María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

LA TRIBUNA

'Justicia fiscal': el eslogan que significa lo contrario de lo que sugiere

El autor analiza el concepto de “justicia fiscal” y defiende la idea de que este debe ajustarse a criterios de eficiencia y economía.

23 abril, 2021 01:02

La convocatoria de elecciones autonómicas en Madrid ha reavivado el debate sobre la fiscalidad. Podemos y Más Madrid proponen sin rodeos una nueva subida de impuestos. El PSOE también, pero de forma confusa.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, que en febrero propuso una subida fiscal, ahora afirma que “por dos años no hay que tocar la fiscalidad”. Al mismo tiempo, la ministra María Jesús Montero ha puesto en marcha una comisión de expertos para revisar al alza el sistema tributario.

Los argumentos son conocidos. Hay que mejorar los servicios públicos (en especial la salud y la educación), y para eso hace falta dinero.

Pablo Iglesias va más allá de lo financiero y vincula el aumento de impuestos con un acto de justicia. “Justicia fiscal” para alcanzar la “justicia social”. Más aún. Iglesias afirma que es necesario aumentar los impuestos para “cumplir la Constitución”.

Según el líder morado, sólo así se daría cumplimiento al artículo 31 de la misma, el que establece la progresividad como uno de los principios del sistema tributario.

Uno de los problemas de la progresividad es que siempre hay margen para que los impuestos sean más progresivos.

Sin embargo, un impuesto a la renta de tipo único y un cierto mínimo exento serían suficientes para cumplir ese principio constitucional. Que para Iglesias no sea suficiente, es otra cosa.

Todo lo que el Estado gasta lo financia a través de la confiscación, vía impuestos, de una parte del fruto del trabajo de la gente

No sólo es falso decir que la Constitución exige un aumento de impuestos, sino que el mismo artículo 31 determina que el sistema tributario nunca “tendrá alcance confiscatorio”.

Menos obvio es el tema de la justicia fiscal. En el fondo, surge de la idea del Manifiesto Comunista: “De cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad”. La ministra Montero lo parafraseó al explicar cómo debería ser el nuevo sistema tributario.

Por su propia naturaleza, un socialista (mucho más un comunista) tenderá a exagerar tanto la capacidad tributaria de los ricos como las necesidades del sector público.

Y por eso mismo tendrá dificultades para aceptar que una determinada carga tributaria ya es suficiente.

El asunto se ve más claramente si, en lugar de fijarnos en la recaudación, nos centramos en lo que se hace con el dinero recaudado.

El citado artículo 31 de la Constitución, al hablar del gasto público, dice que su ejecución “responderá a los criterios de eficiencia y economía”.

Para dar unos ejemplos ampliamente conocidos. ¿Responde a estos criterios, por ejemplo, el rescate de la aerolínea Plus Ultra? ¿O los 450 millones de euros asignados al Ministerio de Igualdad?

El Gobierno, en todos sus niveles, debe ser austero y escrupuloso a la hora de gastar por un motivo elemental: todo lo que gasta lo financia a través de la confiscación, vía impuestos, de una parte del fruto del trabajo de la gente.

La verdadera justicia fiscal consiste en no confiscar a la gente ni un solo euro más que el estrictamente necesario

Todo gasto que no responda a los “criterios de eficiencia y economía” conlleva una confiscación adicional, innecesaria e injusta.

Acepto que la vida civilizada requiere de la presencia de un cierto aparato estatal para garantizar la defensa de los derechos individuales mediante servicios como la administración de justicia, la seguridad y la defensa exterior.

Es necesario que haya impuestos para financiar ese gasto imprescindible.

Pero que los impuestos sean necesarios no implica que sean justos. Ni siquiera la aplicación eficiente de la recaudación tributaria en un estado mínimo cambiaría la naturaleza de los impuestos, más parecida a la de un robo que a la de una cuota o una donación.

La verdadera justicia fiscal consiste en no confiscar a la gente ni un solo euro más que el estrictamente necesario para el cumplimiento efectivo de las funciones exigidas al Gobierno.

Tomar por bueno el actual nivel de gasto público (exagerado por donde se lo mire) y decir que es de justicia cobrar más impuestos para financiarlo no sólo es una política ruinosa en lo económico, también coarta la libertad individual.

Ojalá la gente vote por la idea correcta de justicia fiscal.

*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados.

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