Un hombre sostiene un cartel con la imagen del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, durante una manifestación. Reuters
Un fiscal de Turquía pide más de 2.000 años de cárcel para Ekrem Imamoglu, el principal rival político de Erdogan
La Justicia turca acusa al alcalde de Estambul de fraude, cohecho, soborno, blanqueo de capitales y manipulación de licitaciones, según el pliego de cargos, que acumula más de 3.700 folios. La oposición denuncia una persecución judicial en toda regla.
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Un fiscal de Turquía pidió este martes 2.352 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal adversario político del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Sí, han leído bien. Nada menos que 2.352 años de prisión por los 142 delitos que la Justicia turca le imputa. El equivalente a unas cuantas cadenas perpetuas.
İmamoğlu permanece recluido desde el pasado mes de marzo en la prisión de Marmara, a las afueras de Estambul, donde vive sometido a un severo régimen de aislamiento. Su detención provocó un escándalo nacional en Turquía. El país se vio sacudido por la mayor oleada de protestas callejeras desde 2013. Protestas que, sin embargo, no lograron revertir la situación.
El regidor de Estambul está acusado de fraude, cohecho, soborno, blanqueo de capitales y manipulación de licitaciones, según el pliego de cargos, que acumula más de 3.700 folios. Sigue enterrado bajo un alud de delitos que niega haber cometido. Tanto la oposición turca como las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian una persecución judicial con evidentes motivaciones políticas contra el alcalde de la ciudad más grande del país.
El procedimiento más reciente lo acusa de espionaje en el marco de la campaña que lo aupó a la Alcaldía de Estambul en 2019, previa repetición electoral. Pero la acusación penal más grave lo sitúa en el vértice de una organización criminal que conformaban otras 402 personas (de las cuales 105 están también detenidas), según el fiscal general de Estambul, Akin Gürlek.
Es el propio Gürlek quien describe la trama como un "pulpo" que hizo perder al Estado alrededor de 160.000 millones de liras turcas (unos 3.300 millones de euros) en los diez últimos años. El fiscal dice estar convencido de que İmamoğlu utilizó a la organización para "tomar el control" del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) y "generar fondos para su candidatura presidencial".
Los tribunales turcos procuraron, en cualquier caso, impedir que İmamoğlu pudiera postularse al cargo al invalidar en marzo su título universitario, un requisito indispensable para asumir la jefatura del Estado, según la ley electoral turca. El líder de su partido, Özgür Özel, denuncia "un caso flagrante de injerencia judicial en la política" que tiene como objetivo "mantener a nuestro candidato en prisión".
"Este acto de acusación tendrá consecuencias más amplias, además del hecho evidente de que busca eliminar a İmamoğlu de la política", vaticina la analista Arife Köse. "Probablemente se utilizará para abrir un caso que busque cerrar el principal partido de la oposición, el CHP. También es probable que se use para restringir aún más las actividades electorales —incluidas las financieras— de los partidos políticos".
