La narcopolítica del 'plata o plomo': la violencia empaña una campaña clave para AMLO

El lunes 15 de febrero, en la madrugada, un comando de hombres armados asaltó una casa en Cosoleacaque, población del estado de Veracruz. No se llevaron nada. Solo entraron, encañonaron a Gladys Merlín y Carla Enríquez, madre e hija, y apretaron el gatillo. Lo particular del caso es que la primera había sido alcaldesa del pueblo y diputada local por el Partido de la Revolución Institucional y su hija se perfilaba como candidata a la presidencia municipal de este pequeño pueblo de 20.000 habitantes al sur del estado. Ambas descendían de Heliodoro Merlín Alor, un cacique local. Sus asesinatos no son casos aislados.

Este 6 de junio México vive sus elecciones intermedias. Está en juego el Congreso de la Unión, necesario para avanzar en cualquier proyecto político; 15 de 32 gobernaturas de estados, equivalentes a las comunidades autónomas españolas. También serán renovados 30 congresos locales, con unos mil diputados estatales, y más de 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. Son cerca de 20.000 cargos en juego.

Pero, sobre todo, está sobre el tablero la continuidad del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente desde 2018. Si gana el Congreso con mayoría amplia y obtiene la mayoría de los Congresos estatales, López Obrador podrá comenzar a reformar la Constitución y seguir con su cambio radical de régimen que quiere abolir de México todo lo que les suene a neoliberal. Hay que aclarar, para la cultura política española, que la Constitución mexicana ha sido reformada en un siglo más de 700 veces.

En este contexto, estas elecciones son además las que están confirmando una terrible costumbre de la cultura política mexicana: el asesinato de candidatos y políticos. Desde el 7 de septiembre de 2020, cuando comenzó el proceso electoral, hasta el 20 de marzo, el Indicador de Violencia Política en México elaborado por Etellekt Consultores lista un total de 238 agresiones contra políticos, de las que 61 han sido asesinatos.

De todos ellos, 18 aspiraban a puestos de elecciones y los estados que concentran más muertes son Veracruz (con siete) y Guerrero (con cuatro). Los analistas estiman que puede haber entre 30 y 60 candidatos asesinados más, lo que las pondría al mismo nivel de violencia que las elecciones de 2018, que con 48 aspirantes y candidatos son las más cruentas registradas.

“Este problema no es nuevo. La narco política tiene antecedentes desde el inicio de la Guerra Contra el Narco en 2006”, explica Erubiel Tirado, experto en temas de seguridad por la Universidad Iberoamericana, “desde entonces se ha transitado desde el dilema de ‘plata o plomo’ al ‘déjame una parte del Gobierno’”.

“Los criminales intervenían en la política, tanto municipal como estatal, diciendo que ellos decidían quien se iba a encargar de la seguridad pública o asesinaban, pero luego se dieron de cuenta que no era necesario hablar con los empresarios para ejecutar sus decisiones, sino que se podían hacer con la tienda y comenzar a manejar recursos de obra pública; de repente podían asignar contratos para lavar dinero”, argumenta.

“Al final se ve claramente desde 2018: se quiere influir en las candidaturas de los representantes de elección popular con un esquema de fuerza y coacción que acaba con víctimas mortales”.

Para los grupos criminales, además, los gobiernos municipales son una valiosísima fuente de información. ¿Quién es dueño de esa casa? ¿Quién tiene varios negocios? ¿Quién va a construir un edificio? Quién, en resumen, puede ser extorsionado, secuestrado o asaltado. También les sirve para controlar la policía municipal, como en el caso de los 43 desaparecidos de Iguala en 2014, que fueron secuestrados por agentes de la ley y entregados a un grupo criminal.

Tras casi dos décadas de supuesta guerra contra el crimen organizado, matar a candidatos se ha convertido en una dinámica esperada. Esto significa que el Estado mexicano ha reconocido, de facto, que no tiene capacidad para proteger ni a su clase política.

Todo en un contexto en el que, desde la presidencia del país, se ataca, polariza y crispa con cualquier persona que se atreva a cuestionar el proyecto político del presidente. El último ejemplo ha sido con la ONG Artículo 19, que tras años de dedicarse a proteger y evidenciar problemas con la libertad de prensa y el asesinato de periodistas en México, fue señalada por AMLO como “financiada por intereses extranjeros” y “parte del movimiento conservador”, el saco en el que mete a todos los que no están de acuerdo con sus ideas y proyectos.

Pax Narca

La Pax Narca es como se denomina al arreglo político que un gobernante, federal, estatal o municipal, hace con un cartel determinado para no atacarlo y solo concentrarse en las bandas rivales. Gracias a ello, el grupo favorito mantendrá la paz en la zona y bajarán los delitos de alto impacto.

“La diferencia entre 2018 y 2021 es justo el esquema de Pax Narca de López Obrador. Aunque ha dicho que van a proteger a los candidatos y van a mantener la paz en las elecciones, no han pasado de los pronunciamientos”, expone Erubiel Tirado, “no poder proteger a los candidatos es un escenario muy complejo donde se afecta toda la legitimidad del sistema electoral”.

López Obrador habló desde el principio de un esquema diferente al que habían llevado a cabo hasta ahora los anteriores gobernantes.

“Dijo que no iba a pelear, que tampoco iba a lanzar una guerra contra los grupos criminales, se le vio abrazando a la madre del narcotraficante Chapo Guzmán y luego dijo que iba a intentar trasladarlo de Estados Unidos a México, cuando uno de sus hijos fue detenido y sus sicarios aterrorizaron Culiacán, lo soltaron… Son elementos de una Pax Narca en la que simplemente no se ataca al crimen organizado”, dice.

Y se pregunta. “Y en este escenario electoral de la Pax Narca de AMLO en el que las organizaciones criminales hacen lo que quieren, ¿les conviene o no que López Obrador se consolide?”.