Putin ordena la expropiación masiva de empresas europeas en Rusia para financiar un año más la guerra de Ucrania

Desde el inicio de la guerra en 2022 se han confiscado empresas y activos por valor de más de 50.000 millones de euros, según el bufete de abogados ruso NSP, lo que equivale al 2 % del PIB del país. Algunos de estos activos pertenecían a empresas como la petrolera británica Shell, la energética alemana Uniper o la cervecera danesa Carlsberg. Otras, de dueños rusos, fueron nacionalizadas arbitrariamente.

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Venganza y protección

El presidente ruso, Vladímir Putin, disfrazó este proceso de ajusticiamiento por el “robo de propiedad pública” que tuvo lugar en los años noventa, según declaró el año pasado. El mandatario ruso se refiere al proceso de privatización masiva ocurrido tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero en el que él mismo participó cuando trabajaba en el Ayuntamiento de San Petersburgo, su ciudad natal.

El mandatario siempre estuvo enfrentado con los llamados “viejos oligarcas”, aquellos que ascendieron con el expresidente Borís Yeltsin y que desafiaron a Putin en diversas ocasiones. Como ocurrió con Mijaíl Jodorkovski, quien fue encarcelado, y Serguéi Pugachev, quien huyó de Rusia, y contra quienes todavía guarda recelo.

Otro pretexto es que las confiscaciones se realizan por seguridad nacional, aunque finalmente se nacionalizaron piscifactorías e incluso fábricas de macarrones. Una de las más sonadas fue la del aeropuerto moscovita de Domodédovo, valorado en más de 10.000 millones de euros, que esperan vender antes de fin de año a manos privadas. También le tocó a los gasoductos del Lejano Oriente, donde tenía activos Shell y ExxonMobil.

Respuesta a las sanciones

Esta semana, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la nacionalización de activos occidentales en Rusia es una respuesta a las sanciones. Según él, las expropiaciones “se tomaron en el contexto del clima hostil que se ha creado en torno a Rusia y otras acciones adversas en el ámbito económico”, por lo que “Rusia está tomando las medidas que considera necesarias para salvaguardar sus intereses”. De esta forma, estos activos le sirven para chantajear a la Unión Europea y a Estados Unidos ante nuevas sanciones y sobre la situación de los activos rusos congelados en el extranjero.

Pero, al mismo tiempo, esto asegura un límite a las confiscaciones y nuevas privatizaciones, ya que podrían dejar a Moscú sin un arma con la que negociar.

Por ello, las nacionalizaciones más indiscriminadas ocurren con el patrimonio de los rusos. Se han expropiado compañías de turismo, de logística, de construcción y hasta minas de oro de empresarios que han sido denunciados por corrupción. Esto tiene lugar en el contexto de otra oleada de juicios contra funcionarios públicos y militares por corrupción antes y durante la guerra.

En cambio, ello también ha lastrado el propio clima de inversión en el interior del país. El Banco Central ruso ya advirtió de que esto crea un entorno negativo para los inversores, y esta semana llegó a reconocer que el Estado vulnera los derechos de los accionistas con las nacionalizaciones. Concretamente, puso de ejemplo a la minera de oro Yuzhuralzoloto, valorada en 2.120 millones de euros, y aseguró que de este modo se socava el derecho a la propiedad privada en Rusia.

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Los nuevos propietarios

Realmente, no se trata tanto de una nacionalización como de una redistribución de activos por voluntad del Estado y los distintos grupos de influencia que presionan buscando su beneficio. La mayoría de los activos se han concentrado en manos de las mismas caras de siempre o de sus familiares, como el clan de Nikolái Pátrushev, exdirector del Servicio Federal de Seguridad, o los hermanos oligarcas y amigos personales de Putin, Arkadi y Borís Rotenberg. Así también se recompensa a los que permanecieron leales durante estos difíciles años para Rusia a causa de su fracaso inicial en la invasión de Ucrania.

Entre dichas empresas se encuentra la filial en Rusia de Danone, que esta semana pasó a llamarse Lógica Láctea. En 2023, la empresa, previamente nacionalizada, fue cedida al clan del líder checheno Ramzán Kadírov por decreto de Putin. Este año, los nuevos dueños anunciaron una inversión de 1.000 millones de euros para desarrollar su negocio en Rusia, donde ocupa una enorme cuota de mercado.
También se aprecia una concentración de activos dentro de otras empresas públicas.

Por decreto de Putin fue nacionalizada en 2024 una de las mayores empresas de transporte y logística, FESCO, que pasó a formar parte de la empresa estatal de energía nuclear Rosatom. Rosatom ha pasado a controlar cada vez más entidades, expandiendo su dominio ahora al transporte y responsabilizándose de parte de las importaciones paralelas, aquellas que evaden las sanciones internacionales.

En el reciente foro internacional de energía nuclear de Moscú, FESCO se jactaba públicamente de cómo sus productos llegan a Rusia desde cualquier parte del mundo. Como la mantequilla, por ejemplo, que parte de Nueva Zelanda y hace parada en el puerto de Algeciras antes de llegar a Rusia evadiendo sanciones.

Pero Rusia prevé todavía más privatizaciones, tal y como lo demuestra un reciente decreto firmado por Putin para la aceleración de estos procesos y los nuevos presupuestos que presentó el Ministerio de Finanzas para 2026.

“La prioridad estratégica es garantizar la financiación de las necesidades de la seguridad y la defensa del país”, afirma el documento, que también prevé aumentar las arcas públicas, vaciadas por la guerra de Ucrania, a través de la venta de empresas estatales. Rusia se prepara para otro año más de guerra mientras los inversores cuelgan un cartel de “peligro”.