Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. EFE

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El juicio de Odebrecht comienza en Panamá: todas las claves del caso que salpicó a la élite política de toda América Latina

La reapertura del caso reactiva el interés por una trama de corrupción que ha salpicado a gobiernos de toda índole ideológica, acusados de recibir sobornos a cambio de concesiones para la constructora más grande del continente

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El juicio por el caso Odebrecht en Panamá comienza este lunes en lo que supone un nuevo capítulo de la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano y uno de los más grandes del continente.

En su rama panameña, el caso involucra a 26 procesados por blanqueo, entre ellos dos expresidentes, varios exministros y empresarios que se beneficiaron presuntamaente de múltiples sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, la más importante en América del Sur.

Tras haber salpicado las instituciones políticas y judiciales de una decena de países, las repercusiones del caso llegan a Panamá como fruto de la investigación conjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los países implicados.

La empresa, que llegó a crear una Caja B para disimiular los pagos, sobornó a personas relevantes en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela con grandes repercusiones para la calidad democrática, la cooperación entre países y la investigación periodística.

En los últimos años, la empresa se ha visto obligada a acordar indemnizaciones para paliar los daños causados en una serie de países a cambio de que se le permita seguir concurriendo a concursos públicos.

En el caso de Panamá, este lunes están llamados al banquillo los expresidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus hijos Ricardo Alberto Martinelli y Luis Enrique Martinelli.

Sin embargo, ni los hijos del expresidente ni el propio Varela enfrentarán el proceso por su condición de diputados, ya que las leyes panameñas dictan que solo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la potestad para ello.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli ya cumplieron cárcel por esta trama en Estados Unidos tras confesar haber participado en "pagos de sobornos hechos por la dirección de Odebrecht" por un total de 28 millones de dólares, aludiendo "órdenes de su padre".

El expresidente Martinelli ya fue condenado en febrero del año pasado a más de 10 años de prisión por otro caso de blanqueo de capitales conocido como New Business.

En este momento, se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá tras solicitar el asilo, una situación que podría permitirle declarar a través de videoconferencia. La palabra final la tendrá la jueza.

La investigación por el caso se abrió en 2015 pero fue archivada. Se reabrió en 2017, después de que la empresa confesase en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países, y culminó en octubre de 2018.

Años después, el juicio fue pospuesto en varias ocasiones entre 2023 y 2024. A partir de este lunes, la trama panameña del caso comenzará a aclararse.

Las raíces del caso

En marzo de 2014, estallaba en Brasil un caso de lavado de dinero sin gran importancia aparente. Al tirar del hilo, los investigadores se encontraron con una red de sobornos a políticos y altos funcionarios de todo el continente en las que estaban implicadas grandes empresas, entre ellas la constructora Odebrecht.

En junio de 2015, la policía brasileña arrestaba a Marcelo Odebrecht y el mundo económico y político echaron a temblar por los secretos que podía guardar el presidente de la constructora.

Durante meses, se negó a cantar, pero las pruebas en su contra y la prohibición de que la empresa volviese a presentarse a concursos públicos le empujaron a hincar la rodilla ante la Fiscalía. Odebrecht aceptó dar detalles sobre los sobornos de su empresa a cambio de que le rebajasen la condena de prisión a diez años.

La empresa también hubo de pedir perdón públicamente y tuvo que pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada por corrupción: 3.500 millones de dólares repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

A cambio, la empresa dejó de estar proscrita y volvió a concursar a obras públicas. Pero una vez comenzó la investigación, las consecuencias dentro y fuera de Brasil fueron imposibles de detener.

El caso afectó sensiblemente al Partido de los Trabajadores (PT) del actual presidente Lula da Silva, en el poder entre 2003 y 2016. De hecho, el propio Lula fue procesado y condenado en 2017 por haber sido supuestamente sobornado.

Pasó 580 días en prisión, pero la Corte Suprema acabó anulando su condena por irregularidades en el proceso y se reconoció que la sentencia contra Lula fue un "error histórico".

El rostro de Lula era el más significativo, pero lo cierto es que la mayoría de los gobernadores del país fueron nombrados por los directivos de la empresa cuando fueron interrogados por la policía, así como varios expresidentes como Fernando Collor de Mello o José Sarney.

La prensa castigó especialmente al PT, un desgaste determinante para la caída de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y el ascenso al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.

De Brasil a otros nueve países

Lo sucedido en Brasil no era más que un laboratorio de pruebas para expandir el modus operandi hacia otros países.

La compañía creó un Departamento de Relaciones Estratégicas que no era más ni menos que un eufemismo para la Caja B con la que Odebrecht articulaba su trama de compra de voluntades a cambio de adjudicaciones millonarias por todo el continente.

El secreto de sumario impuesto a las confesiones de Odebrecht y sus directivos se levantó a mediados de abril de 2017, en una revelación bautizada como la Confesión del fin del mundo. La conclusión era clara: nunca había habido unas elecciones en Brasil sin una Caja B.

La declaración de Odebrecht puso a periodistas, fiscales y policías a investigar por todo el continente, y la ramificación del caso pronto alcanzó a una decena de países.

En Argentina, el caso salpicó al kirchnerismo. Durante los 13 años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder, la multinacional brasileña abonó unos 35 millones de dólares a intermediarios que le reportaron otros 278 en forma de contratos. El escándalo incluso salpicó al entorno del expresidente Mauricio Macri.

En Ecuador, se probó que funcionarios del Gobierno recibieron 33,5 millones en distintos pagos entre 2007 y 2016, mientras en República Dominicana, la factura asciende a 92 millones.

En el caso de México, la constructora reconoció haber pagado 10,5 millones par ganar contratos entre 2013 y 2014, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (PRI). 

A la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se destinaron 98 millones de dólares en coimas. Y los dos expresidentes de Panamá implicados recibieron hasta 59 millones de dólares de la compañía.

En Colombia la constructora habría financiado las campañas electorales del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y de su rival político, Óscar Iván Zuluaga, en 2014.

Las ramificaciones colombianas del caso se extienden incluso a la guerrilla de las FARC, a la que la compañía habría pagado durante dos décadas un impuesto revolucionario a cambio de tener garantizada la seguridad en el territorio mientras construía una autopista entre el centro del país y la costa del Caribe.

Pero si hay un país donde, a excepción de Brasil, más lejos ha llegado la Justicia es Perú, donde la empresa sobornó por un importe de 29 millones de dólares.

La trama de corrupción de Odebrecht salpica hasta a cuatro expresidentes peruanos: y Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Humala (2011-2016) y Pablo Kuczynski (2016-2018).

García se suicidó en 2019 nada más conocer que había una orden de detención en su contra, mientras que Toledo fue condenado a 20 años de prisión.

A la espera de que el juicio de Panamá reavive el interés por el caso Odebrecht, la macrocausa ha dejado una serie de heridas en la confianza de los latinoamericanos en las instituciones. 

Este caso de corrupción evidenció las debilidades de los sistemas políticos y judiciales de la región ante el poder de las grandes multinacionales, además de subrayar la importancia de la investigación periodística de los medios que ayudaron a destapar el caso, como The New York Times, The Guardian y O Globo.