La histórica victoria de los conservadores en Japón abre una nueva etapa política marcada por el rearme del país

Los electores japoneses han otorgado una victoria contundente al Partido Liberal Democrático conservador (PLD) de la primera ministra Sanae Takaichi en las elecciones a la Cámara Baja celebradas este domingo, consumando un giro político de gran calado.

El PLD y sus aliados han superado el umbral de los dos tercios de la Cámara, un hito central del sistema político japonés que refuerza de forma decisiva al Ejecutivo y amplía sustancialmente su margen de maniobra.

El resultado revierte los peores registros electorales del partido en su historia reciente y sitúa al PLD, bajo el liderazgo de Takaichi, ante su mejor desempeño desde 1955, cuando se consolidó el dominio del partido con una victoria histórica, dejando a la oposición en su posición más débil de las últimas décadas.

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Este respaldo tan mayoritario en las urnas consolida el proyecto político impulsado por Takaichi y refuerza de manera notable su capacidad para avanzar en una agenda largamente defendida por los sectores más nacionalistas del Partido Liberal Democrático.

Con una Cámara Baja claramente bajo control del bloque gobernante, el Ejecutivo gana margen para endurecer su política migratoria, acelerar el rearme militar, reabrir el debate sobre la revisión del artículo pacifista de la Constitución y adoptar una línea exterior más firme frente a China, incluso en un contexto en el que la coalición no dispone de mayoría propia en la Cámara Alta.

Nueva etapa política

La magnitud del resultado abre así una nueva etapa política en Japón, marcada por una mayor concentración de poder y por la redefinición de sus equilibrios internos y regionales.

En sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, Sanae Takaichi subrayó ante la cadena pública NHK que la convocatoria electoral tenía como objetivo explícito obtener un mandato claro para impulsar un giro profundo en las políticas económicas y fiscales del país.

La primera ministra reconoció que su Gobierno había planteado cambios de gran calado -incluido un aumento significativo del gasto público y la elaboración de un presupuesto suplementario récord- y defendió que no podía avanzar en esa dirección sin consultar previamente a los contribuyentes.

"Cuando un gobierno modifica de forma sustancial sus políticas fundamentales, no puede hacerlo sin buscar la confianza de la ciudadanía", afirmó, insistiendo en que el respaldo obtenido en las urnas legitima ahora al Ejecutivo para "afrontar estas reformas con determinación", pese a la resistencia que han generado en amplios sectores políticos y sociales.

Takaichi situó en el centro del nuevo ciclo político el debate sobre la política fiscal y el encarecimiento del coste de la vida, con especial atención al impuesto sobre el consumo.

En declaraciones a NHK, recordó que una mayoría de fuerzas parlamentarias se muestran favorables a reducir esta tasa, incluida la suspensión temporal del IVA sobre los alimentos, una de las promesas clave del PLD durante la campaña, y defendió la necesidad de acelerar la discusión parlamentaria sobre esta cuestión.

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Al mismo tiempo, se mostró dispuesta a incorporar propuestas de la oposición para abaratar el precio de la gasolina y reducir otras cargas fiscales, asegurando que su Gobierno actuará con "flexibilidad" en la aplicación de políticas de contención de precios.

En el plano político, la primera ministra abrió además la puerta a una mayor implicación del Partido de la Innovación de Japón (Ishin) en el Ejecutivo, destacando su papel en la campaña y anticipando un reparto más amplio de responsabilidades dentro de la coalición gobernante.

En el campo de la oposición, la derrota ha abierto una crisis inmediata de liderazgo y de proyecto. Los copresidentes de la Centrist Reform Alliance (CRA), Yoshihiko Noda y Tetsuo Saito, evitaron confirmar su continuidad tras unos resultados catastróficos para la formación.

En declaraciones a la cadena pública NHK, Noda admitió haber tomado una decisión sobre su futuro político, aunque aplazó cualquier anuncio hasta una reunión de la dirección del partido, asegurando que asumiría "con humildad" el veredicto de las urnas.

Saito, por su parte, defendió la necesidad de mantener viva la nueva fuerza centrista -creada apenas unos días antes del inicio de la campaña a partir de la fusión del Partido Democrático Constitucional (CDP) y Komeito- y anunció la apertura inminente de un proceso interno para redefinir el liderazgo.

El fracaso electoral de la CRA, que aspiraba a convertirse en la primera fuerza de la Cámara Baja, deja a la oposición fragmentada y sin una alternativa clara frente a un PLD reforzado como nunca antes.

Más allá del resultado inmediato, la magnitud de la victoria del PLD refleja tendencias de fondo de la política japonesa. La fragmentación persistente de la oposición, la dificultad para articular una alternativa creíble y una participación electoral estructuralmente baja han favorecido al bloque gobernante.

Votantes más nacionalistas y conservadores

En una sociedad envejecida y marcada por la incertidumbre económica y estratégica, el mensaje de estabilidad, orden y firmeza promovido por el Ejecutivo ha logrado imponerse frente a propuestas de cambio que no han conseguido conectar con un electorado cada vez más nacionalista, conservador y cauteloso.

Con esta nueva correlación de fuerzas, uno de los grandes objetivos de fondo del entorno de Sanae Takaichi -la reforma de la Constitución pacifista- vuelve a situarse en el centro del horizonte político.

No se trata de un movimiento inmediato, consciente de las resistencias sociales y de la falta de una mayoría cualificada estable en la Cámara Alta, sino de una estrategia gradual que se apoya en hechos ya consumados, como el aumento sostenido del gasto en defensa y la ampliación del papel de las Fuerzas de Autodefensa en el entorno regional.

En una primera fase, el Ejecutivo podría impulsar la creación de una Comisión de Reforma Constitucional en la Cámara Baja, liderada por el PLD y su socio menor del Partido de la Innovación de Japón (Ishin), fuerza más claramente favorable a la revisión del artículo 9.

Este órgano permitiría ordenar el debate, fijar una hoja de ruta y dotar de coherencia política a una evolución que, en la práctica, ya se está produciendo a través de incrementos presupuestarios, nuevas capacidades militares y una reinterpretación progresiva del marco constitucional vigente.

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Paralelamente, el Gobierno trataría de trasladar el debate a la Cámara Alta, donde la aritmética parlamentaria obliga a atraer a partidos pequeños y a sectores conservadores de la oposición.

El objetivo sería normalizar la revisión constitucional como una adaptación necesaria al nuevo entorno de seguridad, preparando el terreno para un eventual referéndum en 2027 o 2028.

En este proceso, el giro identitario impulsado por Takaichi -reforzado por el discurso de amenaza regional y por el aumento del presupuesto de defensa- actuaría como palanca para construir un clima social favorable que haga políticamente viable el cambio.

El incremento del gasto en defensa, que el Ejecutivo prevé consolidar en los próximos presupuestos, no solo responde a consideraciones estratégicas, sino que actúa como elemento estructural del nuevo proyecto político. Así lo expresó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, al afirmar, a medida que se confirmaban los resultados electorales, que el Gobierno quiere avanzar "con rapidez" en el refuerzo de las capacidades defensivas del país, sin renunciar al diálogo con China.

Ampliar el papel estratégico del país

Esta combinación de firmeza militar y prudencia diplomática ilustra el enfoque del nuevo Ejecutivo: avanzar de facto en el rearme y en la ampliación del papel estratégico de Japón, desplazando el debate desde el "sí" al "cómo" y el "cuándo". En este marco, la reforma constitucional aparece menos como un salto cualitativo que como la culminación jurídica de una transformación ya en marcha.

En el terreno económico, el amplio respaldo electoral llega en un momento de claroscuros para la economía japonesa. Tras años de estancamiento y deflación, Japón ha experimentado un repunte del crecimiento y de la inflación, acompañado de subidas salariales moderadas impulsadas por la presión gubernamental sobre las grandes empresas.

El Ejecutivo presenta estos datos como una señal de salida del largo ciclo de bajo crecimiento, aunque el impacto real sigue siendo desigual y no ha compensado plenamente la pérdida de poder adquisitivo de amplias capas de la población.

La evolución económica ha puesto de relieve, sin embargo, profundas fracturas estructurales. El encarecimiento del coste de la vida, la precariedad laboral entre jóvenes y mujeres y la creciente brecha entre grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas alimentan un malestar social que la oposición no ha logrado capitalizar.

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En este contexto, el discurso identitario y de seguridad promovido por el Gobierno ha funcionado también como un elemento de desplazamiento del debate, relegando a un segundo plano las demandas sociales vinculadas a redistribución, protección social y reforma del mercado laboral.

A medio plazo, el principal desafío económico para el Gobierno será compatibilizar el aumento del gasto en defensa y seguridad con una deuda pública que supera el 260% del PIB, la más alta de los países occidentales.

Aunque el Ejecutivo confía en el crecimiento y en una política fiscal flexible para absorber el impacto, economistas advierten de los límites de este enfoque en un país marcado por el envejecimiento demográfico y la presión sobre el sistema de bienestar.

La solidez de la mayoría parlamentaria ofrece margen político para tomar decisiones impopulares, pero también traslada al Gobierno la responsabilidad exclusiva sobre sus consecuencias.

La migración punto de tensión

Uno de los puntos de mayor tensión entre la agenda económica y el discurso político del Gobierno es la cuestión migratoria. Japón necesita cada vez más mano de obra extranjera para sostener sectores clave como la industria manufacturera, la construcción, los cuidados y la hostelería, en un país que pierde población de forma acelerada y envejece a un ritmo sin precedentes.

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por endurecer el tono y los controles, presentando la inmigración como un fenómeno a gestionar de forma estricta y temporal, más que como una solución estructural a los desequilibrios del mercado laboral.

Esta ambigüedad se traduce en un modelo que prioriza la entrada de trabajadores extranjeros con derechos limitados, contratos vinculados al empleador y escasas opciones de arraigo permanente.

El sistema permite aliviar tensiones inmediatas en el mercado laboral sin alterar el equilibrio social ni el marco identitario defendido por el Gobierno, pero plantea dudas sobre su sostenibilidad a medio plazo.

Empresas y gobiernos locales advierten de que, sin una integración más estable, Japón corre el riesgo de encallar entre la necesidad económica y la resistencia política a asumir una sociedad más diversa.

En el plano internacional, la contundente victoria de la primera ministra refuerza una orientación que difícilmente será bien recibida en Pekín. El endurecimiento del discurso nacionalista, el aumento del gasto militar y la voluntad de revisar los límites impuestos a las Fuerzas de Autodefensa alimentan la percepción china de que Japón abandona definitivamente la contención estratégica de la posguerra.

A ello se suma una política económica orientada a reducir la dependencia de China en sectores críticos, desde los semiconductores hasta los minerales estratégicos, lo que refuerza la dinámica de desacoplamiento en Asia Oriental.

EEUU satisfecho con el resultado electoral

En contraste, el gobierno norteamericano observa el nuevo escenario japonés con una mezcla de pragmatismo y satisfacción. Un Japón más fuerte militarmente, alineado estratégicamente y dispuesto a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad regional encaja con los intereses estadounidenses en un Indo-Pacífico marcado por la rivalidad con China.

Para Estados Unidos, el giro de Tokio reduce costes, refuerza la arquitectura de alianzas y consolida a Japón como pilar central del equilibrio regional, incluso a costa de un aumento controlado de las tensiones con Pekín. Esa lectura estratégica se ha traducido de forma inmediata en el plano diplomático.

La reacción de Washington no se hizo esperar: el embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, felicitó públicamente a Takaichi por su “impresionante victoria” y subrayó su voluntad de profundizar la cooperación bilateral en el marco del relanzamiento de la alianza impulsado por el presidente Donald Trump.

El mensaje confirma que el giro político de Tokio no solo es asumido, sino activamente respaldado por EEUU, que ve en el nuevo Ejecutivo japonés un socio dispuesto a reforzar la arquitectura de seguridad regional y a asumir un papel más visible frente a China.

Cierre del consenso pacifista-económico

Con la irrupción y consolidación de Sanae Takaichi en el poder, se consuma el cierre definitivo del consenso pacifista-económico de la posguerra japonesa. Japón da por amortizado el modelo pacifista-económico que marcó su trayectoria desde 1945: una combinación de renuncia militar, dependencia estratégica de Estados Unidos y prioridad casi exclusiva al crecimiento económico.

Durante décadas, ese modelo garantizó estabilidad y prosperidad, pero también limitó el margen de maniobra del país en un entorno internacional cada vez más hostil.

El nuevo rumbo no implica una ruptura abrupta con la posguerra, sino su reinterpretación: Japón sigue anclado en la alianza con Washington y en el orden liberal, pero ya no se define únicamente como potencia económica reacia al conflicto.

Con Takaichi, Tokio asume que su peso político, militar y económico debe reflejarse también en su proyección exterior. El Japón de perfil bajo queda atrás; el país entra en una fase en la que seguridad, economía y poder vuelven a entrelazarse, con consecuencias inciertas para Asia y para el equilibrio global.