El presidente Karol Nawrocki sostiene una bandera polaca en una marcha por las calles de Varsovia. Reuters
El presidente de Polonia exige al Constitucional la abolición del Partido Comunista por impulsar "prácticas totalitarias"
El ultraconservador Karol Nawrocki denuncia que el KPP asume "el uso de la violencia para obtener poder e influencia en la política estatal".
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El presidente de Polonia, el ultraconservador Karol Nawrocki, ha presentado este jueves una moción ante el Tribunal Constitucional para prohibir el Partido Comunista Polaco (KPP, por sus siglas en polaco), argumentando que los objetivos y actividades de la organización incluyen "prácticas totalitarias del comunismo" que replicarían el régimen socialista que gobernó el país entre 1945 y 1989.
El mandatario ha argumentado que tanto los objetivos como las actividades del KPP incluyen "métodos y prácticas totalitarias del comunismo" y "asumen el uso de la violencia para obtener poder e influencia en la política estatal", según el texto registrado, recogido por la cadena polaca TVP.
La moción de Nawrocki se apoya en la Ley de Partidos Políticos, que establece que si el Tribunal Constitucional determina que los objetivos o actividades de un partido político son incompatibles con la Constitución, dictará de inmediato una resolución para eliminarlo del registro, aunque por el momento ni la Justicia ni la formación se han pronunciado.
Con todo, no es el primer intento de ilegalización del partido, pese a que no cuenta con ningún representante electo ni en el Parlamento, ni en el Senado, ni en gobiernos locales ni en el Parlamento Europeo. En diciembre de 2020, la Fiscalía y el entonces ministro de Justicia del país, Zbigniew Ziobro, del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), solicitaron al Tribunal Constitucional que ilegalizase las actividades del KPP por, según él, incitar al totalitarismo en su carta de principios.
Ziobro reside actualmente en Hungría y está buscado por la Fiscalía polaca por un total de 26 cargos, incluido el liderazgo de una organización criminal organizada y la utilización de cerca de 150 millones de zlotys (35 millones de euros) para financiar el sistema de espionaje israelí Pegasus, colocando como objetivos a empresarios, políticos y periodistas opositores.
Por su parte, el KPP, y a la espera de su contestación a la moción de Nawrocki, respondió entonces alegando que "todo el argumento se basa únicamente en consideraciones históricas e intenta culpar al KPP actual de todos los errores del sistema anterior, que no era comunismo, sino un intento de introducir el socialismo, cuyo aspecto positivo fueron las reformas sociales".
Choque institucional
Nawrocki también anunció esta semana su veto al nombramiento de 46 nuevos jueces, una decisión que intensifica el enfrentamiento con el Gobierno de coalición liderado por Donald Tusk, mientras que ambos se acusan mutuamente de ir contra el orden constitucional del país.
Nawrocki, alineado con el partido ultra de la oposición Ley y Justicia, justificó su rechazo porque los nuevos magistrados "cuestionan el orden constitucional y legal de la República de Polonia" y apoyó su veto en el derecho que le otorga una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012.
El presidente polaco subrayó en un comunicado que tampoco concederá ascensos ni dará su aprobación en general a aquellos magistrados que "escuchan los malos consejos del ministro de Justicia, (Waldemar) Żurek, quien alienta a los jueces a cuestionar el orden constitucional y legal de la República".
Añadió finalmente que durante los cinco años que durará su mandato, asumido este verano, "ningún juez que cuestione las facultades constitucionales del presidente, de la Constitución polaca y del sistema legal polaco puede contar con una nominación".
La situación agudiza aún más la crisis judicial que atraviesa Polonia desde que en 2015 el anterior Gobierno del PiS implantó una reforma que politizó al Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) al supeditar el nombramiento, cese y gestión disciplinaria de los jueces al Ejecutivo.
El actual Gobierno de Tusk ha prometido "despolitizar" el KRS, dando a los jueces la potestad de nombrar a los miembros del consejo y fijando requisitos de experiencia, además de limitar el acceso de los magistrados nombrados bajo el anterior Gobierno al Tribunal Supremo.
El presidente Nawrocki se ha mostrado en contra de cualquier "purga o trato discriminatorio hacia los jueces" designados bajo la reforma de 2015 y ha advertido que usará su veto contra las leyes que cuestionen el estatus de estos magistrados.
El resultado es un choque institucional prolongado, con reformas del Ministerio de Justicia aprobadas por el Gobierno pero bloqueadas por el presidente, lo que mantiene abierta una profunda crisis del Estado de derecho en Polonia.
