Miembros del Ejército marroquí en una operación militar.

Miembros del Ejército marroquí en una operación militar. W.C.

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Marruecos ya admite el conflicto con el Polisario que calificó durante un año de “guerra fake”

Tras los últimos enfrentamientos con Argelia, el conflicto entre Marruecos y el Polisario se ha intensificado, y en Marruecos se reconoce que hay un “campo de batalla”

24 noviembre, 2021 06:03
Túnez

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Marruecos ya no puede ocultar la guerra con el Frente Polisario, que declaró su líder, Brahim Ghali, el 14 de noviembre de 2020, un día después de que las Fuerzas Armadas Reales (FAR) disolvieran una sentada pacífica de medio centenar de saharauis en el paso de Guerguerat y se rompiera el alto el fuego.

Mientras el Polisario ha publicado partes de guerra diarios desde el comienzo del enfrentamiento. Rabat se ha empeñado en negar esta contienda, con etiquetas como “guerra fake” o “guerra 2.0”. “A Marruecos le interesa silenciar la guerra porque saben que a nivel de inversión, credibilidad y turismo les golpea durísimo”, explica una fuente saharaui a EL ESPAÑOL.

Cuando en marzo falleció el jefe de la Gendarmería saharaui Addah Al-Bendir, gracias a la participación de un dron israelí en el ataque, Marruecos lo consideró como una respuesta a los hostigamientos del otro lado del muro. Sin embargo, una fuente marroquí declaró recientemente a AFP que las FAR habían tenido seis bajas mortales desde la ruptura del alto el fuego.

Igualmente, el 14 de noviembre, una fuente militar marroquí informó a este medio: “Las FAR destruyeron un 4x4 al sur del muro de separación, cerca del área de Glebat El Foula”.

De todos modos, la guerra oculta se hizo evidente tras el comunicado del ejecutivo argelino que acusó a las FAR de bombardear dos camiones y matar a tres civiles en la ruta de Mauritania a Argelia, cerca del muro de seguridad, el 1 de noviembre.

A partir de ese momento, las tensiones en la región se intensifican y se menciona por primera vez “zona de guerra” o “campo de batalla”. El digital cercano a los órganos de inteligencia Le360 publicó que es “una zona (Bir Lahlou o zona tapón) de uso con fines militares (…) utilizada exclusivamente por vehículos militares”. Además, comienzan las acusaciones cruzadas entre medios y redes.

La semana pasada, 11 civiles saharauis perdieron la vida en la zona de amortiguamiento por un dron marroquí, según denunció el Polisario. Los saharauis los consideran “un crimen de lesa humanidad”, mientras los marroquíes los acusan de “mercenarios” y de llevar a civiles a la zona.

“El Frente Polisario envía combatientes vestidos de civil a zonas militares cerca del muro de seguridad marroquí en el Sáhara, y saben que las FAR los bombardearán y liquidarán”, declaró a EL ESPAÑOL una fuente marroquí el 17 de noviembre. De esta manera, confirman la presencia de militares y bombardeos.

Un año después, Marruecos ha reforzado su presencia en Guerguerat con un puesto de control entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Mientras, “el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) se prepara para una escalada bélica y avisa a las empresas extranjeras de que deben abandonar la zona”, explica un activista desde el Sáhara Occidental.

La guerra a la sombra

Marruecos libra otra guerra, la diplomática. Ofrece inversiones a terceros países para que instalen sus consulados en Dajla o El Aaiún, ciudades del Sáhara Occidental. De esta manera, como destacó el rey Mohamed VI en su último discurso por la Marcha Verde, ya son “24 países -africanos y árabes- que tienen establecidos acuerdos y asociaciones, y para los cuales nuestras provincias del sur -Sáhara Occidental- son parte indivisible de nuestro territorio nacional”.

Al mismo tiempo, hay una labor de desacreditación y contaminación, al intentar relacionar al Frente Polisario con grupos terroristas. Es frecuente que los medios o expertos proclives al régimen marroquí establezcan alianzas entre Argelia e Irán en torno al Polisario, lo que inquieta en materia de seguridad en la región. Además, de crear una conexión entre el Polisario y los grupos armados y yihadistas que operan en el Sahel.

El 26 de octubre, denunciaron a EL ESPAÑOL la llegada de personal y equipos rusos al puerto de Argel. “A la inteligencia marroquí le llegó información de que vehículos Wagner van a atacar puntos estratégicos en el sur”. Sin embargo, según pudo saber EL ESPAÑOL, se encontraban en una escala e iban destinados a Mali.

Igualmente, el 4 de noviembre acusaron a Argelia de entregar coches y equipamiento militar al Frente Polisario.

La labor del ministerio de Asuntos Exteriores es incesante. El ministro Nasser Bourita se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, el lunes en Washington con la intención de que el gobierno de Joe Biden reconozca abiertamente la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara, como lo hizo su predecesor Donald Trump el 10 de diciembre de 2020.

Como el mismo Bliken confesó, han sido varias las reuniones que han mantenido a lo largo de este año. En todo caso, sigue pendiente el consulado estadounidense que Trump anunció para El Aaiún.

España contribuye con Marruecos


En pleno enfrentamiento entre marroquíes y saharauis, el gobierno español extraditó a Faysal El Belloul, considerado pro Polisario y enemigo del país vecino. Estaba buscado por “incitación pública a actos terroristas en Marruecos”. A su llegada pasó a disposición policial.

Además, Madrid ha reactivado la cooperación, y dota al país magrebí con material de seguridad y fronterizo, al entregar una parte de los 44 millones de euros que le concedió la Comisión Europea a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para invertir hasta el 17 de abril de 2022.

Por su parte, la sociedad pública española Navantia construye un patrullero de altura para la Marina Real marroquí por alrededor de 150 millones de euros.

Todo esto, a pesar de que este material está considerado tecnología de doble uso. Es decir, aunque parece material inocuo, en la práctica puede ser reacondicionado y ser utilizado para labores represivas. Algo que está prohibido exportar por la legislación española, sobre todo a países que mantienen un enfrentamiento.