La guerra en Birmania complica la llegada de ayuda exterior tras el terremoto: "El dinero se usará para actos terroristas"

El mayor movimiento sísmico registrado en Birmania en lo que va de siglo no hará sino agudizar la grave crisis humanitaria que sufre el país desde febrero de 2021. El líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, autor del golpe de Estado que desembocó en la guerra civil en curso, cifró ayer en 144 el número de muertos y en 737 el número de heridos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, que encontró su epicentro en la región de Sagaing, una zona rural en el corazón del país separada de la capital, Naipyidó, por más de 250 kilómetros de distancia.

Tendrán que pasar, sin embargo, varios días para conocer el alcance real en vidas humanas y en daños materiales que se ha cobrado el terremoto. Un terremoto de enorme violencia seguido de hasta cuatro réplicas que, además, tuvieron lugar a menos de 10 kilómetros de la superficie, motivo que explica las elevadas cotas de destrucción. Un análisis predictivo del Gobierno de Estados Unidos que toma como referencia la fuerza y la profundidad del seísmo estima que la cifra de muertos puede estar entre los 10.000 y los 100.000. Datos alarmantes.

El movimiento telúrico traspasó fronteras. El temblor se sintió con fuerza en Bangkok, capital de la vecina Tailandia, donde murieron, como mínimo, diez personas; en Hanói, capital de Vietnam; e incluso en la provincia china de Yunnan. Además de Sagaing, regiones birmanas como Mandalay —que acoge, homónima, la segunda ciudad más grande del país—, Magway, Bago y Shan sufrieron las consecuencias más devastadoras.

“Es probable que las principales zonas afectadas por el terremoto estén bajo el control del régimen [militar], a distancia de ataque de éste o bajo el control de las FDP [siglas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, el brazo militar del Gobierno de Unidad Nacional, el Gabinete civil en el exilio que quedó apartado del poder en el golpe de 2021], cuya capacidad de gobierno es limitada en comparación con las organizaciones étnicas armadas [el mosaico de milicias que combaten contra el Tatmadaw, nombre con el que se conoce a las Fuerzas Armadas]. Implicaciones tensas y complejas para la respuesta de ayuda”, subraya Morgan Michaels, analista especializado en el sudeste asiático en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

Las advertencias de Michaels nos recuerdan que, en cuatro años de conflicto, el Tatmadaw ha perdido el control de la mayor parte del territorio a manos de ese mosaico de grupos armados y milicias étnicas que lo combaten o bien para recuperar el Gobierno civil, que representó en su día una figura de la talla de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, a quien la junta militar mantiene en régimen de aislamiento en Naipyidó, o bien para conquistar mayor autonomía dentro del Estado birmano o para obtener la independencia.

La junta militar sigue en franco retroceso, pero conserva el poder gracias a la ayuda de actores extranjeros como la China de Xi Jinping o la Rusia de Vladímir Putin, su principal suministrador de armas. Su líder, Min Aung Hlaing, sobre quien pesa desde el pasado noviembre una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohinyá, no tardó en declarar el estado de emergencia en las seis provincias afectadas por el terremoto y en pedir ayuda exterior para afrontar la crisis.

A través de un discurso emitido en televisión, el general invitó ayer “a todas las organizaciones y naciones dispuestas a venir a ayudar a las personas necesitadas dentro de nuestro país”. “Vamos a estar ayudando”, respondió, entre otros líderes internacionales, Donald Trump, quien confirmó ayer mismo que su Administración eliminará todos los puestos de trabajo que quedan en USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuya ayuda en este tipo de catástrofes suele ser habitual. El presidente de Estados Unidos aseguró, no obstante, que se había puesto en contacto con las autoridades birmanas para coordinar los envíos de ayuda.

“Los recortes de Trump a USAID hacen que la respuesta al terremoto en Birmania sea mucho más difícil”, señala el analista indio Angshuman Choudhury. “Las repercusiones de los recortes de la ayuda estadounidense en los servicios humanitarios del país están empezando a notarse”, comparte Freeman. Birmania ya nota los recortes de USAID, de hecho. Desde enero, Estados Unidos ha reducido de dieciocho a tan sólo tres el número de programas de ayuda en el país. Además, siete hospitales que contaban con financiación estadounidense desplegados a lo largo de la frontera con Tailandia, se han visto obligados a cerrar.

Saw Htee Hser, quien se identifica a sí mismo como “periodista ciudadano en las zonas activas de la revolución birmana”, esto es, en las zonas donde operan los rebeldes, se muestra, en cambio, crítico con los futuros receptores de la ayuda exterior. “La junta birmana pide ayuda para el terremoto. Las organizaciones internacionales NO deben poner dinero ni material en manos de la junta: no llegará a quien pretendía, sino que se utilizará para sus actividades terroristas. Dirígete a las organizaciones locales”, escribe (sic) en redes sociales.

“La respuesta de la junta militar al ciclón Mocha [de mayo de 2023] y al tifón Yagi [de septiembre de 2024] demuestra su voluntad de instrumentalizar la ayuda en medio de los desastres naturales. El mundo debe colaborar con el Gobierno de Unidad Nacional, las organizaciones étnicas y los grupos de la sociedad civil para llegar a quienes lo necesitan desesperadamente”, añade, en este sentido, el citado Tom Andrew, relator especial de la ONU para Birmania.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado a las Fuerzas Armadas de Min Aung Hlaing de impedir la llegada de ayuda humanitaria a los territorios que controlan los rebeldes. Ayer, horas después del seísmo, Amnistía Internacional exigió a la junta birmana que permitiera “el acceso inmediato sin trabas a todas las organizaciones humanitarias y eliminar las barreras administrativas que retrasan la evaluación de las necesidades”. Antes del terremoto, más de 20 millones de personas sobrevivían en el país gracias a la llegada de ayuda humanitaria. La cifra puede dispararse en los próximos días.