El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a José Luis Ábalos a veinticuatro años de cárcel por constituir una organización criminal que cometió delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
La Sala Penal ha decidido, por unanimidad de sus magistrados, condenar al que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes a un total de 24 años de prisión, de los que cumplirá, como máximo, 16.
Ábalos, el hombre de total confianza de Pedro Sánchez, el que presentó su moción de censura contra la "corrupción" del gobierno de Mariano Rajoy, ha sido declarado culpable de la mayor trama de corrupción económica de este tipo que se ha juzgado en la democracia española.
Koldo García Izaguirre, su exasesor y mano derecha, recibe una condena de similar gravedad.
La resolución deja claro que ambos integraron, junto con Víctor de Aldama, una organización estable con reparto de funciones. Ábalos aportaba la autoridad institucional y política, Koldo actuaba como ejecutor y gestor, y Aldama era el encargado de localizar oportunidades y financiar la trama mediante pagos sistemáticos.
Esta condena genera una responsabilidad política insoslayable sobre Pedro Sánchez, el primer presidente del Gobierno con un ministro condenado durante su ejercicio. Como ha dicho Alberto Núñez Feijóo, sin Ábalos no habría Sánchez y sin Sánchez no habría Ábalos.
Porque Ábalos no era un ministro secundario: era el número dos de Sánchez en el partido, el ministro con más poder del Gobierno, la persona que le llevó de la mano a la Moncloa y el encargado de pilotar la estructura territorial del PSOE.
Sánchez debería haber asumido esta responsabilidad hace tiempo. Atrincherarse en la Moncloa después de que el Tribunal Supremo haya acreditado que su hombre de máxima confianza lideraba una organización criminal supone un baldón para él, para su Ejecutivo y para todos sus colaboradores.
En otras fases del proceso aún cabía sostener que había que esperar a la sentencia firme. En otro momento, la convocatoria de elecciones anticipadas habría servido, quizá, como paliativo de las enormes responsabilidades políticas de Pedro Sánchez.
Esa oportunidad ha desaparecido con esta condena.
El Tribunal Supremo ha hablado con claridad y por unanimidad, con la participación de magistrados de distinto perfil, entre ellos progresistas como Susana Polo García, Javier Hernández García y Andrés Palomo Del Arco. La sentencia es demoledora e incluso habla de la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones de la democracia debido a la corrupción del Gobierno.
Cuando incluso quienes en otros contextos han mostrado mayor sensibilidad hacia las posiciones del Gobierno coinciden en la existencia de organización criminal y corrupción, cualquier intento de relativizar la resolución judicial resulta insostenible.
Es, sin embargo, lo que ha tratado de hacer el PSOE, al poner el foco y cuestionar torticeramente la rebaja de la pena a Aldama, preguntándose si "sale a cuenta ser corruptor en España". Cuando, además, este Gobierno indultó hace sólo dos años al concejal denunciante de la trama Gürtel, y adujo como motivación que "quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España".
Hay que recordar que si el Supremo ha acordado para Aldama "la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas, durante un plazo de cinco años", es porque ha apreciado en su conducta "la atenuante de análoga significación a la de confesión que se considera cualificada".
Es decir, que la recompensa a la colaboración de Aldama con la Justicia, que ha permitido esclarecer el funcionamiento de la trama, no puede entenderse como una gracia desproporcionada y arbitraria para dejar impunes los delitos de Aldama.
Obedece, por el contrario, a una lógica jurídica con la que el Alto Tribunal busca incentivar la herramienta que se ha demostrado más efectiva para destapar las grandes redes de corrupción. Y que la fiscal Peramato, por cierto, intentó en su momento obstaculizar en beneficio del Gobierno.
Por eso resulta tan insultante la valoración de Óscar Puente, que ha trivializado el asunto reduciéndolo a la tergiversación de que "si cometéis delitos pero luego os portáis bien, ni entraréis en prisión".
Pedro Sánchez no puede seguir presentando Presupuestos, planes de recuperación económica o medidas de gobierno como si nada ocurriera.
Y mucho menos puede burlarse de los españoles con frivolidades como la que ha protagonizado a las pocas horas de la publicación de la sentencia, subiendo a sus redes sociales un vídeo con recomendaciones para protegerse de la ola de calor.
La sentencia del Supremo es firme. No cabe recurso ordinario. Sánchez no puede tener una segunda oportunidad.
Ya no existe margen para convocar elecciones en condiciones de normalidad mientras el expresidente del Gobierno y su círculo más cercano cargan con condenas por corrupción. La única salida coherente con la dignidad institucional es la dimisión inmediata como presidente del Gobierno y como líder del PSOE. Su retirada definitiva de la política y su retorno a la vida civil, donde deberá responder a los procesos abiertos en su entorno con las armas de cualquier otro ciudadano español, no con las salvaguardas del propio Estado.
Sánchez tiene la obligación de dimitir y ofrecer al Partido Socialista la posibilidad de iniciar una renovación creíble. Las actitudes de quienes le rodean y prefieren callar o defender lo indefendible son hoy indignas.
El contrapunto que ofrece el caso de Keir Starmer, que ha anunciado este lunes su próxima dimisión como primer ministro británico por unas faltas que resultan irrisorias si se comparan con el expediente de escándalos y derrotas que acumula Sánchez, representa la respuesta razonable de un dirigente ante su obligación inexcusable de rendir cuentas ante la ciudadanía.
El Tribunal Supremo ha hecho su trabajo. Ahora corresponde a Pedro Sánchez hacer el suyo: dimitir. En una democracia, no cabe otra opción.