Imágenes del sabotaje ocurrido en la línea ferroviaria.
Después del robo del cobre, ¿se endurecerán las penas a los delincuentes?
España lleva años arrastrando un problema de criminalidad que es incapaz de abordar debido a una legislación penal inadecuada.
Llevamos muchos años, muchos, viendo cómo se multiplican determinados delitos. Y estos días lo estamos contemplando de nuevo de manera abusiva.
Daños en infraestructuras con gravísima afectación de servicios públicos esenciales.
Tenencia de armas, incluso de guerra, en manos de organizaciones criminales.
Delitos de hurto reiteradamente cometidos por los mismos sujetos que en ocasiones son detenidos decenas de veces en el mismo año, y que se han profesionalizado en esa actividad. Es decir, que han convertido esos "pequeños asaltos" en una forma de vivir.
Sujetos que han convertido en profesión la compra de objetos robados.
Y un largo etcétera.
A pesar de esta realidad, por parte de los poderes públicos no se observa una reacción suficiente. Y en no pocos casos, cuando responden, lo hacen mal, muy mal y empeoran el problema. Y en todo caso siempre lo hacen tarde.
¿Por qué tarde y mal?
En primer lugar, porque los que legislan desconocen, generalmente, la magnitud del problema.
¿Por qué? Porque en España carecemos de una "oficina criminal" (el INE no sirve a estos efectos), o llámese como se quiera, que nos proporcione datos, sobre delitos y delincuentes, suficientemente desglosados que permitan tomar decisiones responsables. No existe.
¿Por qué? Porque no les ha dado la gana a nuestros responsables políticos. No han querido, a pesar de que son indispensables y se han reivindicado repetidamente. Así, se suele legislar a ciegas, sin conocer la realidad sobre la que se quiere normar.
En segundo término, porque parece que nuestros "responsables" no han comprendido que la magnitud de la pena debe depender, entre otros factores, de la importancia del daño o del peligro generado, de la abundancia o frecuencia de los hechos criminales, o de la afectación a los intereses colectivos.
¿Acaso es razonable que la pena con que se amenace la tenencia ilegal de una pistola, de un revolver, sea, en el mínimo, sólo un año? ¿Para qué se creen nuestros responsables políticos que un integrante de una banda criminal tiene una pistola? ¿Para qué?
Operación policial contra el robo de cobre. Efe
¿De verdad es razonable amenazar, en su mínimo, con un año de prisión ‒es decir, no entrará en prisión‒ a quien roba el cable eléctrico y deja a los trenes u otros servicios públicos sin fluido para funcionar? ¿No sería lógico en este último caso "jugar" con penas de prisión mucho más elevadas a los detenidos por estos delitos (que son muchos, por un número de delitos que no deja de crecer anualmente)?
¿Y los receptadores? ¿No merecerían un distinto cálculo de la pena (elevándolas), para así motivarles a no realizar esos hechos delictivos?
En tercer lugar, ¿cómo es posible que no acudan nuestros legisladores, en tropel, a castigar gravemente las conductas, de cualquier tipo, que se cometan contra los intereses colectivos? ¿Por qué nuestro Código Penal no se estructura, en lo que importa a las penas, atendiendo a lo colectivo?
Sé, desde luego y tras muchos años de experiencia, que a nuestros legisladores no se les puede pedir mucho, pues su falta de capacidad ha quedado más que demostrada. Y por referirme sólo al Código Penal, desde la fecha de aprobación de éste en 1995.
Así y todo, ante acontecimientos como los de estos días (y los muchos que venimos arrastrando desde hace años en relación con la criminalidad organizada, especialmente en la Costa del Sol, o en Cataluña y Algeciras), es inexcusable que nuestros representantes aborden el problema criminal y penal que tenemos en España. Y que eviten que el territorio nacional se termine convirtiendo en lugar poco recomendable.
*** Francisco Javier Álvarez es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.
