PSOE y Unidas Podemos anunciaron este martes, sin entrar en detalles, un pacto para la “derogación” de la reforma laboral de 2012, diseñada por el Partido Popular. El escenario para hacerlo, por decisión del presidente Sánchez, fue el palacio de la Moncloa, que abrigó una reunión con ínfulas de cumbre. Allí estuvieron alrededor de una mesa las dos vicepresidentas enfrentadas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y los ministros de Educación, Seguridad Social y Hacienda
La imagen de comunión permite suturar heridas y ganar tiempo. Sánchez y Calviño aceptaron la palabra “derogación”, que exigía Unidas Podemos sujetando el pacto de Gobierno en la mano. Pero lo hicieron como una concesión simbólica a Yolanda Díaz: es una cuestión de nombre y no de contenido.
Porque, a cambio de la nomenclatura, los socialistas arrancaron el liderazgo en los puntos esenciales y la inclusión de los empresarios en la negociación. Un segundo factor que es requisito ineludible de Bruselas para desbloquear los próximos tramos de los fondos europeos, y que marca el regreso del sentido común.
Del mismo modo que el Ministerio de Trabajo nunca descartó a los sindicatos del diálogo social, jamás debió desentenderse de los argumentos de las patronales. Gusten más o gusten menos en Moncloa, resultaba inaceptable que la voz de los empleadores, tanto de las multinacionales como de las pequeñas y medianas empresas, fuera excluida.
Crear empleo
Poco importa que la moderación de Sánchez en materia laboral responda a una cuestión de convicción o de necesidad en una España dependiente de la inyección de fondos europeos y castigada por una pandemia que ha dejado heridas más profundas de las previstas inicialmente por el Gobierno.
Queda fuera de duda que la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, a exigencia de la Unión Europea y con España al borde del rescate, fue fundamental para la salida de la crisis. Flexibilizó nuestro mercado laboral y ayudó a rebajar drásticamente la tasa de paro del 25% al 14%.
Difícilmente puede ignorar Moncloa que, en buena medida, los datos positivos de empleo de los que ha presumido en los últimos meses encuentran en ella su origen.
Parece razonable que, a diez años de su implementación, se añadan cambios en la legislación laboral. Pero, en cualquier caso, deberían dirigirse hacia su actualización, sin perder de vista la flexibilidad que requieren las empresas, más si cabe en tiempos de crisis.
España sufre un problema de precariedad y temporalidad que no puede ignorarse, pero el Gobierno debe priorizar la creación de puestos de trabajo antes que el blindaje de los existentes. Lo contrario sería un error que nuestro país, con casi tres millones y medio de parados, no se puede permitir.
