La eliminación del requisito del catalán para ejercer en el Servicio de Salud de las islas Baleares es un acierto del nuevo Gobierno de la popular Marga Prohens que viene a dar satisfacción a una demanda histórica de los sindicatos de profesionales sanitarios de la región.

De esta forma, se pone fin a la anomalía de que una comunidad no gobernada por el nacionalismo compartiera la misma política de imposición lingüística para el personal sanitario que la del Govern independentista catalán. Algo que venía sucediendo desde que el anterior Ejecutivo, liderado por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, aprobó en 2018 un decreto que exigía el conocimiento del catalán a médicos, enfermeras, auxiliares y profesional administrativo.

Aunque el Tribunal Supremo anuló este decreto en 2021 al considerar que vulneraba la igualdad en el acceso al empleo público, Armengol, presionada por sus socios nacionalistas, se las arregló para recuperar la obligación del conocimiento del catalán para lograr plaza y acceder a los puestos de trabajo con funciones sanitarias en la inmensa mayoría de categorías.

EL ESPAÑOL siempre ha estado en contra de la exigencia de requisitos extraprofesionales para ocupar cargos en la Administración, y eso incluye el idioma. Una exigencia más absurda si cabe en un contexto como el español (y especialmente en el balear), en el que la falta de profesionales tanto en la Atención Primaria como en las especialidades deja un sinfín de plazas sin cubrir.

Sólo la cualificación curricular estrictamente ligada a las competencias necesarias para ejercer funciones sanitarias debe contar para los procesos selectivos. De lo contrario, y como ha sucedido en Baleares (donde más del 70% de profesionales sanitarios proceden de fuera de las islas), el requisito del catalán se convierte en un elemento disuasorio. Uno que se suma a otros desincentivos, como la falta de un plus de insularidad o el desorbitado precio de la vivienda en el archipiélago.

No en vano, la medida del nuevo Govern responde a la necesidad de captar y fidelizar nuevos profesionales para las plazas sanitarias de difícil cobertura, donde la prestación asistencial se ha visto afectada por el déficit de personal consecuencia de la barrera del conocimiento del idioma.

Mucho más sentido tiene para garantizar el derecho de los baleares a utilizar ambas lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración que el catalán sea valorado como un mérito más, aunque en una proporción mucho menor, por supuesto, que los conocimientos y la experiencia estrictamente sanitaria de los candidatos. 

Lo contrario, el "derecho a ser atendido en catalán" argüido por los nacionalistas, es sólo una coartada para instrumentalizar políticamente las lenguas y emplearlas como herramienta de discriminación.

En España estamos habituados al empleo de la política lingüística por parte de los gobiernos autonómicos con el objetivo de lesionar el principio de equidad territorial y la igualdad de todos los españoles con independencia de su origen.

Y es que los llamados "derechos lingüísticos", una pura fantasmagoría jurídica (las lenguas no son sujeto de derecho), no pueden estar por encima del derecho a la salud de los ciudadanos. Algo que resulta de sentido común para todos, salvo para el fanatismo secesionista.

Por eso, sólo cabe celebrar iniciativas valientes como la de Prohens para restituir la vehicularidad de la única lengua común a todos los españoles. El Partido Popular, que también ha pasado a gobernar la Comunidad Valenciana, tiene ahora la oportunidad de hacer lo propio en esta región, que se ha visto asimismo afectada por la connivencia del anterior Ejecutivo socialista con la segregación lingüística fomentada por el nacionalismo. Porque aunque en Valencia no se exige a los sanitarios el conocimiento del valenciano, sí es un requisito para el resto de puestos de la Administración pública autonómica.