Así es una sala de ejecución en la prisión estatal de Utah (EEUU).

Así es una sala de ejecución en la prisión estatal de Utah (EEUU). Trent Nelson-Salt Lake Tribune Reuters

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La pena de muerte en 2015 alcanzó su récord mundial en más de 25 años

El informe anual de Amnistía Internacional desvela un aumento "espectacular" de ejecuciones. China, Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos son los mayores ejecutores.

6 abril, 2016 10:24

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Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1989. 

Como en todos los informes anuales de esta ONG de defensa de los derechos humanos, la estadística no incluye a China, por la falta de acceso a información fidedigna en ese país a las ejecuciones llevadas a cabo, ya que se tratan como "secreto de Estado", denuncia Amnistía. Sólo en el gigante asiático, la organización calcula que "es probable que fueran ejecutadas miles de personas más.

“El aumento de las ejecuciones del año pasado es sumamente preocupante. Nunca, en los últimos 25 años, habían sido ejecutadas tantas personas por estados de todo el mundo", ha subrayado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Arabia Saudí, Irán y Pakistán ejecutaron a un número sin precedente de personas tras juicios flagrantemente injustos”, ha denunciado Shetty. Estos son los tres países a los que la organización achaca casi un 90% de todas las ejecuciones registradas y con ello el "espectacular" aumento documentado. China, Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos son -por este orden- los países que más emplean la pena de muerte en su sistema judicial, según el informe.

En el lado positivo, Amnistía Internacional asegura que “afortunadamente, los países que llevan a cabo ejecuciones constituyen una pequeña minoría cada vez más aislada". En 2015 cuatro países eliminaron "por completo" la pena de muerte: Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam. Además, Mongolia ha aprobado su abolición, aunque la nueva ley entrará en práctica este año.