Israel aprueba una ley para imponer la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos condenados por terrorismo

El Parlamento israelí aprobó este lunes, tras casi doce horas de debate, un proyecto de ley que convierte la pena de muerte en la condena por defecto para los palestinos declarados culpables de cometer actos de terrorismo que hayan causado víctimas mortales. Hasta 62 miembros de la Knéset apoyaron la propuesta, 48 votaron en contra y sólo uno se abstuvo.

La norma dispone la ejecución por ahorcamiento en un plazo de 90 días desde la sentencia, con posibilidad de aplazamiento pero sin derecho a clemencia, y la opción de imponer cadena perpetua en su lugar en "circunstancias especiales" que no concreta.

Es el castigo por "causar deliberadamente la muerte de una persona con la intención de poner fin a la existencia de Israel". De este modo, la redacción de la ley crea una distinción que la destina casi exclusivamente al terrorismo palestino, mientras que la carga ideológica de la prueba que fija hace prácticamente imposible su aplicación al terrorismo nacionalista judío, como subraya el diario Haaretz.

En la práctica, la ley consagra la pena capital sólo para los palestinos, porque excluye de manera explícita a los ciudadanos o residentes israelíes. Los israelíes son juzgados en tribunales civiles, y sólo los palestinos son juzgados en tribunales militares.

El arquitecto de la norma es el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir. Era una de las grandes promesas electorales del líder supremacista antiárabe, que en los días previos a la votación apareció en la Knéset con alfileres en forma de soga en la solapa de la chaqueta del traje.

"El Estado de Israel cambia hoy las reglas del juego: quien asesine a judíos no seguirá respirando ni disfrutando de condiciones en prisión", celebró. "Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos".

La medida salió adelante con los votos a favor de los partidos de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, y del propio Netanyahu, que consiguió suavizar la versión definitiva del proyecto de ley al incluir como alternativa la opción de cadena perpetua.

La norma también contó con el respaldo de cinco de los diputados del opositor Israel Beitenu. El líder de la formación nacionalista, Avigdor Lieberman, adelantó que su bancada solo apoyaría la medida si Netanyahu y el líder del ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, se presentaban en persona para votar a favor, cosa que hicieron en el tramo final del debate.

La ley no se aplicará con carácter retroactivo, por lo que no afectará a los milicianos de Hamás que participaron en los atentados del 7 de octubre de 2023. La Knéset está tramitando un proyecto de ley independiente con el fin de crear un tribunal específico para juzgarlos.

La comunidad internacional recibió alarmada los planes del Gobierno israelí. "La adopción de este texto podría poner en riesgo los compromisos de Israel en materia de principios democráticos", advirtieron los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, que denunciaron a través de un comunicado conjunto el carácter "de facto discriminatorio" hacia los palestinos.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas señaló, además, que el proyecto incluye "definiciones vagas y demasiado amplias de terrorismo", lo que significa que la pena de muerte podría aplicarse a "conductas que no son genuinamente terroristas" en su naturaleza.

De hecho, las autoridades israelíes utilizan la calificación de "terrorista" para referirse a palestinos que atacan a sus soldados —sólo por acciones como lanzar piedras— o a los colonos que residen ilegalmente en la Cisjordania ocupada.

Varias organizaciones israelíes de derechos humanos recurrirán ante el Tribunal Supremo, que podría anular la ley en caso de considerarla anticonstitucional. Harán lo propio algunos diputados de la oposición, como el izquierdista Gilad Kariv, que considera que la legislación "contradice los valores fundamentales del Estado de Israel como Estado judío y democrático".

Hasta ahora, Israel sólo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto nazi.

"La Knéset se dispone a legislar la muerte. No para cambiar la realidad, sino para declararla", denunció el abogado Itay Epshtain, quien recordó que, "durante décadas, los palestinos que viven en territorio ocupado han sido asesinados extrajudicialmente: sin juicio, sin sentencia, sin consecuencias. Eso, trágicamente, seguirá ocurriendo".

"Esta ley hace otra cosa: indica, de forma clara, que lo que se hace en los territorios ocupados podría acabar extendiéndose a los ciudadanos palestinos de Israel y a todos aquellos que disientan", anticipó.