Si el populismo implica defender soluciones sencillas para problemas complejos, entonces el de la vivienda se ha convertido, por voluntad de Podemos y gracias a la indefinición del PSOE, en el gancho populista por excelencia en España.
A la tolerancia de muchas administraciones españolas con la okupación, que ha llegado a generar una próspera industria criminal ex novo (la de las mafias de la okupación), se suma ahora el afán de los de Pablo Iglesias por regular el precio de los alquileres y las 56 expropiaciones anunciadas por la presidenta balear socialista, Francina Armengol.
Las discrepancias entre PSOE y Podemos en el asunto de la vivienda llevan así camino de convertirse en un punto de fricción casi tan polarizador en el seno del Gobierno de coalición como el de la disputa por el tema trans entre Carmen Calvo e Irene Montero.
El núcleo de la discrepancia entre ambos socios de Gobierno se explica rápido. En la cultura política de Podemos, son los propietarios privados los que deben garantizar en última instancia el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Un modelo franquista
El PSOE sostiene que regular los alquileres como pretende Podemos nos devolvería al modelo intervencionista del franquismo, el de los famosos alquileres de renta antigua. Un modelo cuyo resultado en la práctica fue el envenenamiento del mercado del alquiler para varias décadas, como recuerdan fuentes del propio PSOE.
Lo paradójico es que haya sido una baronesa socialista la que ha ejecutado una medida, la de la expropiación de viviendas a un precio muy inferior al del mercado, que encaja mucho mejor en la cultura política de Podemos que en la del PSOE.
Una medida, también, que no tiene precedentes en ningún otro país de la UE. Un espacio de derechos donde la expropiación de viviendas privadas, incluso en casos excepcionales y sometidos a estrictos controles judiciales, como ocurre en Francia, se considera más propia de regímenes autoritarios que de democracias consolidadas.
Pero para Podemos, la decisión de Armengol, que gobierna gracias a los votos de Podemos y del partido nacionalista Més, algo así como la ERC balear, ha caído como maná del cielo. ¿Con qué argumento puede defender ahora el PSOE en la Moncloa algo que una baronesa socialista está llevando a cabo en su comunidad?
Si Podemos andaba a la búsqueda de un casus belli para radicalizar sus posiciones en el asunto de la vivienda y del control estatal de los precios de los alquileres, Armengol se lo ha servido en bandeja.
Ley de Vivienda
Al fondo de esta disputa late la batalla entre el vicepresidente segundo del Gobierno y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por el control final de la futura Ley de Vivienda.
Más allá de debates jurídicos acerca de la diferencia entre derechos positivos y negativos, o sobre la concreción en la práctica del término vivienda digna, una expresión relativa donde las haya, parece obvio que la expropiación de viviendas, la okupación y el control de precios son medidas impropias de un Estado de derecho europeo.
Si el derecho a la vivienda debe ser garantizado de forma directa por el Estado, entonces este no puede hacer recaer su responsabilidad sobre unos propietarios privados que a la crisis económica y la tolerancia con la okupación deben sumar ahora el temor a que su ayuntamiento, su comunidad o su gobierno expropien su vivienda.
Parece en cambio más sensato optar el fomento del alquiler social. Como ha hecho por ejemplo el gobierno autonómico vasco, que ha iniciado la construcción del 29% de las 8.300 viviendas protegidas de alquiler que se han construido en España desde 2014 (cuando el País Vasco sólo representa el 4,7% de la población nacional).
Ayer viernes se conocía además la noticia de que el País Vasco cuenta con 25.800 viviendas en su parque público de alquiler y que 6.137 familias han visto ya reconocido su derecho subjetivo a una de esas viviendas. El gobierno autonómico ha apoyado además la rehabilitación de casi 30.000 viviendas durante el último trienio.
Las soluciones propuestas por Podemos sólo conseguirán la retracción de la oferta, el incremento de los precios y la práctica imposibilidad para los ciudadanos españoles de encontrar una vivienda de alquiler a un precio razonable y para la que su propietario no exija condiciones draconianas.
La solución balear, que pronto será replicada a gran escala en Cataluña si ERC y la CUP cumplen sus promesas, aleja a España de la UE y nos devuelve al asistencialismo franquista en el mercado de la vivienda.
