Sor Leticia “Letty” Ugboaja con el hábito de su orden.

Sor Leticia “Letty” Ugboaja con el hábito de su orden.

EEUU

El caso de Sor Leticia subleva a Texas contra Trump: la monja a la que el ICE le quitó el rosario para esposarla camino de misa

Congresistas republicanos y demócratas intervinieron para liberar a la religiosa, que ejerce de enfermera y es muy apreciada por la comunidad.

Más información: La senadora de Idaho que pidió mano dura migratoria y hundió su negocio familiar: el 90% de los trabajadores son migrantes

Denver
Publicada
Las claves

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Una monja nigeriana, Leticia Ugboaja, fue detenida por agentes de inmigración en Texas cuando se dirigía a misa, generando indignación en la comunidad local.

La detención ocurrió tras la eliminación de restricciones que protegían lugares sensibles como iglesias y hospitales de operativos migratorios bajo la administración Trump.

Líderes católicos y políticos de ambos partidos intervinieron para exigir la liberación de la religiosa, que fue puesta en libertad esa misma noche sin explicación oficial.

El incidente ha reavivado el debate sobre la política migratoria en el sur de Texas y el apoyo de la comunidad latina a los republicanos, mostrando grietas en la coalición conservadora.

Donald Trump suele invocar a Dios, la ley y el orden en el mismo discurso. Pero su ofensiva migratoria acaba de dejar una imagen difícil de encajar en ese relato: una monja detenida, rosario en mano, cuando caminaba hacia misa en una ciudad fronteriza de Texas.

No encajaba en el retrato del criminal violento ni de la amenaza para la seguridad nacional. Era una religiosa, enfermera y vecina conocida en una comunidad latina que había escuchado a Trump cuando prometía mano dura, pero no una política sin matices.

Del rosario al centro de detención

A Leticia "Letty" Ugboaja, la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores no la conoce por un expediente migratorio, sino por su nombre. En la parroquia de McAllen colabora dando la comunión a los fieles. En los hospitales del sur de Texas trabaja como enfermera registrada, después de haber pasado una década como auxiliar sanitaria en la zona.

Tiene 56 años, una vida hecha en torno al cuidado y una rutina de domingo que no parecía destinada a terminar en un centro de detención. Una mañana, sin embargo, no llegó al templo. Los agentes de inmigración la interceptaron en la calle, le retiraron el rosario y la llevaron esposada al centro El Valle, en Raymondville, a más de una hora de distancia.

Ugboaja, de origen nigeriano, pertenece a la congregación Hijas de María Madre de la Misericordia y la diócesis a la que pertenece ha insistido en que entró legalmente en Estados Unidos. ICE, mientras tanto, ha guardado silencio sobre lo esencial: por qué.

En pocas horas, la noticia llegó a líderes católicos, cargos locales y congresistas. El demócrata Henry Cuellar y la republicana Monica De La Cruz, ambos representantes de una región donde la inmigración atraviesa la política, la economía y la vida familiar, intervinieron para pedir su liberación.

De La Cruz lo resumió con una frase difícil de discutir dentro y fuera del Partido Republicano: una monja católica camino de la iglesia no es una amenaza para nadie. La presión funcionó. Esa misma noche, Ugboaja salió del centro de detención entre lágrimas y abrazos. Una vez más, sin ninguna explicación.

Iglesias sin refugio

La detención de Ugboaja no aparece de la nada. Llega después de que la Administración Trump haya eliminado las antiguas restricciones que durante años habían limitado las operaciones migratorias en lugares considerados sensibles, como iglesias, colegios, hospitales o refugios.

No eran espacios intocables ni una garantía absoluta frente a la ley. Eran una barrera de prudencia. La lógica era sencilla: evitar que el miedo a una detención impidiera a una persona llevar a un niño a clase, acudir a urgencias o entrar en un templo.

Trump cambió esa doctrina nada más volver al poder por segunda vez. Su Gobierno ha defendido que los criminales no deben poder esconderse en lugares sagrados o educativos. Un argumento eficaz para su base: ninguna zona de impunidad, ningún refugio para quienes violan la ley, ninguna excepción sentimental. Pero trasladado a la vida cotidiana, puede convertirse en una trampa.

El congresista Lou Correa presenta el caso de Leticia Ugboaja ante el Comité de Seguridad Nacional.

El congresista Lou Correa presenta el caso de Leticia Ugboaja ante el Comité de Seguridad Nacional. REUTERS/Kylie Cooper

Para las iglesias católicas del sur de Texas, la cuestión es especialmente sensible. Durante años han sido puntos de asistencia, mediación y consuelo en una región marcada por la movilidad humana. Allí llegan migrantes, pero también feligreses de toda la vida, familias mixtas, trabajadores con estatus precarios, enfermos, niños y ancianos.

Convertir esos espacios en lugares donde puede aparecer ICE altera algo más profundo que una norma administrativa. Rompe la idea de que hay ámbitos mínimos de confianza donde la gente puede seguir viviendo sin sentirse perseguida.

Y en el Valle del Río Grande esa confianza pesa más que en otros lugares. La frontera no funciona solo como una línea política, sino como una red de parroquias, hospitales, familias, vecinos y organizaciones que se sostienen unas a otras.

No es la América individualista ante el Estado, sino una comunidad donde casi todo acaba pasando por alguien conocido: la enfermera que te atendió, la monja que da la comunión, la parroquia que reparte ayuda, el vecino que llama a un congresista.

La frontera que no quería esto

El Valle del Río Grande fue durante décadas uno de esos territorios que los demócratas daban casi por asegurados. Una región latina, fronteriza, católica y de clase trabajadora donde el Partido Republicano parecía condenado a pelear siempre desde atrás. Pero en 2024 el mapa cambió.

Trump logró avanzar en condados que durante generaciones habían votado demócrata y convirtió el sur de Texas en una prueba de algo más grande: que una parte del voto latino estaba dispuesta a escuchar a la derecha si hablaba de precios, empleo, seguridad y frontera.

Ese giro nunca fue tan simple como lo presentó Washington. No era una conversión ideológica completa ni un cheque en blanco para cualquier política migratoria. Era un voto más práctico que doctrinal. Muchos latinos del sur de Texas no pedían una frontera abierta. Pedían menos caos.

Pero esa demanda de orden convivía con algo que la política nacional suele borrar: familias mezcladas, parroquias muy presentes, vínculos a ambos lados del río Bravo y una vida comunitaria donde la inmigración no se discute desde lejos, sino en casa, en el trabajo, en la iglesia o en el hospital.

Para Monica De La Cruz, la congresista republicana que representa parte de esa frontera, este episodio ha sido especialmente delicado. Su carrera se apoya en una promesa difícil: demostrar que los latinos del sur de Texas pueden votar republicano sin romper con su comunidad.

Por eso no puede limitarse a repetir el mensaje nacional de mano dura. En la Casa Blanca, alinearse con Trump casi siempre tiene premio dentro del partido. En McAllen, el cálculo es más estrecho. Si parece blanda, pierde autoridad ante la base republicana. Si parece indiferente, se aleja de los vecinos que hicieron posible el giro conservador.

El caso de la hermana tampoco llega sobre una coalición invulnerable. Entre los latinos de Texas, el apoyo a Trump ya muestra señales de desgaste: el coste de la vida pesa más que cualquier guerra cultural, dos tercios desaprueban su gestión y uno de cada cinco de quienes le votaron en 2024 dice que no volvería a hacerlo.

En ese contexto, cada operación migratoria mal explicada tiene un riesgo añadido. No solo moviliza a los críticos habituales. También obliga a los republicanos de frontera a responder ante votantes que compraron la promesa de control, pero no una política sin frenos.

La advertencia para Trump no está en una gran rebelión latina ni en un desplome inmediato. Está en algo más pequeño y más peligroso para una coalición recién construida: la duda.