La orden que ha dado este martes el Gobierno a la Sepi de comprar hasta un 10% del capital social de Telefónica, para contrarrestar el peso de los saudíes en la compañía, nos lleva a un escenario en el que el remedio puede ser peor que la enfermedad

La decisión constituye una respuesta a la entrada no amistosa de STC, participada por el fondo soberano de Arabia Saudí, en el accionariado de la operadora española, tras haber adquirido por sorpresa el 9,9% de las acciones. Un 4,9% de forma directa y un 5% a través de derivados y para cuya conversión todavía no ha solicitado autorización.

Que un accionista público tenga una participación minoritaria en empresas nacionales que, como Telefónica, poseen un alto valor estratégico, no puede ser descartado en una economía globalizada. Como ha argumentado el Consejo de Ministros en su nota de prensa, los gobiernos de otros países europeos como Alemania, Francia o Italia también están presentes en sus respectivas grandes teleoperadoras.

Sin embargo, que el Estado vaya a volver a convertirse en el principal accionista de Telefónica supone una vuelta atrás en el proceso de privatización impulsado en la etapa de José María Aznar hace 26 años. Desde entonces, la eficiencia no ha dejado de regir el proceso de transformación de la compañía que ahora cumple 100 años. La entrada de la Sepi no sólo plantea un retroceso en la liberalización de la operadora, sino en el de la propia economía española.

Sería indeseable que, habiendo dejado atrás la cultura de control estatal de la economía que se llevó a cabo durante la dictadura, se diera ahora una involución hacia un capitalismo de Estado que lastraría enormemente la competitividad de nuestras empresas. Más aún cuando este cambio en la hoja de ruta serviría para impulsar la versión estatista de Sumar y la de otros socios de Sánchez que, como ERC, ya han pedido nacionalizar Telefónica.

Si el Gobierno quiere proteger los intereses nacionales protegiendo a Telefónica, podría haber optado por una solución más equilibrada y menos intervencionista. Existen suficientes resortes directos e indirectos para tratar de influir en las decisiones estratégicas de Telefónica sin necesidad de entrar en su accionariado.

Habría sido mejor que el Ministerio de Defensa negase la autorización al fondo saudí para pasar del 4,9% al 9,9%. Y que, en todo caso, la Sepi hubiera cubierto el 5% restante. Eso hubiera dado lugar a la conocida como operación 4x5, teniendo en cuenta también las participaciones muy similares de Criteria y CaixaBank por un lado, y del BBVA por otro.

En su lugar, llegado el momento, Telefónica se convertirá en una compañía cuyo control estará en manos de los acuerdos de Estado a Estado que alcance el Gobierno de Sánchez con los saudíes.

A partir de ahora el presidente del Gobierno va a ser juez y parte, al reunir la condición de primer accionista y regulador. Y no puede olvidarse que el origen del problema que ahora intenta resolver parte de la sobrerregulación que acusa el sector de las telecomunicaciones.

Ha sido la discordancia entre la importancia estratégica de Telefónica y su bajo valor bursátil (achacable a la falta de sensibilidad del Gobierno y de la UE hacia las necesidades de las telecos) lo que la hizo vulnerable a operaciones como la de STC.

No se puede negar que el resultado podría también haber sido mucho peor, en el caso de que hubiera entrado un fondo de inversión oportunista que hubiese terminado troceando la compañía. Con todos sus inconvenientes, la entrada de la Sepi aportará indudablemente estabilidad accionarial.

Lo que queda por ver, y lo realmente determinante, es si se mantiene la continuidad en la gestión de Telefónica. Por sus características, José María Álvarez-Pallete puede convertirse en un adecuado elemento de contrapeso frente al ansia adquisitiva de los saudíes y la intervencionista del Gobierno.

Cabe recordar que Álvarez-Pallete es el único presidente cuyo nombramiento ha obedecido al reconocimiento de una trayectoria profesional en el seno de la propia compañía, y no a una selección en función de la afinidad política.

Que la decisión del Consejo de Ministros se haya tomado a espaldas de la compañía y de los principales accionistas no permite descartar que el Gobierno vaya a marcar la pauta y, eventualmente, a cambiar con criterios políticos la cúpula de la operadora.

Lo mejor para garantizar la estabilidad de Telefónica por encima de los vaivenes políticos sería que la composición del nuevo accionariado siguiera respaldando el claro y ambicioso proyecto de futuro de Pallete.