A la economía española se le acaba el tiempo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE

La realidad ha ido desmintiendo todas y cada una de las previsiones del Gobierno y minando la credibilidad de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Pero, sobre todo, y lo que es más grave, la credibilidad del país. 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados para 2022 y el cuadro macro que los sustentaba apenas duraron dos semanas. De un crecimiento previsto para este año del 7%, el Gobierno, arrastrando los pies, tuvo que reducirlo al 4,3% a finales de abril.

Acabamos de conocer el Informe Anual 2021 del Banco de España (BdE). Entidad que junto a la Airef, por el rigor en sus valoraciones y recomendaciones, ejemplifica lo que debe ser una institución independiente.

En el informe del BdE queda patente que España es la economía europea que peor se ha comportado desde el inicio de la crisis. También se advierte de una futura revisión a la baja en su previsión del PIB para este año a consecuencia de la desaceleración en el crecimiento, que se ha hecho patente en el raquítico dato del 0,3% del primer trimestre de este año.

El nivel de actividad de nuestra economía se encuentra todavía 3,4 puntos porcentuales por debajo del observado antes de la pandemia. También seremos el último país europeo en recuperar los niveles previos a la crisis, para lo que tendremos que esperar hasta finales de 2023. 

"Las rentas medias y bajas son las que más están padeciendo los efectos de una inflación que no es un fenómeno coyuntural, como nos dijeron reiteradamente desde el Gobierno"

No por más deseado lo ansiado se convierte en cierto. Insistir tozudamente en la robusta recuperación cuando no se ha sabido reaccionar durante meses ante la inflación, o gestionar los fondos europeos, no hace sino evidenciar la falta de consistencia en la gestión económica del país. 

Las rentas medias y bajas son las que más están padeciendo los efectos de una inflación que no es un fenómeno coyuntural, como nos dijeron reiteradamente desde el Gobierno. Su persistencia, a pesar del incremento extraordinario en la recaudación a costa de los más vulnerables y de la competitividad de las empresas, provocará que disminuyan los ingresos del Estado en el medio y largo plazo. 

El BdE señala en su informe lo prematuro que resulta bendecir la reforma laboral y sus efectos. Los cambios en la nomenclatura de los contratos no ocultan que la temporalidad sigue estando presente en nuestro mercado laboral en forma de fijos discontinuos, pero sobre todo en la duración media de los contratos, que ha caído en abril hasta 47 días desde los 60 del mes de marzo, y que se ha situado de nuevo en los niveles de diciembre del año pasado. 

La reforma troceada de las pensiones que ha diseñado el ministro José Luis Escrivá no aporta ninguna medida que conduzca a su sostenibilidad. Más bien al contrario. Sobre este particular, el informe del BdE no deja lugar a dudas. El BdE solicita en él que los pensionistas formen parte del pacto de rentas y que las pensiones no se revaloricen con el IPC. Si la situación se mantiene, esto tendrá graves consecuencias en el gasto público este año y, por su consolidación, en los años venideros. 

Y es que la salud de las cuentas públicas es nuestro gran riesgo a futuro. La deuda pública española se situó en marzo de 2022 en el 117,7% del PIB, con un volumen récord de 1,45 billones de euros y con el Banco Central Europeo (BCE) en plena reducción de su programa de compras. Programa que finalizará en junio, anunciando una posible subida de tipos de interés para la segunda mitad de 2022.

Eso supondrá más presión sobre la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas por el incremento en los costes financieros de las emisiones del Tesoro. Basta mirar la rentabilidad del bono español a diez años para hacerse cargo del problema. El 30 de diciembre del año pasado, esa rentabilidad se situaba en 0,584%. Al cierre del 18 de marzo había escalado hasta el 2,090%.

La Airef y el Banco de España piden un plan de consolidación fiscal creíble que recupere la capacidad de reacción futura de la política fiscal ante situaciones imprevistas.

No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Y para eso es necesaria una urgente revisión y posterior racionalización del gasto público. España necesita reformas que permitan que los recursos que salen del bolsillo de los ciudadanos se gestionen de forma eficaz y eficiente.

"Las empresas y los autónomos no han recuperado la facturación de 2019, pero pagan más por la energía y por los combustibles, y sus costes laborales son mayores"

Es una cuestión de justicia social. ¿Qué puede pensar una familia que apenas llega a final de mes al saber que hay 60.000 millones de gasto ineficiente, según el Instituto de Estudios Económicos? 

Las empresas y los autónomos no han recuperado la facturación de 2019, pero pagan más por la energía y por los combustibles, sus costes laborales son mayores, afrontan aplazamientos de alquileres derivados de la pandemia que se suman a los propios de este año y, además, están más endeudados y tienen más costes financieros que en 2019. 

¿No merecen que la recaudación extraordinaria que nutre las políticas de gasto del Gobierno se destine a las actividades más productivas y de mayor efecto multiplicador?

Las reformas estructurales no pueden seguir aplazadas sine die. Es prioritario transformar la Administración y hacerla más ágil, transparente, eficiente en la prestación de los servicios y con una regulación inteligente que evite el exceso normativo que lastra la competitividad de las empresas y dificulta la unidad de mercado que reclama Europa.

Cada día que pasa, los riesgos que sobrevuelan nuestra economía son mayores. No se puede seguir haciendo oídos sordos y esperar que unos fondos europeos que no llegan al tejido empresarial resuelvan por nosotros los problemas. 

Necesitamos valentía y un Gobierno responsable que facilite la competitividad y el dinamismo, pero que también piense en facilitar el camino a los emprendedores del mañana.

Y el tiempo apremia.

*** Santiago Sánchez es economista.