Cámaras de videovigilancia chinas instaladas en Birmania. Reuters
El Gran Hermano chino se globaliza: así exporta Pekín su sistema de vigilancia digital a otros regímenes autoritarios
De Venezuela a Camboya, las grandes tecnológicas chinas despliegan cámaras, reconocimiento facial y control social digital para reforzar gobiernos autoritarios bajo la etiqueta de "ciudad segura".
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Desde que comenzó la pandemia, China no solo exporta mascarillas o vacunas. También está vendiendo una de sus marcas de identidad más inquietantes: el sistema de vigilancia masiva que ha perfeccionado dentro de sus fronteras.
Inspirado en el modelo de "puntuación social", el régimen de Xi Jinping ha impulsado desde 2020 una ofensiva silenciosa para instalar fuera de China su arquitectura de control ciudadano, con cámaras inteligentes, reconocimiento facial y bases de datos que perfilan a millones de personas.
El fenómeno, impulsado por empresas como Huawei, ZTE, Hikvision o CloudWalk, ha encontrado terreno fértil en países aliados o con derivas autoritarias: desde Venezuela hasta Camboya, pasando por Serbia, Uganda o Zimbabue.
Se trata de Gobiernos que comparten con Pekín el interés en domesticar a sus poblaciones bajo la promesa de seguridad y modernización.
En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro creó en 2017 el Carnet de la Patria, un sistema de identificación inspirado directamente en el modelo chino.
Con asistencia de ZTE, la tarjeta almacena información personal, redes familiares, historial médico y afiliación política.
Es obligatoria para acceder a alimentos, bonos y hasta vacunas. Según denuncias de exfuncionarios y ONG, se utiliza como herramienta de lealtad partidista: premia la obediencia, castiga la disidencia.
![Detección facial y geolocalización: cómo la tecnología pueden tumbar las protestas en China](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/12\/02\/mundo\/722938754_229225263_320x180.jpg"])
En Camboya, el primer ministro Hun Sen ha impulsado una red de cámaras de vigilancia en Phnom Penh con tecnología china.
En 2022, se aprobó un sistema nacional de reconocimiento facial y un "gran cortafuegos" para censurar internet, siguiendo el modelo de censura digital de China. Los sindicatos denuncian persecución digital y ausencia total de garantías.
En África, CloudWalk implantó un sistema de reconocimiento facial masivo en Zimbabue; Huawei ayudó a reprimir protestas opositoras en Uganda con sus cámaras de “ciudad segura”; y en Etiopía, la infraestructura de vigilancia sirve para interceptar a activistas.
En Europa, Serbia ha instalado más de 8.000 cámaras Huawei en Belgrado sin legislación alguna.
La presencia de estas tecnologías chinas en países con democracias debilitadas o en transición ha sido señalada por ONG como un factor de riesgo para el retroceso de libertades civiles.
La clave de esta expansión no está solo en la tecnología, sino en la estrategia política y comercial que la acompaña.
Pekín ofrece préstamos blandos, acuerdos de transferencia tecnológica, formación de personal local e incluso técnicos chinos desplazados a ministerios de seguridad.
El objetivo no es solo vender equipos, sino consolidar alianzas geopolíticas mediante la digitalización del control interno.
Según el analista Timothy R. Heath, de la RAND Corporation, en declaraciones a EL ESPAÑOL, China no exporta su ideología formal de “socialismo con características chinas”, pero sí exporta valores políticos autoritarios mediante la venta de tecnologías digitales.
“Estas herramientas permiten a los regímenes iliberales suprimir la oposición, fortalecer su autoridad y vigilar a disidentes con eficiencia inédita”, advierte.
Tecnología de reconocimiento facial china adquirida por Zimbabue. QUARTZ
Además, alerta del riesgo de que incluso democracias adopten estas tecnologías si caen en manos de líderes extremistas.
En su análisis, Heath destaca cómo las herramientas digitales chinas refuerzan los aparatos de seguridad doméstica sin necesidad de una presencia militar o política explícita.
Todo esto se enmarca dentro de la llamada Ruta de la Seda Digital, la vertiente tecnológica de la iniciativa global china.
Según estudios de Freedom House y el Carnegie Endowment, al menos 40 países han adquirido sistemas de vigilancia chinos desde 2020.
Muchos de ellos carecen de leyes de protección de datos o supervisión judicial independiente. En algunos casos, como en Zimbabue o Uganda, los contratos se firman con total opacidad, y los legisladores no tienen acceso a sus cláusulas.
Estas herramientas, en manos de gobiernos sin contrapesos democráticos, se convierten en un arma para vigilar a opositores, disuadir protestas y condicionar el acceso a derechos básicos.
La lógica del “crédito social” -donde el ciudadano es premiado o castigado según su conducta- se exporta sin necesidad de llamarlo así. En el caso venezolano, se ha llegado a restringir el acceso a gasolina y vacunas a quienes no poseen el carnet.
No obstante, Rogier Creemers, profesor de estudios chinos en la Universidad de Leiden, relativiza la idea de que China siga una estrategia coordinada para exportar su modelo digital: “Muy a menudo cometemos el error de ver estas exportaciones como parte de un plan maestro de Pekín".
"Pero muchas veces son simples operaciones comerciales, sin coordinación central. Lo que existe es una demanda: gobiernos autoritarios ven en la tecnología china una oportunidad para replicar el éxito de Pekín en el control social”, explica.
Sin embargo, alerta de que estas ventas crean una convergencia no planificada hacia formas similares de autoritarismo digital.
Adam Segal, director del Programa de Política Digital y Cibernética del Council on Foreign Relations, coincide en que la exportación tecnológica china se ha convertido en un instrumento de poder blando: “China vio los beneficios que EEUU obtuvo al liderar la globalización de internet y ahora busca lo mismo".
"Pero con un enfoque diferente: uno que promueve la cooperación bajo sus propios estándares y que evita hablar de libertades o derechos”, señala.
Advierte que los países se están alineando en “esferas digitales de influencia”, aunque muchos traten de moverse entre los dos bloques.
Según Segal, este movimiento implica que incluso países democráticos, al adoptar tecnología china, pueden estar reforzando modelos de gobernanza restrictivos sin darse cuenta.
A través de la Ruta de la Seda Digital, Pekín fortalece sus vínculos comerciales y construye un bloque político-tecnológico alternativo a Occidente, con sus propias normas y estándares.
En foros internacionales como la ONU o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las delegaciones chinas han promovido redefiniciones del concepto de "soberanía digital" que legitiman la censura estatal y el control absoluto sobre los datos ciudadanos.
Muchos de los países que han adoptado sistemas chinos de vigilancia votan en bloque con China para resistir estándares internacionales de privacidad y libertad de expresión.
Donde EEUU y la Unión Europea ofrecen cooperación regulada, China ofrece control. Para muchos gobiernos enfrentados a protestas sociales o crisis de legitimidad, esa es una propuesta irresistible.
Pekín defiende que cada país es libre de usar sus productos como quiera. Pero lo cierto es que las empresas tecnológicas chinas están vendiendo más que cámaras: venden una forma de gobernar.
Y en un número creciente de países, ese gobierno se parece cada vez más a un panóptico orwelliano con sello chino.
