Japón rompe el tabú nuclear y Alemania se rearma: las expotencias del Eje se preparan para el nuevo orden global

Aunque la declaración fue presentada como una opinión personal y descrita como “irrealista” a corto plazo, su alcance político ha sido inmediato: ha reabierto un debate tabú en el único país del mundo que ha sufrido ataques atómicos en tiempo de guerra.

Las palabras llegan en un momento de máxima tensión geopolítica en Asia oriental y coinciden con la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el Gobierno de Takaichi, una dirigente de perfil marcadamente duro en defensa y alineada con el eje estratégico de Washington.

De forma oficial, el Ejecutivo insiste en su adhesión a los tres principios no nucleares —no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas atómicas—, pero la ambigüedad del discurso, unida a las filtraciones desde el propio aparato gubernamental, ha disparado las alarmas políticas, sociales y diplomáticas dentro y fuera del país.

Este cuestionamiento del tabú nuclear no surge en el vacío. Forma parte de un giro estratégico mucho más amplio que está transformando la política de defensa japonesa. El Gobierno de Takaichi ha confirmado que Japón duplicará su presupuesto militar en los próximos años, con un fuerte énfasis en la adquisición de armamento ofensivo, el desarrollo de misiles de largo alcance y la inversión en tecnologías avanzadas como la ciberdefensa y la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar.

Este salto cuantitativo y cualitativo rompe con décadas de contención autoimpuesta y consolida a Japón como uno de los principales actores militares de Asia-Pacífico, en un contexto marcado por la rivalidad con China y la creciente imprevisibilidad regional.

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El debate golpea el nervio más sensible de la historia contemporánea japonesa: Hiroshima y Nagasaki no solo causaron más de 200.000 muertos sino que marcaron a generaciones enteras con la radiación, el estigma social y un trauma que aún define la identidad política del país.

De aquella devastación surgió, tras la derrota de 1945, un consenso casi sagrado contra las armas nucleares, inseparable de la Constitución pacifista de 1947 y de la voluntad explícita de Japón de reconstruirse como potencia civil, no militar.

Ese consenso se convirtió en doctrina de Estado en 1967, cuando el entonces primer ministro Eisaku Satō proclamó ante el Parlamento los Tres Principios No Nucleares: no poseer, no producir y no permitir la introducción de armamento atómico en territorio japonés.

La fórmula, que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1974, permitió a Japón navegar la Guerra Fría bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos sin cruzar líneas propias.

Hoy, sin embargo, ese equilibrio empieza a erosionarse. El refuerzo del arsenal chino, el desafío nuclear de Corea del Norte y la guerra de Rusia en Ucrania están siendo utilizados por sectores del poder en Tokio como argumento para erosionar un principio que durante décadas fue políticamente intocable.

Ya a mediados de noviembre, fuentes gubernamentales admitieron que Takaichi no tenía intención de revisar dos de los tres principios, consciente del enorme coste político y diplomático que ello implicaría. Sin embargo, esas mismas fuentes reconocieron que el Ejecutivo observa con creciente incomodidad el tercer principio: el que prohíbe la entrada de armamento nuclear en territorio japonés.

Según esta visión, mantenerlo de forma estricta podría dificultar las escalas en puertos japoneses de buques estadounidenses con capacidad nuclear y, en un escenario de crisis regional, debilitar la credibilidad de la disuasión que ofrece la alianza con Washington. El debate, por tanto, no gira tanto en torno a fabricar la bomba como a aceptar su presencia tácita en suelo japonés.

El problema para el Gobierno es que esa lógica estratégica choca frontalmente con una opinión pública mayoritariamente contraria a cualquier erosión del tabú nuclear. Una encuesta del diario Asahi Shimbun realizada este año muestra que cerca del 70% de los japoneses cree que el país debe mantener sin cambios los tres principios antinucleares: un 45% se declara firmemente a favor y otro 24% se inclina claramente por esa posición.

Incluso sondeos más favorables a la revisión reflejan una sociedad profundamente dividida, con una mayoría todavía reacia a cruzar una línea que muchos consideran moral antes que militar. En Japón, la legitimidad de la política de seguridad no se mide solo en términos de disuasión militar, sino de memoria histórica y responsabilidad moral.

No es la primera vez que este tabú se pone a prueba, y el precedente pesa: en 1999, el entonces viceministro parlamentario de Defensa, Shingo Nishimura, fue destituido fulminantemente tras sugerir que Japón debería plantearse dotarse de armas nucleares. Aquel episodio marcó durante años los límites de lo decible dentro del poder político.

Que hoy un asesor cercano a la primera ministra pueda verbalizar una idea similar sin consecuencias inmediatas refleja hasta qué punto el clima ha cambiado. Pero también explica la virulencia de la reacción: para una parte sustancial del país, no se trata de un simple ajuste estratégico, sino de una ruptura con el Japón de posguerra y con la promesa —nunca escrita, pero profundamente interiorizada— de que Hiroshima y Nagasaki no volverían a repetirse, ni siquiera bajo el pretexto de la seguridad.

Este enfoque ha provocado una reacción frontal de los supervivientes de los bombardeos atómicos, agrupados en Nihon Hidankyo, recientemente galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2024.

En un comunicado, el colectivo “protestó enérgicamente” contra cualquier intento de revisar una política que consideran el pilar moral del Japón de posguerra. Los hibakusha advierten de que permitir la entrada de armas nucleares convertiría al país en una base potencial de guerra nuclear y, al mismo tiempo, en un objetivo prioritario de ataque, dinamitando décadas de compromiso con el desarme y traicionando la memoria de Hiroshima y Nagasaki.

Las críticas han llegado también desde el corazón del sistema político. Dos ex primeros ministros han subrayado que los principios antinucleares no son una opción ideológica ni un gesto simbólico, sino una política de Estado. Fumio Kishida recordó que ese compromiso ha sido sostenido por gobiernos de distinto signo y forma parte de la credibilidad internacional de Japón.

Yoshihiko Noda fue más lejos: alertó del creciente malestar ciudadano ante el rumbo del gabinete de Takaichi y exigió respeto a un consenso nacional que, advirtió, no puede sacrificarse en el altar de cálculos estratégicos de corto plazo.

Más allá del debate técnico sobre disuasión, puertos y alianzas militares, lo que está en juego es la legitimidad moral del Japón contemporáneo.

El país que convirtió el “nunca más” nuclear en una seña de identidad se enfrenta hoy a la tentación de relativizar su propia historia. Para millones de japoneses, la cuestión no es solo cómo defenderse en un entorno cada vez más hostil, sino si la seguridad puede construirse al precio de vaciar de sentido la lección aprendida con la devastación absoluta sufrida hace poco más de 80 años.

Volodímir Zelenski y el canciller Friedrich Merz ofrecen una rueda de prensa conjunta en Berlín. Liesa Johannssen Reuters

El dilema japonés no es una excepción aislada, sino parte de una tendencia más amplia entre potencias marcadas por el trauma de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ofrece un precedente elocuente. Tras décadas de contención militar y cultura estratégica pacifista, Berlín declaró en 2022 una Zeitenwende —un cambio de era— que se tradujo en un rearme acelerado, un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para defensa y la aceptación explícita de un papel militar más activo en Europa.

Al igual que Japón, Alemania ha justificado este giro como una respuesta inevitable a un entorno de seguridad deteriorado. Pero también allí el debate ha reabierto viejas preguntas sobre memoria histórica, responsabilidad moral y los límites del poder militar en sociedades construidas sobre el “nunca más”.

Japón y Alemania, antiguos derrotados y pilares del orden liberal de posguerra, se enfrentan hoy a la misma paradoja: cómo adaptarse a un mundo cada vez más militarizado sin traicionar los principios que dieron legitimidad moral a su reconstrucción. En ambos casos, el riesgo no es solo estratégico, sino identitario.