Lula, durante la reunión del Partido de los Trabajadores.

Lula, durante la reunión del Partido de los Trabajadores. Reuters

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El Partido de los Trabajadores insiste en la candidatura de Lula pese a su condena

El tribunal de segunda instancia ratificó este miércoles la condena del expresidente y pidió elevar su pena de 9 a 12 años.

Lula da Silva había avisado ayer que no se rendiría pese a la condena de prisión que el tribunal le ha impuesto por el macro caso de corrupción de Petrobras. "La provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a la presidencia", dijo tras conocer la decisión del tribunal. Este miércoles, el Partido de los Trabajadores (PT) le ha confirmado oficialmente como el candidato a las próximas elecciones presidenciales de octubre. 

El presidente del PT, Geisi Hoffman, ha anunciado su apoyo a la candidatura de Lula, en un mitin donde estuvo el expresidente. Lula ha aceptado el cometido pero ha insistido en que el partido tiene que seguir adelante con otra candidatura si al final su sentencia se confirma y acaba inhabilitado para el ejercicio político.

"Acepto la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores", afirmó Lula durante una reunión en Sao Paulo de la comisión ejecutiva nacional de esa formación, que aprobó por unanimidad su postulación para las elecciones de octubre próximo.

"Espero que la candidatura no dependa de Lula. Solo tiene sentido si ustedes son capaces de hacerla, aunque haya un hecho indeseado", declaró, en referencia a su posible inhabilitación y encarcelamiento.

Este miércoles, el tribunal de segunda instancia ha ratificado por unanimidad la pena a Lula da Silva. Y no sólo ha confirmado la sentencia del juez Sergio Moro, sino que sus tres magistrados han pedido elevar la pena de 9 a 12 años de cárcel.

La sentencia dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en 2013 en el seno de Petrobras, la petrolera estatal, dictó que Lula era culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. El caso hacia referencia a la compra y reforma de un piso triplex en el municipio de Guarujá, en São Paulo para la que Lula habría utilizado dinero desviado de Petrobras.

La decisión final sobre su inhabilitación corresponde a la Justicia Electoral de Brasil, pero según la ley Ficha Limpa, aprobada por el gobierno de Lula en 2010, un candidato condenado queda automáticamente inhabilitado para el ejercicio político durante ocho años. Por el momento, el tribunal ha anunciado, a través de un comunicado, que no va a emitir la orden de prisión hasta que el presidente agote los últimos recursos. Del mismo modo, su inhabilitación tampoco será inmediata.