A la movilización de los partidos ante la proximidad de las elecciones se le ha sumado otra precampaña, la del 8-M. En la antesala del Día Internacional de la Mujer, PSOE y Unidas Podemos han vuelto a ejecutar, en sendos actos paralelos, la cada vez más habitual estrategia consistente en distanciarse sin llegar a romper.

Pedro Sánchez fue el cabeza de cartel de Feminismo, Emancipación y Libertad, donde adelantó que este martes el Consejo de Ministros aprobará una nueva Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres. Esta norma establecerá cuotas en los principales órganos de tomas de decisión.

Lo primero que cabe replicar a este anuncio destinado a eclipsar la agenda feminista de sus socios de Gobierno es su futilidad. Porque el avance del poder femenino en las sociedades modernas, y en la española en particular, es ya una realidad. Y progresa imparable sin servirse de cuotas, cada vez más innecesarias.

Por descontado, es bienvenida cualquier iniciativa que busque fomentar la presencia de las mujeres en los principales centros de poder. Pero no parece razonable fijar por cupo que deba haber un 40% de mujeres en la dirección de cualquier empresa cotizada, en un país donde el 33,7% del conjunto de Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35 ya está formado por mujeres.

Tampoco tiene demasiado sentido establecer listas cremallera con porcentajes equitativos de hombres y mujeres para el poder político, donde además esta paridad está ampliamente asentada. Porque conduciría al absurdo de impedir, por ejemplo, casos como los de Reyes Maroto, que violaría la obligatoriedad de la representación pareja al llevar tres mujeres como cabeza de lista.

Y en cuanto a la prescripción de que la mitad del Consejo de Ministros esté formada por mujeres, el disparate no podía ser mayor. La elección de los miembros de su gabinete corresponde únicamente al presidente del Gobierno, que debe guiarse por el solo criterio de que su equipo esté formado por los mejores.

No sólo la casuística de esta ley es harto problemática. También se contradice con el espíritu de la Ley Trans que entró en vigor el pasado jueves, y que al consagrar el principio de libre autodeterminación de género, desvirtúa y difumina la idea misma de una representatividad por sexos.

En cualquier caso, debe reconocérsele al presidente del Gobierno su habilidad para recurrir a cortinas de humo cuando está cercado por incendios descontrolados.

El fangoso caso Mediador ha vuelto a salpicar de corrupción al PSOE, lo más dañino que le podía ocurrir a un presidente que desahució a su predecesor con el compromiso de acometer una limpieza institucional y una regeneración democrática. La estrategia del despiste comenzó la semana pasada, con la reactivación de la Kitchen por los portavoces socialistas para sepultar al aberrante Tito Berni y desviar el foco hacia el PP.

Pero con el desatinado manejo por parte del Gobierno de la salida de Ferrovial de España, reincidiendo en la animosidad contra el empresariado que precisamente está detrás del éxodo de compañías como las de Rafael del Pino, ha aumentado la magnitud de la crisis de final de legislatura de Sánchez.

Sólo desde esta necesidad súbita de improvisar un replanteamiento de las estrategias electorales a poco más de dos meses de los comicios municipales y autonómicos se entiende el grandilocuente anuncio del presidente.

Porque la intención detrás de la celebración de dos actos de igualdad prácticamente simultáneos es evidente: Sánchez ha movido ficha contra Irene Montero.

Para empezar, porque el anteproyecto de ley anunciado por Sánchez, pese a concernir a una competencia de Unidas Podemos, se ha dado a conocer en un evento del PSOE. Huelga decir que a la ministra de Igualdad la exclusiva le ha cogido con el pie cambiado.

El mismo día en el que se aprobará la ley de paridad de Sánchez, el PSOE tendrá que pasar por el aro de votar junto al PP para iniciar la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley del sólo sí es sí, después de que Podemos anunciase el viernes su no a la admisión a trámite del texto.

Que en el acto de ayer participasen feministas socialistas históricas como Carmen Calvo, Bibiana Aído o Matilde Fernández (miembro de la asociación FeMeS, que celebra este fin de semana un congreso contra la Ley Trans) es toda una declaración de intenciones. Porque el PSOE ha querido lanzar el mensaje de que el feminismo cabal y adulto está en sus filas, para así justificar que vaya a apoyarse en la oposición para corregir una norma que ha permitido hasta la fecha 720 rebajas de pena.

Por esto mismo, se entiende que en su acto de ayer Ione Belarra e Irene Montero insistiesen en acusar a los socialistas de "votar con el PP volver al Código Penal de la Manada". Y que sacasen pecho de su legislación en materia de igualdad, por muy catastrófica que se haya demostrado, para mostrarse como la vanguardia de la protección de las mujeres en España.

La inminencia del 8-M ha hecho aflorar nuevamente la división del feminismo con motivo de la Ley Trans y la ley del sí es sí. Un cisma convenientemente explotado por las dos partes de un Ejecutivo con un curioso concepto de coalición de Gobierno, en el que sus integrantes se desautorizan mutuamente, votan diferente en el Congreso y se contraprograman en sus agendas.