El vergonzoso espectáculo coprotagonizado por el Gobierno y la Comunidad de Madrid, durante las tres últimas semanas, no es sino la consecuencia del rotundo fracaso del encuentro del 2 de septiembre entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Todo se descuajeringa en nuestro complejo Estado compuesto, cuando desaparece la piedra angular del consenso, en torno a la que los constituyentes construyeron el entramado democrático.
Por enésima vez, desde que llegó al poder, Sánchez rehusó pagar el modesto precio político que requería el acuerdo sobre la gestión de la pandemia; y por enésima vez, desde que llegó a la oposición, Casado rehusó regalarle nada y respondió al desdén con el desdén.
Por eso, Illa, con toda su carga de serenidad y buenas intenciones, pero mal asesorado por los servicios jurídicos, quedó atrapado en un laberinto, sin más salida que el nuevo estado de alarma. Y por eso, Díaz Ayuso encontró respaldo en Génova para dejar pasar las horas, sin que se celebrara la reunión propuesta por el Ministerio, y llevar hasta el final el pulso con el presidente, en el más inapropiado campo de batalla.
Sánchez nunca lo había tenido tan fácil como el mes pasado. Hubiera bastado que aceptara la atinada propuesta del PP de reformar, por el procedimiento de urgencia, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas sobre la Salud Pública del año 86, para autorizar de forma expresa, tanto al Gobierno como a las autonomías, a confinar ciudades y restringir movimientos de personas. Eso hubiera subsanado, desde luego, la falta de título habilitante, alegada por el Tribunal Superior de Madrid para dejar sin efecto la orden ministerial de Illa.
Ni Moncloa ni el Ministerio de Sanidad tenían ninguna objeción de fondo ante esa propuesta constructiva del PP. De hecho, Carmen Calvo se había comprometido a desarrollarla, antes del verano, durante las negociaciones que llevaron a Ciudadanos a respaldar el último estado de alarma. Pero el presidente prefirió quedar jurídicamente maniatado en su interlocución con las autonomías, con tal de no darle esa baza a su rival. Con tal de no reconocer miren ustedes, en esto el señor Casado tiene razón.
La última vez que en España alguien le dio la razón en algo a su adversario, tuvimos que importarlo de Francia. Fue Manuel Valls en el debate preelectoral que organizó Évole con Ada Colau en la Sexta.
Cuando un interlocutor accidental, que había tenido una reciente conversación con Casado, le explicó a Sánchez, dos días antes de su cita, que si asumía esa reforma, útil para todos, se desactivaría la bronca por la gestión de la pandemia, su reacción instintiva fue inquirir qué había de la renovación de los órganos constitucionales. Y al percibir que Casado no estaba por la labor, se cerró en banda, como quien dice no voy a pactar sobre lo que tú quieras, si tú no pactas sobre lo que quiero yo.
La cerrazón de Casado sobre el desbloqueo del Poder Judicial y asimilados tiene una trastienda igualmente pueril. La negociación estaba en marcha y pendiente de la letra pequeña, cuando la santa desvergüenza de Cayetana, al revelar que ese había sido uno de sus puntos de discrepancia en la reunión privada que acababan de mantener, arrojó a Casado a los cascos del piafante caballo de Atila que cada amanecer se esmera en no dejar crecer más hierba que la de la ultraderecha cainita.
Casado necesitaba espacio para respirar y Sánchez no quiso dárselo. En lugar de ello, le emparedó con una segunda indiscreción, equivalente a la de su ex-portavoz, filtrando el mensaje de móvil que ponía en evidencia el freno y marcha atrás en la renovación del CGPJ. Como si el asunto no estuviera ya suficientemente envenenado.
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Cuando los líderes se atascan en el callejón sin salida del 'no es no' y el 'tampoco es tampoco', los maniqueos de jornada y el sicariato mediático se ponen las botas. Irrumpe entonces lo que los tratadistas norteamericanos denominan "constitutional hardball", el "juego duro constitucional", evocado por Virgilio Zapatero en el magnífico artículo que publicó esta semana en EL ESPAÑOL.
Es la dinámica de la acción-reacción, según la cual al bloqueo, fruto del inmovilismo del PP, responde el Gobierno con la amenaza de modificar la Ley Orgánica del CGPJ, para que la elección de sus miembros no sea por dos tercios, sino por mera mayoría absoluta. O sea, por el simple designio del partido o coalición que esté en el poder.
La cerrazón de Casado sobre el desbloqueo del Poder Judicial y asimilados tiene una trastienda igualmente pueril
Siendo abierto partidario de la vuelta al sistema anterior a la reforma del 85, es decir, a la elección de la mayoría de los vocales por los jueces, como fórmula más ajustada a la letra y espíritu de la Constitución, reconozco que, como dice el ex ministro de la Presidencia, la modalidad vigente es la "más equilibrada", entre ese anhelo que la izquierda percibe como corporativista y esta ocurrencia, no demasiado alejada de la "gleichschaltung" o "coordinación" entre poderes, que en la Alemania nazi sentó la arquitectura jurídica del totalitarismo.
Pero, al margen de la trampa dialéctica que supone introducir alternativas extremistas para que lo controvertido se convierta en un mal menor razonable, el nudo gordiano ante el que nos encontramos no es, como ocurre en el conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, sino el efecto episódico -todo lo grave que se quiera- de un problema mucho más sustancial.
Si los padres fundadores de nuestra democracia no impusieron límite legal alguno a la renovación, en tiempo y forma, de los órganos constitucionales es porque dieron por hecho que, con mayor o menor dilación, con más o menos tacto de codos, supondría siempre la inexorable expresión del consenso de los grandes partidos en torno a las reglas del juego.
Se diga lo que se diga, ni el PSOE de Sánchez ni el PP de Casado se han apartado nunca de esa institucionalidad que, entre otras cosas, implica el respaldo a la Corona y el respeto a las decisiones judiciales por incómodas que resulten. Es evidente, a la vista está, que no se puede decir lo mismo de Pablo Iglesias y su equipo, indeseables socios en el Gobierno legítimo que intermitentemente padecemos.
Y no digo lo de "indeseables" como una descalificación de los personajes concernidos, sino como simple constatación de las disfunciones que su comportamiento en el Ejecutivo está generando.
Es cierto que cada vez que suben y bajan de sus coches oficiales el sistema se ensancha y su demagogia se diluye en el éter del ridículo. Pero ningún régimen político puede soportar, sin una grave erosión de su implantación social, que haya ministros que acusen impunemente al Jefe del Estado de graves delitos o que todo un vicepresidente del Gobierno diga barbaridades de los jueces cada vez que adoptan resoluciones inconvenientes para él.
En esto, como en tantas cosas, los extremos se tocan pues para los demagogos no hay sentencia respetable sino la que les gusta, ni jueces íntegros que no les den la razón. Véase de hecho como a Marchena y los miembros de la sala del procés, siguen arreándoles estopa tanto los que consideran su sentencia blanda como los que la ven excesiva.
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La campaña de amenazas y denuestos contra un juez de acreditada trayectoria de servicio público como García-Castellón, no supondría más que la última constatación de que algunas redes sociales se han convertido en una tara de la democracia, si no estuviera azuzada y “amplificada” -como dice el escrito de queja del magistrado- por el propio vicepresidente.
Es cierto que cada vez que suben y bajan de sus coches oficiales el sistema se ensancha y su demagogia se diluye en el éter del ridículo
Al atribuir la exposición, en la que el juez pide al Supremo que le investigue por tres delitos en el caso Dina, a una maniobra de la “derecha” para “hacer caer al Gobierno”, Iglesias reproduce exactamente la conducta que se le achaca. Es una denuncia falsa y él lo sabe. O sea, un nuevo “piscinazo” victimista, como el que le hizo presentar la divulgación del contenido de la tarjeta de su asesora, que él mismo había tenido en su poder, como parte de una gigantesca conspiración político-mediática, urdida desde las “cloacas” del Estado contra su persona.
Cuando un jugador se tira en el área para simular haber sido objeto de un penalti, tiene garantizado el merecido abucheo de la afición rival. Pero sólo si lo hace de manera flagrante e indubitable recibe además la sanción arbitral, acompañada de la tarjeta amarilla o incluso roja.
Es obvio que, como pronostiqué en mi Carta del 19 de julio, cuya ilustración desató de nuevo el impostado victimismo podemita, “el tiro” electoralista que disparó con aquel teléfono móvil de carcasa rosa ha terminado saliéndole a Iglesias “por la coleta”, pues ha dejado su futuro político y, desde luego, su continuidad como vicepresidente del Gobierno, en manos del Tribunal Supremo.
No tengo la menor duda de que Sánchez le obligará a dejar el Ejecutivo, si la Sala Segunda le abre una causa penal. Pero a la vez creo, desde un elemental conocimiento de la técnica jurídica, que hay pocas posibilidades de que eso suceda.
En primer lugar porque una exposición razonada que llega, sin el aval de la Fiscalía, poco después de que la Audiencia hubiera instado al juez a devolver a Iglesias la condición de perjudicado, suscita una lógica prevención. Si además resulta que el delito principal -revelación de secretos con el agravante de género- requiere de la denuncia de la víctima, es decir, de la propia Dina Bousselham, hoy por hoy incondicional de Iglesias; y el secundario -acusación falsa-, sólo está castigado con multa, pues lo normal es que todo termine en nada.
No es difícil imaginar que, si Iglesias es finalmente exonerado, escenificará su particular triunfo de Marat contra el sistema. Y, sin embargo, tal desenlace sería exactamente la prueba de lo contrario: de que incluso quienes despotrican contra los jueces tienen la protección de los tribunales, de que incluso quienes conspiran para destruir el orden constitucional tienen su amparo garantista.
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Que Iglesias no lleve, a mi entender, al menos esta vez, camino de sentarse en el banquillo, no resta un ápice de malignidad a su conducta política, como aglutinante de todos los vectores que confluyen en la pretensión de liquidar ese “régimen del 78”, al que tanto debemos. Pero Casado no puede convertir su salida del Gobierno en requisito previo a cualquier entendimiento con Sánchez, si no es capaz de ofrecerle, al mismo tiempo, una garantía de estabilidad para el resto de la legislatura que desactivaría su función opositora.
España precisa que sus dos principales líderes sustituyan la brocha gorda por el pincel fino, de forma que los consensos de Estado convivan con los disensos nuestros de cada día. Por eso repetí el miércoles en Sevilla, en la presentación de EL ESPAÑOL de Andalucía, el lamento desde el exilio de Indalecio Prieto, ese gran español que siempre honrará cualquier callejero: “Visto con serenidad, nuestras coincidencias eran fundamentales y nuestras diferencias secundarias”.
Casado no puede convertir la salida del Gobierno de Iglesias en requisito previo a cualquier entendimiento con Sánchez
Si eso podía decirse de la España atrasada y fratricida de hace noventa años, cómo no reclamar que se actúe en consecuencia en la España cosmopolita y reconciliada de hoy. Aturdidos, irritados, desdichados, asustados por la duración de la pandemia, muchos ciudadanos no se dan cuenta de que no necesitamos una vacuna sino dos. La vacuna contra la Covid y la vacuna contra el extremismo. La primera llegará del extranjero, pero la patente de la segunda la llevamos en nuestro ADN porque es el “espíritu de la Transición”.
Que para adoptar en Madrid medidas temporales de salud pública, equivalentes a las que rigen en otras grandes ciudades con menor incidencia del virus, haya habido que pasar por el calvario y el bochorno de estas tres semanas de navajeo político, es el último síntoma de que vivimos en una España decumbente, aún no del todo postrada, pero ya recostada sobre el lecho de su impotencia y trabada por una frustrante conflictividad.
Por algo concluía Virgilio Zapatero su notable artículo, recordándonos que “las democracias ya no suelen terminar con un big bang… sino con leves quejidos que anuncian un lento y progresivo debilitamiento”.
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No podemos repetir ese vergonzoso espectáculo, en todo lo que atañe a la gestión de los fondos europeos porque si añadimos a nuestros problemas estructurales una fachada de rencillas, la UE terminará cogiéndonos la matrícula y racionándonos preventivamente ese último maná.
La oficina independiente para administrar los fondos que propuso Casado carece de viabilidad práctica. Sánchez se comprometió a estudiar la propuesta y, aunque su equipo haya realizado un informe de parte, las conclusiones son convincentes: ni por razones de plazos, ni por razones de operatividad, es ese el camino. Pero hay y deben implementarse otros.
Aunque el PP ni siquiera negocie los presupuestos, perdiendo así otra ocasión de ejercer el patriotismo en tiempos del cólera, Sánchez tiene que ofrecer a Casado un mecanismo de concertación sobre la aplicación de los fondos europeos, basado en la transparencia. Ese es el primer desafío de la Unidad de Seguimiento que está a punto de constituirse de forma anexa a la Oficina Económica de la Moncloa que dirige Manuel de la Rocha.
La tentación de utilizar el manantial que irá llegando de Bruselas con fines clientelares, impulsando un nuevo capitalismo de amiguetes, va a ser muy grande. Pero Sánchez y su equipo no sólo se juegan la duración de su gobierno, sino el futuro de este país y su propio lugar en la Historia. Conseguir la solidaridad europea fue su gran logro hasta la fecha. De la forma de emplearla depende que la España decumbente se levante y modernice o que yazca postrada para siempre por el lastre del más imperdonable de sus fracasos.
