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LA TRIBUNA

Menores no acompañados: criminalizar nunca es una solución

La autora condena los discursos populistas que promueven el rechazo social hacia los denominados 'menas' y reclama políticas para garantizar su protección.

21 noviembre, 2020 01:03

Cuando nos paramos a pensar en la situación de los menores no acompañados, se ve claramente lo injusto e irresponsable de la actitud de determinados sectores sociales y representantes públicos que estigmatizan y culpabilizan de manera generalizada y a las primeras de cambio a este colectivo tan vulnerable.

El último ejemplo lo tenemos en la posición que algunos partidos políticos, como Vox, han mostrado ante los altercados, actos vandálicos y saqueos que se han producido en las últimas semanas, precisamente a raíz de manifestaciones convocadas o apoyadas por este grupo político contra las restricciones sanitarias. Es muy triste ver cómo se acusa a estas personas sin fundamento ni prueba alguna, y especialmente indignante la utilización de estos menores, llamados menas despectivamente, como chivos expiatorios por puro interés partidista.

Cuando se aborda un tema tan serio y complejo, lo mínimo que debemos exigir es rigor. Por ello, lo primero que debemos resaltar es que, según los pocos datos disponibles a nivel nacional sobre los menores extranjeros, no hay una relación entre el aumento de niños, niñas y adolescentes que migran solos y los índices de criminalidad, tal y como muestran las estadísticas.

Según las memorias de la Fiscalía, mientras el número de menores no acompañados aumentó en un 323% durante el período 2012-2018, el porcentaje de menores extranjeros que fueron detenidos e investigados cayó un 32%, tal y como registra el sistema estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Sin embargo, esta falta de pruebas no parece hacer mella en una suerte de pensamiento mágico que combina el temor y la inseguridad -que generan la criminalidad que se produce, sobre todo, en entornos socieconómicos vulnerables- con los prejuicios y la intolerancia. Desde determinados sectores políticos populistas no se hace sino azuzar estos miedos, buscando la rentabilidad política a costa de sembrar el odio y el rechazo social hacia un grupo vulnerable.

Debemos ser conscientes de que criminalizar, estigmatizar o señalar no es ni puede ser nunca una solución

Si conseguimos atravesar esta maraña de prejuicios y miedos, si superamos la deshumanización que encierra el acrónimo mena, veremos una problemática que nos habla de niños, niñas y adolescentes solos en un país extranjero y, por tanto, especialmente vulnerables. Se intenta distorsionar su realidad y aprovecharse de su indefensión, se oculta la difícil situación por la que pasan hasta llegar a nuestro país, que están sometidos a la tutela de la Administración porque están solos y no cuentan con ningún familiar ni referente adulto.

Es obvio, y somos conscientes de ello, de que muchos de estos menores viven en condiciones complicadas que pueden conllevar la comisión de infracciones; si bien, según nos muestran las estadísticas oficiales, éstas, cuando se producen, suelen ser en su mayoría leves. Este tipo de conductas son comunes a todos los jóvenes que viven en entornos socieconómicos vulnerables, por lo que no es posible deducir de manera honesta que estén ligados a su origen.

En cualquier caso, es nuestra obligación, como sociedad y como representantes públicos, dar soluciones a estos menores no acompañados, a todos los jóvenes vulnerables y a estas conductas destructivas en todos los jóvenes de la clase y condición que sean, siendo conscientes de que criminalizar, estigmatizar o señalar no es ni puede ser nunca una solución.

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde Ciudadanos apostamos por condenar los discursos populistas que promueven el rechazo social hacia estos niños, niñas y adolescentes y hacia cualesquiera otros. Somos conscientes de que son menores, amparados por la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debemos darles respuestas, ofrecerles un camino.

En Ciudadanos proponemos soluciones que pasan por disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una adecuada atención en los centros que residen estos menores. El propio Defensor del Pueblo ha constatado que algunos viven hacinados, en centros que no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad, climatización o ventilación óptimas -algo especialmente preocupante durante la epidemia de coronavirus- y que los profesionales que prestan servicios en los mismos se ven habitualmente desbordados.

Es fácil asumir su realidad si pensamos qué sucedería con nuestros hijos si se encontraran ante la misma situación

Es evidente que ha habido dejadez, un apoyo escaso al acogimiento familiar como opción preferente para estos menores y un déficit en el desarrollo de programas efectivos de inclusión social y educativa que faciliten su tránsito a la vida adulta. La realidad nos demuestra que muchos de estos jóvenes, algunos de los cuales han pasado la mayor parte de su vida en España, se enfrentan a un punto de inflexión cuando cumplen la mayoría de edad: en ese momento, dejan de estar bajo la protección de la Administración, sin que muchas veces se les haya preparado para poder labrarse un futuro por sus propios medios. Creo que es fácil asumir su realidad si pensamos qué sucedería con nuestros hijos o sobrinos si se encontraran ante la misma situación.

Pero las carencias en la atención que se dispensa a estos menores también se deben a la falta de implicación, coordinación y colaboración entre las Administraciones públicas, que han provocado que no pocas veces los territorios más expuestos a la llegada de migrantes -Ceuta y Melilla, Canarias, Andalucía o Baleares-, en la mayoría de casos únicamente con finalidad de tránsito hacia otro destino definitivo, sean quienes tengan que hacer frente al problema en solitario, con sus propios medios y sin ayuda por parte del Gobierno, de la Unión Europea o del resto de Comunidades Autónomas.

Las soluciones pasan siempre y en todo caso por garantizar la protección de estos menores frente a las campañas de estigmatización, los discursos xenófobos y de odio de los que son víctimas, potenciar el acogimiento familiar, asegurar la dotación de recursos en los centros e impulsar una revisión profunda del modelo de acogida, atención y protección. El Estado ha de asumir las competencias sobre la primera acogida, así como la posterior distribución de responsabilidades entre las diferentes Comunidades Autónomas, y desarrollar políticas eficaces para la integración de estos niños, niñas y adolescentes antes de que inicien su vida adulta.

Los discursos discriminatorios, las acusaciones sin pruebas y la utilización de menores vulnerables con fines políticos van exactamente en sentido opuesto a lo que marcan la libertad, la igualdad y la humanidad. En una democracia avanzada, las realidades complejas deben ser abordadas siempre con responsabilidad y respeto al Estado de Derecho. Si queremos encontrar soluciones, tenemos que dejar de buscar culpables.

*** Sara Giménez es la portavoz de Derechos Sociales y de Igualdad del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

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