La absolución de Ana Duato por la Audiencia Nacional en el ‘caso Nummaria’ no es sólo una victoria judicial para la actriz, sino también un varapalo para un Ministerio de Hacienda que ha convertido la presión fiscal en una forma de persecución sistemática contra los ciudadanos.

Su compañero, Imanol Arias, ha sido, sin embargo, condenado a dos años de cárcel tras reconocer su presunta culpabilidad y pactar su pena con la Fiscalía. Esta paradoja revela la perversión de un mecanismo que 'premia' la asunción de culpas inexistentes por temor a la cárcel.

La sentencia establece que no había pruebas suficientes de que Duato conociera que estaba incumpliendo la ley, pues "se trata de una actriz" y "no se ha probado que tenga conocimientos empresariales superiores a los de un ciudadano medio".

Ana Duato se enfrentaba a una petición inicial de más de treinta años de cárcel que posteriormente se redujo a dieciséis. Sólo su determinación y, hay que reconocerlo, sus recursos económicos para sostener su defensa durante una década, le han permitido demostrar su inocencia.

Como reconoció la propia Ana Duato tras conocer la sentencia: "No es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad".

La desproporción sancionadora

Pero si algo evidencia la deriva autoritaria de nuestro sistema tributario es la condena a ochenta años de cárcel impuesta al asesor fiscal Fernando Peña.

Aunque sólo cumplirá un máximo de doce años, la cifra resulta obscena cuando la comparamos con las penas establecidas para delitos infinitamente más graves.

Un homicidio se castiga con penas de diez a quince años, una violación con penas de cuatro a doce años, y una violación agravada con hasta quince años.

Es decir, según nuestro ordenamiento jurídico, la acumulación de varios delitos de fraude fiscal puede conllevar penas incluso más graves que las que se imponen a quienes quitan una vida.

El caso de Fernando Peña, con ochenta años por múltiples delitos fiscales, contrasta dramáticamente con las penas por homicidio múltiple, que raramente superan los veinticinco años.

Esta desproporción no es casual. Es el reflejo de un Estado que ha decidido convertir la recaudación en su principal objetivo, por encima de la justicia y de la proporcionalidad.

Patrón de persecuciones

El 'caso Nummaria' no es un episodio aislado, sino parte de un patrón sistemático de persecución fiscal que ha afectado a numerosos ciudadanos españoles.

Xabi Alonso libró durante más de una década una batalla judicial que le llevó desde la Audiencia Provincial de Madrid hasta el Tribunal Supremo. Alonso, como Duato, también se negó a pactar y fue absuelto por el Tribunal Supremo tras años de persecución.

El exfutbolista reconoció haber sentido "la presión de la investigación fiscal" y afirmó que Hacienda intentó asustarle amenazándole "con ir a prisión”.

Jorge Lorenzo o Luka Modric han vivido experiencias similares. Todos han debido invertir años de su vida y recursos millonarios para defenderse de una Agencia Tributaria que actúa con presunción de veracidad mientras el ciudadano debe demostrar su inocencia.

Como señala un estudio de 2024, Hacienda pierde casi el 40% de los juicios contra contribuyentes que se atreven a ir a los tribunales, lo que evidencia la arbitrariedad de muchas de sus actuaciones.

Presunción de culpabilidad

La Ley General Tributaria establece una presunción de veracidad de las actuaciones administrativas que invierte la carga de la prueba. El ciudadano no es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, sino culpable hasta que demuestre su inocencia.

Esta perversión del principio fundamental del Derecho penal genera una asimetría insoportable entre el poder del Estado y los derechos del individuo.

El contribuyente debe enfrentarse así a un aparato que cuenta con recursos ilimitados, tiempo infinito y la presunción legal de tener razón.

Mientras tanto, el ciudadano común se ve obligado a gastar fortunas en abogados especializados y soportar años de incertidumbre que pueden arruinar su vida personal y profesional.

Una reforma necesaria

Es imprescindible una reforma profunda que restablezca el equilibrio entre el poder recaudatorio del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Defender la propia inocencia no puede convertirse en una lotería donde sólo los que tienen recursos suficientes pueden permitirse el lujo de llegar hasta el final.

La absolución de Ana Duato debe servir como punto de inflexión para reflexionar sobre los límites del poder tributario.

Un Estado democrático no puede permitir que la Agencia Tributaria actúe como un ente todopoderoso que presiona a los ciudadanos para que admitan culpabilidades inexistentes, o que condena a décadas de cárcel por delitos económicos, mientras los crímenes violentos reciben penas menores.