJ, el Observatorio contra la Violencia de Género, pero desde el Gobierno se respondió con silencio o con burla: "Son bulos".

Desde junio de 2024 ya existían informes que señalaban los fallos del sistema.

¿Qué hizo el Gobierno? Nada.

¿Qué dijo el Ministerio? Nada.

"Cada día que pasa sin soluciones, cada pulsera que se queda sin batería, cada dispositivo que no se revisa a tiempo, es una víctima que duerme con miedo"

Lo importante no era proteger a las mujeres, sino mantener el relato de que este era el Gobierno "más feminista de la historia".

Son los de la ley del sólo sí es sí que puso en libertad a más de un centenar de agresores sexuales, los de los negocios opacos en saunas, los que, con el dinero de todos, "invirtieron" en prostitución y fiestas.

Y, mientras se llenaban la boca con palabrería, abandonaban a más de 5.400 mujeres cuya vida dependía de que estas pulseras funcionaran.

La entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advirtió durante meses a la ministra de Igualdad; los jueces lo exigieron, las asociaciones lo denunciaron, y, aun así, el Ejecutivo hizo caso omiso.

¿De qué sirve autoproclamarse feminista si en la práctica se juega con la vida de las mujeres? Al final, tan culpable es el que agrede como el que permite y mira hacia otro lado.

Por lo tanto, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería presentar su dimisión de inmediato. No hay medias tintas posibles cuando hablamos de la seguridad de miles de mujeres.

Mantenerse en el cargo tras conocerse este cúmulo de negligencias es un insulto a las víctimas y a toda la sociedad. Exigir su salida no es un gesto político, es un acto de responsabilidad y de respeto hacia quienes viven con miedo cada día.

Ser valientes en la toma de decisiones significa no dejar ninguna duda: alguien debe responder y asumir las consecuencias.

Es hora de exigir explicaciones, de reconocer que se ha fallado y de rectificar de inmediato.

Porque cada día que pasa sin soluciones, cada pulsera que se queda sin batería, cada dispositivo que no se revisa a tiempo, es una víctima que duerme con miedo, un hijo que reza en silencio para que su madre esté a salvo.

No son bulos. Son vidas. Y no hay excusa posible.

*** Gema Covadonga es diputada.