Imágenes de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos atadas a barricadas. Reuters
Trump ordena la detención indefinida y sin fianza de millones de migrantes sin papeles en todo Estados Unidos
La nueva instrucción de ICE elimina el derecho a una audiencia de fianza para quienes cruzaron ilegalmente la frontera, incluso si llevan décadas en EEUU y tienen familia ciudadana.
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Una nueva instrucción interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha eliminado el derecho a una audiencia de fianza para millones de inmigrantes que se encuentran en EEUU de forma irregular.
Según un memorando fechado el 8 de julio y firmado por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, las personas que cruzaron ilegalmente la frontera deben permanecer detenidas “durante todo el proceso de expulsión”, que puede prolongarse durante meses o incluso años.
La medida, revelada por The Washington Post, representa un giro radical en la política migratoria de EEUU. Hasta ahora, muchos inmigrantes residentes en el interior del país podían solicitar una audiencia ante un juez para quedar en libertad bajo fianza mientras se resolvía su situación.
Pero la administración Trump ha reinterpretado la ley migratoria y decretado que quienes hayan ingresado sin autorización “no podrán ser liberados bajo custodia de ICE”, salvo en contadas excepciones decididas discrecionalmente por los agentes, no por los jueces.
Una política con alcance masivo
La disposición afecta potencialmente a millones de personas que han cruzado la frontera sur en las últimas décadas, incluidos muchos que llegaron durante la presidencia de Joe Biden.
Buena parte de ellos tienen hijos ciudadanos estadounidenses, trabajos estables y llevan años residiendo en el país.
Grupos de abogados de inmigración han advertido que desde la entrada en vigor del memorando, ya se están negando audiencias de fianza en más de una docena de cortes migratorias en estados como Nueva York, Virginia, Carolina del Norte, Oregón, Ohio y Georgia.
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“Es una forma de imponer la detención masiva sin revisar las circunstancias individuales”, denunció Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
El cambio coincide con un importante refuerzo presupuestario aprobado por el Congreso, que ha destinado 45.000 millones de dólares para duplicar la capacidad de detención migratoria de ICE, hasta alcanzar los 100.000 detenidos diarios.
Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a unas 56.000 personas mientras se acelera el operativo de expulsión masiva prometido por Trump: deportar a un millón de inmigrantes en su primer año de mandato.
Centros reabiertos y deportaciones exprés
Con el nuevo enfoque, el Gobierno ha reabierto centros de detención familiar clausurados bajo la administración Biden, ha habilitado instalaciones temporales como la situada en los Everglades de Florida, y ha comenzado a deportar migrantes con escaso aviso previo incluso a países en conflicto como Sudán del Sur.
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La medida se apoya en una cláusula de la ley migratoria que establece que los migrantes deben ser detenidos tras su arresto.
Sin embargo, esta disposición se había aplicado tradicionalmente a quienes acababan de cruzar la frontera, no a residentes de larga duración.
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Ahora, la administración pretende extenderla a todos los que hayan entrado ilegalmente, sin importar cuándo lo hicieron.
El cambio legal ya ha sido impugnado en los tribunales. En el estado de Washington, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste presentó una demanda en nombre de detenidos a quienes se les negó audiencia de fianza.
Uno de ellos, Ramón Rodríguez Vázquez, vivía en EEUU desde 2009, tenía diez nietos ciudadanos y ningún antecedente penal.
Un juez federal ordenó que se le concediera audiencia de fianza, pero otro magistrado se la negó, y Rodríguez finalmente regresó a México. Su caso no ha sentado precedente a nivel nacional.
Críticas legales y humanitarias
Expertos legales y exfuncionarios de ICE han cuestionado la legalidad y viabilidad del nuevo enfoque: “Algunos tribunales podrían considerar que esto vulnera el debido proceso”, señaló Paul Hunker, exjefe jurídico de ICE en Dallas.
El abogado Aaron Korthuis, que representa a varios detenidos, calificó la política como “abiertamente ilegal” y advirtió de que “busca llevar la detención al extremo”.
Los críticos también subrayan el impacto humano: al mantener a los migrantes en centros aislados, a menudo en zonas remotas o en condiciones precarias, se dificulta su acceso a defensa legal, el contacto con sus familias y la preparación de sus casos.
Mientras tanto, el Gobierno continúa intensificando las redadas, incluyendo a personas sin antecedentes penales, en una campaña de deportación sin precedentes que está redefiniendo el sistema migratorio estadounidense desde sus cimientos.
