Cuando la coalición de Gobierno parecía herida de muerte por el cisma en la votación de la reforma del sí es sí, Moncloa ha recuperado a Podemos para negociar la reforma de las pensiones y la Ley de Vivienda. El PSOE, consciente de que el tiempo apremia y que quedan importantes asignaturas pendientes que sacar adelante, ha preferido dejar al margen el conflicto con Igualdad para entenderse con Derechos Sociales y Trabajo.
Así se comprende el acuerdo alcanzado entre José Luis Escrivá y Unidas Podemos el pasado jueves, que fue bendecido por la Comisión Europea y que el ministro de Seguridad social adelantó en su intervención en el III Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL.
La propuesta que Escrivá dio a conocer ayer a los agentes sociales prevé que los pensionistas puedan elegir entre un cómputo de 25 años u otro de 29, de los que se podrán excluir los dos de peor cotización.
Está fuera de duda la perspicacia del ministro, que ha logrado ingeniar una fórmula capaz de recabar al mismo tiempo el apoyo de sus socios radicales y de la Unión Europea. Y es bueno para España que esta reforma vaya a desbloquear el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU.
Pero no puede perderse de vista que, en esencia, el Plan Escrivá para salvar las pensiones se hará a costa de un notable incremento de las cotizaciones sociales. Es decir, que la manera de evitar que las prestaciones futuras se recorten será infligir un nuevo hachazo a las empresas, que son las que principalmente tendrán que hacerse cargo del aumento de las cuotas.
El Gobierno aspira a ingresar 15.000 millones extra al año, elevando más de un 31% la cotización de más de un millón de trabajadores. Además, el incremento de las cotizaciones lo cargará el Ejecutivo a las empresas por triplicado: con el aumento de las bases máximas, con la imposición de una cuota de solidaridad sobre los salarios más altos y mediante el mecanismo de equidad intergeneracional.
Resulta obvio que, después de la ajetreada semana de conflictos con Podemos, Moncloa ha querido evitar nuevas colisiones con sus socios. Y por eso ha descartado incluir cualquier tipo de ajuste en su propuesta de reforma. Algo que sólo puede hacerse a costa del impuesto encubierto al trabajo que son los aumentos de las cotizaciones sociales.
El Plan Escrivá es una nueva huida hacia adelante que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema redoblando la apuesta predilecta de este Gobierno. A saber, aumentar los ingresos del Estado incrementando la presión fiscal, y por tanto castigando a las empresas y a los trabajadores.
Está claro que los sindicatos forman parte del consenso que ha alumbrado la reforma. Pero el Ejecutivo ha vuelto a dejar fuera de sus planes a la patronal. La CEOE trasladó ayer su "frontal oposición" a este empeño por hacer recaer en las empresas y los trabajadores el sostenimiento del sistema de pensiones.
Una vez más, el Gobierno ha optado por cargar los costes del gasto público en el sector privado, en la misma senda que el impuesto a la banca y a las grandes fortunas que han acabado ahuyentando a compañías como Ferrovial.
Incrementar lo que ha de pagar la empresa e instaurar recargos sobre los salarios no servirá para hacer el sistema más eficiente. Al contrario, sólo restará competitividad a la economía, empujará los salarios a la baja e incrementará los costes laborales, desincentivando la creación de empleo
El Gobierno sigue sin querer enterarse de que la única forma de garantizar el futuro de las pensiones será favoreciendo la creación de millones de puestos de trabajo. Y no impulsando esta clase de reformas, que van en la línea opuesta de lo que necesita España para atraer talento e inversión.
