JON G. BALENCIAGA

JON G. BALENCIAGA

LA TRIBUNA

Por qué no creo en la 'reforma Muñoz Machado'

El autor argumenta sus desacuerdos con la propuesta que expertos en Derecho Constitucional han presentado con la intención de buscar un mejor encaje de Cataluña en el Estado. 

Con el deseo de contribuir a salir del atasco institucional en el que nos encontramos, un equipo de catedráticos de Derecho constitucional, liderado por Santiago Muñoz Machado, cuya trayectoria profesional ha quedado demostrada durante años, trazó el pasado mes de diciembre los pasos que deberían emprenderse para desarrollar una reforma de la Constitución. Disiento humildemente en la forma y el fondo de su propuesta.

En la forma, porque se denota una base habermasiana en su planteamiento. Habermas no creía en la democracia representativa, sino en la deliberativa. Para este eminente miembro de la neomarxista Escuela de Frankfurt, lo importante en la toma de decisiones políticas no radica en el carácter representativo de las mismas, es decir, en el vínculo entre el elegido y el elector, sino en el desarrollo de un proceso dialógico en virtud del cual distintos agentes sociales, sin importar demasiado el origen de su legitimidad, entablan una acción comunicativa que les conduce a soluciones pactadas. Soluciones tecnocráticas, en el mejor de los casos, y de naturaleza oligárquica en la mayoría de ellos. El primer axioma del principio representativo, en el que está basada la democracia liberal, es la conexión directa entre el votante y el elegido, que se convierte en representante. Sin una relación directa y personal entre ellos, las decisiones carecen de legitimidad, al menos de legitimidad democrática.

Los actuales diputados y senadores no fueron elegidos para tal cometido. Por lo tanto, es necesario que, una vez se hayan debatido en la sociedad las distintas posibilidades de reforma existentes, las Cortes tengan un mandato directo de los electores, de forma que no ocupe escaño un solo diputado que no hubiera dejado meridianamente clara su posición. Que estos constitucionalistas olviden la elemental distinción que hizo Sieyès entre el poder constituyente y constituido, base del constitucionalismo moderno, hace saltar las alarmas. Pactar primero los cambios sin contar con el pueblo y luego presentárselos en la plateada bandeja de un referéndum no es de recibo en el siglo XXI. Así se hicieron las leyes fundamentales de Franco y, por cierto, la Constitución del 78, pero hoy no cuela. La idea propuesta de saltarse el procedimiento de reforma, haciéndolo coincidir con la convocatoria de unas elecciones generales para no tener que convocar unas ex profeso, no otorgaría a las nuevas Cortes legitimidad constituyente.

Resulta absurdo pretender llegar a un acuerdo con el independentismo sin romper la nación

Además, este gran debate debe producirse en el ámbito nacional, entre los españoles, pero nunca entre los nacionalistas y el resto de España. En primer lugar, porque no debemos dar carta de naturaleza a dos bloques establecidos bajo un orden ficticio de jerarquía paritaria, sabiendo que uno se encuentra subordinado al otro. Pero, también, porque resulta absurdo pretender llegar a un acuerdo con el independentismo sin romper la nación. No hay proceso dialógico posible, al menos con resultado exitoso.

No estoy más de acuerdo con el fondo de la propuesta. Los autores se muestran convencidos de que el problema catalán hunde sus raíces en un conflicto entre Administraciones, originado por la falta de concreción en la distribución de competencias, que ha dejado al Tribunal Constitucional un papel incómodo a través del cual se ha ido deslegitimando, tomando como el mejor ejemplo la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto.

Como solución, plantean un sistema federal con una ampliación de competencias a favor de las comunidades autónomas y que incluiría una nueva modalidad de financiación autonómica. Todo con el ánimo de que se genere el diálogo necesario que a su juicio ha faltado, a través de un sistema de codecisión entre el Estado central y las autonomías, pero muy especialmente entre el Estado y Cataluña, cuyo estatus de singularidad quedaría blindado por su reconocimiento constitucional, que incorporaría una Disposición Adicional ad hoc, y permitiría al Estatuto la mayor libertad a la hora de abordar cuestiones identitarias como la lengua o el Derecho civil, y de organización, recuperando lo anulado por la STC 31/2010.

La solución al independentismo no está en concretar qué competencias son de cada Administración

Me parece un grave error. El informe plantea la cuestión de las competencias como si el verdadero problema hubiese sido la falta de concreción, cuando en realidad ha sido la voracidad de las castas autonómicas que, al ver que el Estado español no prestaba oposición alguna, han succionado su sangre hasta dejarlo exhausto, y al ver que no restaba más por transferir, pretenden ahora cambiar de cuerpo. No es casualidad que se les llame castas parasitarias.

La solución al creciente independentismo no se encuentra, desgraciadamente, en concretar mejor qué competencias corresponden a cada Administración sino en poner frenos a la ambición de poder de los gobiernos autonómicos, recuperando las competencias troncales sin las cuales un cuerpo nacional de desmorona, como le está ocurriendo a España. En este sentido, la propuesta de recuperar para Cataluña los artículos y preceptos del Estatuto que la STC 31/2010 me parece un despropósito. Sin esa sentencia, según algunos de los magistrados de este Tribunal, Cataluña podría ser hoy una república independiente.

Tampoco se encuentra en evitar que el Estado intervenga en las decisiones de materia autonómica, incluida la aprobación o modificación de los estatutos, como se sugiere. De este modo, España lleva camino de ser la suma de sus Comunidades Autónomas, cuando es exactamente al revés, una unidad política dividida administrativamente en autonomías. En cuestión de soberanía, no rige la propiedad conmutativa de la aritmética y el orden de los factores sí altera el valor del producto.

Este informe supone otra patada hacia adelante para posponer el problema, como han hecho los gobiernos

Como colofón, el informe Muñoz Machado deja abierta la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la Constitución no lo prohíbe expresamente como sucede en Italia o Alemania, cosa que humildemente no comparto, como expliqué en EL ESPAÑOL en otro artículo.

Estas propuestas, por sí mismas injustas porque no se pueden ofrecer a todos los territorios de España sin que la nación salte por los aires, no harían sino contribuir a incrementar el hecho diferencial catalán, inflado artificialmente en los últimos cuarenta años. Si actualmente existe casi un cincuenta por ciento de independentistas, al dejar operar del mismo modo al soberanismo, permitiendo que siga interviniendo hasta la náusea en los medios de comunicación, en la política lingüística y en la educación con el dinero del Estado, en menos de una década habrá logrado los ansiados dos tercios que, de un modo u otro, requiere la opinión internacional para apoyar el derecho de autodeterminación catalán. Lo que este informe supone es otra patada hacia adelante para posponer el problema, tal y como han hecho todos los gobiernos de España desde 1977.

En todo caso, lo que realmente me separa del informe Muñoz Machado es una visión de fondo, más política que jurídica. Ha sido el exceso autonómico y no su represión, lo que nos ha traído aquí. El diálogo y el pactismo se antojaron posibles mientras hubo algo que conceder por parte del Estado español. Pero jamás hubo diálogo, tan solo soliloquios comprados a precio de BOE, que se han tornado finalmente imposibles de pagar. Lo que estos años han dejado al descubierto son dos ideas irreconciliables de España. O, más bien, una idea de España y otra cuyo objetivo es su destrucción. Ganará una de ellas. Urge manifestarlo.

*** Lorenzo Abadía es analista político, doctor en Derecho y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen' (Unión Editorial).

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