Hay decisiones legales que resultan políticamente obscenas.
La cascada de terceros grados, regímenes flexibles y libertades condicionales para los presos de ETA, coronada ahora por las salidas de la cárcel de figuras como Txeroki, Anboto o Ángel María Tellería Uriarte, el etarra que mató a la primera mujer policía, pertenece a esa categoría.
No se discute que en un Estado de derecho las leyes han de aplicarse también a los asesinos.
Se discute otra cosa: la rebaja deliberada del listón moral, la utilización de la política penitenciaria como moneda de cambio y la indiferencia práctica ante el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación.
Durante años, España construyó un consenso básico: ninguna razón política justificó jamás el terrorismo de ETA. Las víctimas eran el pilar ético de la democracia.
Ese consenso se ha ido erosionando a golpe de BOE, transferencias de competencias y acuerdos presupuestarios.
El acercamiento masivo de presos, el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco y la reforma que permite computar las penas cumplidas en Francia (aprobada con el apoyo del PSOE y del PP) han abierto la puerta a una salida acelerada de decenas de terroristas.
Hoy, la semilibertad de muchos de ellos se presenta como una mera "normalización" administrativa. Pero lo que se normaliza, en realidad, es el olvido y la impunidad.
La entrevista en un diario gubernamental de la magistrada Inés Soria, socialista, asesora penitenciaria del Gobierno vasco y responsable principal de la arquitectura de las excarcelaciones, es reveladora. El discurso es técnicamente impecable, casi aséptico: planes individualizados, pronósticos de reinserción, informes de equipos multidisciplinares, cartas manuscritas de reconocimiento del daño.
Pero todo ello sirve para envolver en jerga profesional un hecho desnudo: el Ejecutivo vasco ha convertido el tercer grado y, sobre todo, el artículo 100.2, en una autopista hacia la calle para la inmensa mayoría de los etarras.
Soria asegura que Txeroki y Anboto "reconocen el daño causado" en esos escritos que reposan en sus expedientes.
Pero ese supuesto reconocimiento permanece cuidadosamente encapsulado en el circuito burocrático.
No hay peticiones de perdón públicas, no hay actos de contrición visibles, no hay comparecencias ante las víctimas para poner palabras concretas al horror concreto de cada atentado.
Hay, en cambio, una administración que da por bueno un presunto gesto íntimo y opaco para justificar beneficios penitenciarios de enorme calado simbólico.
El contraste con el discurso oficial del lehendakari Imanol Pradales sobre la Guerra Civil y el bombardeo de Gernika es clamoroso.
Pradales ha exigido al Estado español que "reconozca el daño causado", que verbalice con claridad la responsabilidad histórica, que no se refugie en el silencio ni en la equidistancia. Reclama un gesto explícito, público, inequívoco hacia las víctimas, siguiendo el ejemplo alemán.
¿Por qué no aplica la misma vara de medir con los asesinos a los que su propio Gobierno abre hoy las puertas de las cárceles vascas?
En lugar de exigir a los etarras un reconocimiento público del daño, un perdón nominativo a sus víctimas y una colaboración activa con la justicia para esclarecer los centenares de asesinatos sin resolver, el Gobierno vasco se conforma con cartas discretas y un asentimiento administrativo.
No hay "verdad" en el sentido fuerte del término. Hay, a lo sumo, una simulación burocrática de arrepentimiento, suficiente para los expedientes, pero insuficiente para una sociedad que aún arrastra más de trescientos crímenes sin castigo.
El Gobierno central no es un actor pasivo en este proceso. La política penitenciaria hacia los presos de ETA se ha convertido en una pieza estructural de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.
El fin de la dispersión, el traspaso de las competencias penitenciarias y la citada reforma del cómputo de penas se han negociado y aprobado en un ecosistema político donde EH Bildu es socio relevante del Ejecutivo.
La arquitectura resultante permite un cómodo reparto de responsabilidades: Madrid diseña el marco; Vitoria ejecuta las progresiones de grado; las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia estampan la firma final.
Cuando el preso pisa la calle, nadie es responsable; todos, en cambio, han contribuido.
Resulta especialmente cínico que este mismo Gobierno impulse, junto al juez Baltasar Garzón y su entorno, una Comisión de la Verdad orientada a revisar la memoria de la Guerra Civil y el franquismo, mientras muestra una llamativa desidia ante la verdad pendiente del terrorismo etarra.
Se anuncia con solemnidad una instancia para "esclarecer el pasado" y dar voz a las víctimas de hace casi un siglo, al tiempo que se obvia una pregunta elemental: ¿dónde está la Comisión de la Verdad que exija a los etarras colaborar en el esclarecimiento de cada uno de los asesinatos sin resolver como condición previa a cualquier beneficio penitenciario?
No se trata de contraponer memorias ni de negar el deber del Estado de revisar críticamente su propia historia.
Se trata de denunciar una doble moral intolerable.
La misma coalición que auspicia una gran Comisión de la Verdad para 1936-39 mira hacia otro lado cuando se trata de la verdad de 1968 a 2011.
Un Gobierno democrático puede y debe ofrecer horizontes de reintegración incluso al peor de los terroristas. Pero tiene también la obligación de proteger a las víctimas de una segunda humillación: la de ver cómo quienes destrozaron sus vidas recuperan la suya sin haberles mirado jamás a los ojos ni haber contribuido a cerrar las heridas abiertas.