¿Organizaciones No Gubernamentales? La industria del activismo camuflado de la izquierda

La izquierda andaluza secundó las protestas y usó el escándalo como metralla en el Parlamento de Andalucía, dejando la no menos disparatada estampa de "la teta de Anabel". María Jesús Montero extrajo de este caso de aparente generación espontánea todo el jugo electoralista contra Juanma Moreno, e incluso el mismo presidente del Gobierno lo agitó contra la oposición.

¿El desenlace? La Fiscalía de Sevilla ha acabado descartando que se produjera ninguna manipulación de pruebas y diagnósticos.

Varias personas en una concentración exigen verdad justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias, con pancartas de las 7291 muertes, frente a los Juzgados de Plaza Castilla el pasado mes de mayo. Fernando Sánchez / Europa Press

Quedó así patente que el interés de Amama y sus comparsas nunca fue ejercer de portavoz de las mujeres afectadas por los retrasos en los diagnósticos, sino cobrarse la cabeza de un adversario político, lo cual logró con el cese de la consejera de Salud.

Por descontado, la dimisión no sirvió para aplacar la ira de la asociación denunciante ni de la oposición, que tampoco quedaron satisfechas ni con la enmienda normativa del error, ni con la ejecución de las pruebas pendientes, ni con el pleno en el Parlamento a instancias del PP. Lo que sólo abunda en la impresión de que la operación iba en realidad de otra cosa.

Ni mucho menos se trata de un caso aislado. Un sucinto ejercicio de memoria democrática basta para descubrir un modus operandi detrás de muchas de estas sedicentes plataformas cívicas independientes, con acusada querencia por hostigar casi invariablemente a la derecha.

Es el modelo de la crisis del Prestige, con aquel Nunca Máis cooptado por el BNG, que se reproduce en las "mareas", los sindicatos y, lo que es más deplorable, en la instrumentalización de las asociaciones de víctimas.

Cómo olvidar un precedente parejo, aunque aún más obsceno, como el del salmódico eslogan de "7.291" muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Bestia negra de los medios progresistas durante años, la querella promovida por Marea de Residencias ameritó hasta un documental homónimo emitido sin rubor en TVE y promocionado por varios ministros, si bien fue igualmente archivada en múltiples instancias judiciales al no hallarse indicios suficientes ni de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro.

Amama rebaja de 4.000 a 260 las mujeres "realmente afectadas" por el cribado y vincula tres muertes a los fallos

La reciente escandalera montada a partir del Hospital de Torrejón ha seguido un curso análogo: una información sesgada en un medio progubernamental sobre una mala praxis, la magnificación machacona de la consigna, el aprovechamiento por toda la jerarquía izquierdista para polemizar con el modelo sanitario de colaboración público-privada de Ayuso y, como fruto, el anuncio de una medida legislativa para reformar el modelo.

Es claro que la sociedad civil no se ha salvado de la hiperpolitización, divisa de la España setentayochista.

Casi invariablemente, cuando se rasca un poco se descubren vínculos entre estas plataformas de afectados y cargos políticos o sindicales, como sucedió con algunas de las asociaciones de víctimas de la dana de Valencia, cuya cercanía a Compromís explicaba que Carlos Mazón monopolizara todo el flujo de bilis.

O bien figuran entre las decenas de miles de organizaciones agraciadas repetidamente con subvenciones millonarias. Sólo la Administración central repartió en 2024 la cifra récord de casi 20.000 millones de euros en ayudas públicas a oenegés, empresas, think tanks, asociaciones, entes públicos y sindicatos.

Asociaciones que en principio desempeñan una labor social fungen como herramienta para depurar el juego sucio contra los adversarios políticos. Grupos del tercer sector que presuntamente se justifican por razones de interés público exhiben un interés manifiestamente partidista.

Este tinglado de organizaciones peripolíticas constituye una de las piezas del entramado mediante el cual la izquierda adultera el proceso político, alentando un clima de histeria —amplificado por la coreografía mediática— y un estado de opinión dispuesto para sus reformas legislativas.

Este sistema ilustra en términos más generales cómo la izquierda de las últimas décadas viene funcionando a base de psyops, u operaciones de guerra psicológica para inducir ideas y modificar comportamientos, desplegadas a través de esta urdimbre entre la Administración, los think tanks progresistas, los medios adictos y las oenegés mediatizadas.

Esta factoría de conformidad va más allá de las campañas de acoso y derribo contra la oposición: es la maquinaria de producción de consensos que está detrás de la hegemonía progresista.

Es por tanto natural que el Gobierno riegue generosamente este sistema de injerencismo político solapado. Pero se hace más difícil de entender que las Administraciones controladas por la derecha financien una red de activismo dirigida contra ella, como sucede con la Junta de Andalucía y Amama.

Motosierra a la española: qué habría que recortar para que el Estado no siga arruinando a los ciudadanos

Es perentorio que la oposición tome nota de la depuración incoada por la Administración Trump, que desmanteló la agencia de cooperación gubernamental Usaid al entender acertadamente que no se trataba de una red de apoyo para causas humanitarias, sino de ingentes partidas de fondos para sufragar y diseminar la agenda progresista.

A buen seguro la iniciativa será impopular, y ese mismo monipodio propagandístico se ocupará de retratarla como una cruel motosierra contra los más desfavorecidos.

Pero los conservadores deben hacer un ejercicio de realismo político, y asumir que el mecenazgo es el rizoma de la política, cosa que han entendido bien las arraigadas redes clientelares de la izquierda.

Un gobierno del PP debería, como mínimo, imponer la obligatoriedad de una auditoría externa e independiente para cualquier organización no gubernamental que reciba subvenciones públicas, revirtiendo la falta de transparencia, de requisitos claros y de mecanismos de control y evaluación que permite la actual discrecionalidad política en la distribución de ayudas.

Y, en último término, cortar el grifo de fondos públicos y asfixiar todo lo que figure dentro de esa industria de la agitación. Sólo así la derecha podrá lograr victorias duraderas, y no una mera alternancia que no revierta el desequilibrio sobre el que descansa el imperio ideológico progresista.